¿Cuáles son los temas que tiene planificado tratar en la Cámara de Diputados?
Hay varios proyectos de ley para proponer y mi trabajo se va a dividir en cinco áreas fundamentales a abordar: policía, fiscalía, Código del Proceso Penal, cárceles y menores infractores. Yo creo que habría que sistematizar en esos grupos, es importante hacerlo porque cada uno de ellos tiene una necesidad de reformas diferente que hay que atacar por separado.
Luego hay un asunto desde el punto de vista filosófico que está centrado en tratar de convencer a los integrantes de la oposición –que muy probablemente van a conformar un gobierno de coalición- de que los formatos teóricos en el combate a la delincuencia han fracasado rotundamente en el Uruguay. Es decir, la estructuración de la policía, de la fiscalía y las normas legales que hoy se aplican, que tienen mucho de utópico o de bienintencionado en un plano muy teórico, han demostrado un fracaso rotundo.
¿A qué se debe ese fracaso?
Hoy la policía está detenida, la actuación policial está lejos de llegar a los estándares mínimos y la propia fiscalía ha dicho que se necesitan cinco veces más la cantidad de fiscales que hay actualmente para tratar todas las denuncias que llegan. Recientemente mantuve varias reuniones con colegas fiscales y, los que son objetivos y ven desde afuera este proceso, entienden que este código ha fracasado.
¿Cuán necesario es que haya un cambio de gobierno para mejorar la seguridad pública?
Es importante que haya un cambio de gobierno porque con el Frente Amplio (FA), en lo que hace a la seguridad, hemos llegado a un nivel casi de guerra de muertos y de rapiñados. Las estadísticas de homicidios y de rapiñas están mostrando niveles de delito que no se conocen en otras zonas de América Latina con excepción de Brasil, que llegó a ese estado de calamidad social, también producto del delito. Argentina tiene la mitad de homicidios que nosotros. Italia, que tiene más de 60 millones de habitantes, tiene una tasa de homicidios un poquito superior a la nuestra o a la par, pero Uruguay tiene tres millones de habitantes. El FA ha fracasado brutalmente en el tema de la seguridad. A eso se le suma la tasa de desempleo del 9% y un déficit fiscal de casi el 5%, un endeudamiento externo enorme y un descenso de los niveles de producción y exportación del país, más una ubicación de la tributación brutal. Es un cóctel explosivo y que tiene que provocar el cambio de gobierno.
¿Considera necesario hacer cambios en las leyes para combatir efectivamente el narcotráfico?
Estamos en un ensayo y error permanente en materia de normas legales. Hay una legislación que en determinadas circunstancias yo la califico de estúpida, es decir, el concepto de estúpido viene de aquel que ha perdido el control, que está estupidizado, que no tiene conciencia de lo que hace, y tenemos una legislación que está de esa manera. No es un tema de los jueces, sino de las leyes que les han creado a esos jueces.
¿Influye en esto la situación de sobrecarga que usted mencionaba que padecen los fiscales?
Efectivamente, los fiscales no dan abasto y por eso no pueden iniciar los procesos formales. Ese es el gran problema de este sistema, todo va por proceso abreviado porque el juicio oral y público es imposible de realizar por la falta de medios, entonces el fiscal se ve permanentemente constreñido a estar en una situación de déficit. En ese déficit permanente tiene que actuar con una legislación estúpida y entonces le da plazos muy breves y termina en situaciones como que el imputado queda libre porque la fiscalía no tuvo tiempo para poder iniciar el juicio oral. Los jueces aplican esas estupideces normativas que hemos creado y la gente se agarra la cabeza y dice: “no puede ser”. Es más de la estupidez normativa que se ha creado y que yo me propongo modificar, ese es mi objetivo fundamental.
Se han criticado también otros mecanismos, como la suspensión condicional del proceso.
La suspensión condicional del proceso implica largar para su casa sin antecedentes ni proceso a una persona que unas horas antes estuvo cometiendo un delito. Por ejemplo, alguien le vació la casa al vecino con dos camiones, es hurto agravado, pero se vuelve a su casa esa misma tarde y si cumple con ir a pintar la escuelita dos veces al mes, esa persona queda sin antecedentes y liberada ese mismo día. Mientras la legislación sea tan estúpida, vos no podés soñar con organizar un país donde la sanción esté presente en todas las áreas. A vos te sanciona la DGI, el BPS, sin embargo, en materia de delitos, donde vos dañás a conciencia a tu prójimo, el Estado lo único que hace es perdonarte. Eso se denomina estupidez.
¿Deberían hacerse modificaciones en el marco jurídico o establecer una cooperación regional para combatir el crimen organizado de manera eficaz?
Yo discrepo con muchos operadores que hablan de que se necesita mayor profesionalización, mayor estructuración de los organismos públicos (policía, fiscalía) y nivel operativo, porque lo que hoy tenés es un nivel operativo estupidizado, ciego, entonces, todas esas modificaciones que se plantean no las comparto, no porque sean malas, sino porque cuando estás en estos niveles de absurdo jurídico, no podés empezar a soñar con otro tipo de organización. Modificá lo que tenés que modificar, como las normas procesales absurdas, y el combate al crimen organizado va a venir solo en el marco de la aplicación de sanciones racionales que hoy no existen.
Bordaberry planteó un proyecto vital para combatir el crimen organizado, el delito de enriquecimiento injusto, pero no se lo llevaron, quedó archivado. Eso significa que si un tipo aparece con 15 millones de dólares, el Estado tiene derecho a preguntarle de dónde los sacó, y si el tipo no responde, el Estado tiene derecho a entender que hay un ilícito. Pero el proyecto no salió.
Hoy se habla muchas veces de profesionalizar a la policía, pero la policía está atada. Si vos tenés policías atados por una falta de protocolos operativos porque no pueden detener, interrogar, solicitar identificación, ¿qué se hace profesionalizando a un atado? Primero desatemos a la policía y no sigamos repitiendo esos sonsonetes de capacitarla, mejorarla, profesionalizarla, que son fórmulas vacías propias de aquellos que no saben qué hacer.
¿Qué implicaría “desatar” a la policía?
Hay que posibilitarles el uso de arma de fuego cuando hay una actitud sospechosa por parte de una persona que se resiste. Por supuesto que debe haber profesionalidad atrás de todo eso, pero lo primero es darle a la policía un marco para ello. Es decir, hay que modificar normas concretas de la Ley de Procedimiento Policial y del Código del Proceso Penal.
Volviendo a la pregunta, ¿sería conveniente recurrir a la cooperación internacional en el combate al crimen organizado?
Si tenés un Estado que está narcotizado o estupidizado, todos esos mecanismos de vinculación con otros países, de mayor cooperación, bienvenidos sean, pero no son la esencia. La esencia está en otro lado. Los temas concretos y urgentes tienen que ver con tornar la labor policial mucho más represiva y una imputación de penas en serio. Hay un alto nivel de estupidización de la justicia, no por culpa de los jueces y de los fiscales, sino por culpa de las leyes que se han sancionado y de un gobierno del FA que empezó su gestión largando 800 presos y la termina con un Código del Proceso Penal con el que los chorros entran por una puerta y salen por la otra, con todo tipo de beneficios. El FA no ha tenido el más mínimo tino y ha ideologizado la justicia, destrozando la seguridad en el Uruguay.
