La inhabilitación de Evo Morales, la pugna interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y el colapso económico alimentan una tormenta política sin precedentes.
A poco más de dos meses de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, Bolivia atraviesa una crisis política y social de gran magnitud. Pero a la polarización política y a la fragmentación partidaria hay que añadirle la crisis económica que alimentan la posibilidad de una tormenta perfecta.
La exclusión del expresidente Evo Morales de la contienda electoral ha desencadenado protestas y bloqueos liderados por cocaleros del Chapare, quienes exigen su participación bajo la consigna “Sin Evo no hay elecciones”. Estas manifestaciones se suman a otras protestas espontáneas contra la severa crisis económica que atraviesa el país y que agrava el malestar social.
Bolivia enfrenta una inflación del 15%, con alimentos aumentando un 24%, y una escasez de combustibles que ha llevado al gobierno a implementar “puentes aéreos” para abastecer de carne de res y pollo a las ciudades de La Paz y El Alto. La falta de divisas y la caída en las exportaciones de gas natural han debilitado la economía, generando preocupación entre empresarios, transportistas y comerciantes.
Antecedentes
Recordemos que la política boliviana había entrado en una fase de tensión desde noviembre de 2019, cuando Evo Morales en medio de protestas masivas por acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales abandonó Bolivia para exiliarse en Argentina.
Entonces, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió el mando como presidenta interina y junto a otros miembros del gobierno interino acusaron a Morales de sedición, terrorismo y violación legal. Un juez emitió una orden de arresto contra el exlíder, pero esa orden fue anulada, de forma que Morales anunció que regresaría a Bolivia si su partido socialista MAS ganaba las disputadas elecciones de 2020, lo que terminó sucediendo con el triunfo de Luis Arce. Sin embargo, Arce al tomar posesión del gobierno fue distanciándose paulatinamente de Evo Morales. Especialmente cuando este regresó a Bolivia y fue evidente que quería repostularse como candidato a la presidencia en las elecciones de este 2025.
Sin embargo, en el 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inhabilitó al expresidente Evo Morales para competir en las elecciones de 2025 al declarar inconstitucional la reelección indefinida y también la reelección no consecutiva. La decisión, que afectaba directamente a quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, aceleró un conflicto que ya venía gestándose en el seno del MAS.
En ese contexto, Evo Morales no tardó en responder, encuadrando el fallo como parte de una ofensiva interna orquestada por el gobierno de Luis Arce. Según el politólogo boliviano José Luis Exeni Rodríguez, para Morales la sentencia era la prueba de un “Plan Negro” ejecutado con complicidad de jueces “autoprorrogados” y actores de la derecha. Con ese mensaje, profundizó la lucha intestina entre “evistas” y “arcistas” por el control del partido más importante del país.
Desde el regreso del MAS al poder en 2020 con la victoria electoral de Arce, las diferencias entre el expresidente y su delfín se habían hecho evidentes. Morales buscaba mantenerse como el titiritero detrás del trono, pero Arce decidió gobernar sin ninguna clase de tutela.
El conflicto se mantuvo no solo en las acusaciones cruzadas –que van desde pactos con la derecha hasta vínculos con el narcotráfico–, sino también en el control del aparato estatal y del movimiento social. Morales mantenía cierto grado de hegemonía dentro del partido y un fuerte arraigo en el Chapare, donde dirige al MAS desde una postura bolivarianista radical. Mientras tanto, Arce intentó dividir las organizaciones sociales y demostrar fuerza, como en la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
A medida que se aproximaba el ciclo electoral de 2025, las tensiones se agravaron. La sentencia que inhabilitaba a Morales ha sido respaldada no solo por el arcismo, sino también por la oposición de derecha, lo que dejó al evismo en una posición de confrontación con todo el espectro político.
Mientras Arce administra un contexto económico menos favorable que el de sus años como ministro, Morales apela a su base social y al simbolismo de una lucha histórica. En 2024 el presidente Arce intentó agitar la escena política con la propuesta de una consulta ciudadana que abordara la continuidad de la subvención a los hidrocarburos, la redistribución de escaños parlamentarios y la reelección presidencial. Sin embargo, en apenas 24 días, la iniciativa naufragó por razones legales, técnicas y políticas.
El fallido referéndum dejó sin resolver los tres temas centrales que intentaba abordar. La distribución de escaños parlamentarios generó rechazo en Santa Cruz por no reflejar sus expectativas demográficas; la reelección presidencial sigue siendo un campo de batalla entre el oficialismo dividido; y la subvención a los combustibles continúa drenando recursos en una economía que ya no responde como antes.
De la bonanza al estancamiento económico en una década (2015–2025)
En el siglo XXI Bolivia ha experimentado una notable transformación económica, y a mediados de la década de 2010 el país gozaba de una bonanza económica impulsada por las exportaciones de gas natural y una política estatal activa. Sin embargo, en este momento de tensiones y dificultades, para este 2025 se augura que la economía boliviana enfrentará desafíos significativos que pondrán en juego su estabilidad futura.
Recordemos que entre 2015 y 2019, Bolivia mantuvo un crecimiento económico promedio del 4,5% anual, respaldado por altos precios de las materias primas y una fuerte inversión pública. Sin embargo, a partir de 2020, el crecimiento comenzó a desacelerarse, alcanzando un 3,6% en 2022 y cayendo al 2,5% en 2023. En 2024 el crecimiento fue muy modesto: 1,6%, y según las proyecciones para el 2025 será de 2,2%.
Durante varios años, Bolivia logró mantener una inflación baja, con tasas de 0,74% en 2021 y 1,75% en 2022. Sin embargo, en 2024, la inflación aumentó significativamente, alcanzando un 4,5%, y se espera que se mantenga en torno al 4% en 2025. Este repunte ha generado preocupaciones sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad de los precios.
Por otro lado, las reservas internacionales de Bolivia siguen disminuyendo. En 2014, las reservas superaban los 15.000 millones de dólares, pero para 2023 se redujeron a 1808 millones, y se proyecta que caigan a 1555 millones en 2025. Esta disminución limita la capacidad del país para enfrentar shocks externos y mantener la estabilidad cambiaria.
Además, el déficit fiscal ha sido una constante en la economía boliviana, promediando un 6.1% del PIB en la última década. La deuda pública también ha aumentado, pasando del 38% del PIB en 2014 al 83,6% en 2023, con proyecciones de alcanzar el 90,9% en 2026. Este incremento refleja una dependencia creciente del endeudamiento para financiar el gasto público.
En efecto, las exportaciones de gas natural, principal fuente de divisas para Bolivia, han disminuido significativamente, representando solo el 3,8% del PIB en 2023, frente al 6,7% en 2022. Simultáneamente, las importaciones han aumentado, ampliando el déficit de la cuenta corriente al 5% del PIB en 2023.
Consecuencias inmediatas de la inestabilidad
En este marco, el gobierno de Arce ha acusado a Morales de intentar un golpe de Estado, tras la difusión de un audio en el que supuestamente llama a extender las protestas a La Paz. Morales enfrenta múltiples causas judiciales y su candidatura ha sido desestimada judicialmente. La oposición, por su parte, se muestra fragmentada, con candidatos como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga compitiendo sin un liderazgo claro.
En los hechos, en la noche del viernes 6 de junio, la Policía Boliviana aprehendió al dirigente intercultural evista Enrique Mamani, que en días pasados había lanzado duras amenazas contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus familias.
Además, había advertido que, si no es inscrito el expresidente, iba a publicar la lista de familiares de los vocales. Hasta el momento no se tiene un reporte oficial de la captura de Mamani, pero se espera el informe en las próximas horas. Apenas conocida la aprehensión de Mamani, Nelson Cox, uno de los abogados de Morales, publicó en redes sociales: “Podrán detener dirigentes evistas, pero nunca lograrán intimidar ni asustar al pueblo movilizado. El bloqueo sigue”.
Por otro lado, seguidores de Evo Morales atacaron la misma noche del viernes una ambulancia que trasladaba a policías heridos en Vinto, Cochabamba, y procedieron a incendiarla.
La crisis política y económica ha generado una profunda desconfianza en las instituciones. Una encuesta de la consultora Cies Mori indica que un 94% de la población considera que “el país va en la dirección incorrecta”. La falta de consenso y la polarización creciente plantean un escenario incierto de cara a las elecciones, con el riesgo de una mayor inestabilidad si no se logra una solución política inclusiva y pacífica.
