La economista Sofía Harguindeguy prevé una ronda de Consejos de Salarios amplia y diversa, con negociaciones que podrían estar marcadas por tensiones por la desindexación, presiones sindicales por aumentos salariales y reclamos empresariales de segmentación. Entrevistada por La Mañana, explicó que es necesaria una mayor flexibilidad para contemplar las distintas realidades y advirtió que, sin crecimiento de la productividad, los incrementos de salarios pueden afectar el empleo y la competitividad.
¿Qué escenario de negociación se imagina con mayor probabilidad ante una nueva ronda de Consejos de Salarios?
En términos generales, se espera un escenario de negociación amplio y heterogéneo. En junio vencen más de 180 acuerdos sectoriales, lo que implicará una multiplicidad de mesas por rama de actividad. Cada una estará conformada por delegados del Poder Ejecutivo, representantes de trabajadores y empleadores. La diversidad de sectores con realidades económicas distintas y niveles de representatividad sindical variados anticipa negociaciones complejas, aunque orientadas a lograr acuerdos que mantengan la estabilidad macroeconómica y social.
Entre los posibles esquemas de ajuste en la próxima ronda, se considera como escenario base aquel que plantea aumentos alineados con la inflación (en el entorno del 4,5-5% anual), más un correctivo al final del período, lo que tendría un impacto moderado dependiendo del sector. Otro escenario contempla aumentos reales solo para los salarios más bajos, lo cual afectaría especialmente a empresas con alta dotación de personal operativo o de sectores intensivos en mano de obra no calificada.
Un escenario intermedio sería avanzar hacia una indexación parcial o selectiva, lo que implicaría un cambio en la lógica de ajuste y previsibilidad, requiriendo la revisión de escalas salariales y contratos.
En el otro extremo se encuentra el escenario de desindexación total, que implica la eliminación de los ajustes automáticos por inflación. Esta medida tendría un claro objetivo antiinflacionario, pero probablemente genere una mayor conflictividad laboral en su fase inicial.
Por otra parte, se espera que algunas ramas enfrenten la incorporación de nuevas cláusulas vinculadas a género o cuidados, lo que podría traducirse en ajustes de beneficios, licencias o en la organización interna. Estas disposiciones también podrían implicar costos laborales adicionales si los beneficios no estuvieran cubiertos por la seguridad social. Resulta clave considerar las expectativas de inflación y evaluar la posibilidad de aplicar aumentos “a cuenta”, es decir, otorgados en forma anticipada en base a estimaciones de inflación futura. Según la última Encuesta de Expectativas del Banco Central, la inflación proyectada es de 5,36% para 2025, 5,65% para 2026 y 5,5% para 2027. Estos valores orientan los ajustes salariales y permiten anticipar si los aumentos deberán ser corregidos según la inflación efectiva.
¿La propuesta de desindexación sería una medida posible en el contexto actual?
Es una opción plausible, aunque todavía no se conocen los lineamientos oficiales. El Ministerio de Economía (MEF) impulsa la desindexación como herramienta antiinflacionaria, mientras que el Ministerio de Trabajo (MTSS) muestra una postura más conservadora y favorable a mantener los mecanismos actuales. Los lineamientos podrían incluir alguna forma parcial de desindexación, como por ejemplo su aplicación en los salarios más altos, su implementación al final del convenio o su exclusión para determinadas ramas. Aún no hay definiciones, pero el contexto actual permite pensar en una solución intermedia.
Dado justamente el desacuerdo entre el MEF y el MTSS en torno a la desindexación, ¿cómo cree que podría impactar esa tensión en la negociación?
Ese conflicto es de naturaleza interna del Poder Ejecutivo y, por tanto, debería resolverse en la formulación de los lineamientos oficiales. No se espera que prolongue directamente las negociaciones en las mesas, aunque sí está generando incertidumbre entre los actores sociales sobre los criterios que regirán esta nueva ronda. La falta de claridad sobre si se avanzará o no en la desindexación, condiciona las expectativas y agrega incertidumbre.
Las cámaras empresariales reclaman ajustes diferenciados según tamaño, ubicación y rubro. ¿Considera que hay margen para que esto se refleje en los lineamientos del gobierno?
Sí, hay margen para la segmentación. Las cámaras empresariales destacan la heterogeneidad entre sectores y solicitan ajustes diferenciados para no comprometer la competitividad ni el empleo. Esta demanda abre espacio para que los lineamientos incluyan criterios específicos por tamaño de empresa o ubicación geográfica. Además, este enfoque podría contribuir a resolver el desacuerdo entre el MEF y el MTSS: una desindexación parcial que se aplique solo a determinadas categorías de empleo o segmentos empresariales podría ser una solución intermedia.
¿Cree que las empresas están en condiciones de absorber ajustes salariales sin afectar los precios o el empleo?
Depende. Algunas empresas podrían estar preparadas para absorber ajustes, pero muchas, especialmente aquellas con márgenes más estrechos, que son cada vez más en nuestro país, enfrentarán serias dificultades. En un contexto donde la productividad del trabajo no está creciendo, pensar en aumentos significativos del salario real necesariamente atenta contra el nivel de empleo y la competitividad. Esto vuelve indispensable que los lineamientos del gobierno contemplen los posibles riesgos: medidas compensatorias o incremento de precios.
¿Se espera una mayor conflictividad sindical durante la negociación?
Es un escenario posible. Podrían surgir conflictos laborales tales como paros o movilizaciones, especialmente en sectores con fuerte incidencia sindical. No obstante, este no es un desenlace deseado por ninguna de las partes. Tanto trabajadores como empleadores son conscientes del contexto económico y social, lo que podría favorecer la búsqueda de acuerdos que eviten escaladas conflictivas. La clave estará en las pautas del gobierno y en cómo se gestionen las expectativas.
¿Cuál es el papel del Pit-Cnt en este tema? ¿Hay espacio para un acuerdo entre los actores sociales con cláusulas más flexibles?
El Pit-Cnt desempeña un rol central. Su postura será buscar una recuperación del poder adquisitivo, se opondrá a la desindexación y promoverá aumentos diferenciales para salarios bajos –menores a $ 25.000 nominales–. Aunque su posicionamiento suele ser firme, podría haber espacio para acuerdos en áreas como cláusulas de género, cuidados y productividad, además de esquemas segmentados de ajuste. La pieza clave de cualquier entendimiento será lo que ocurra en términos de recuperación real para los trabajadores con los salarios más bajos. Si esa dimensión se reconoce explícitamente en los acuerdos, podría habilitar consensos en otros aspectos.
¿Ve oportunidades de realizar modificaciones al sistema?
Esta ronda de negociaciones puede representar una oportunidad para que se realicen ajustes que mejoren su estructura salarial y de beneficios.
Al mismo tiempo, es crucial que los acuerdos reconozcan la necesidad de mayor flexibilidad para representar adecuadamente la diversidad del tejido empresarial. Muchas pequeñas y medianas empresas no participan directamente en las rondas y enfrentan condiciones mucho más comprometidas. Que los lineamientos contemplen esta realidad es clave para lograr acuerdos sostenibles y más inclusivos, que no comprometan el empleo y la competitividad.
