Con muy ligeras variantes, reiteramos la columna que escribimos el año pasado, año de elecciones, pronunciando nuestra posición contraria con referencia a la creación de un Ministerio de Justicia.
Vemos hoy el cambio que se ha operado en el criterio de los partidos de la oposición y muy claramente en las filas del Partido Nacional, desde el que autorizadas voces están afirmando que hoy no están dadas las condiciones para la creación de esa nueva cartera, contrariando su anterior postura.
Decíamos entonces, y repetimos ahora, que en primer lugar la creación de otro Ministerio supone más presupuesto, más gastos y más carga impositiva.
Un impulso que ha cobrado vigor a iniciativa del Frente Amplio y que hubo encontrado apoyo en algunos sectores de los partidos Nacional y Colorado operando dócilmente como furgón de cola, para acompañar la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Si se considera que son quince Ministerios para un país más pequeño que la provincia de Buenos Aires, la que además alberga dentro de su territorio a dieciocho millones de seres humanos, nadie se ha puesto a pensar en la desproporción burocrática, cuando en la República Argentina el presidente Javier Milei los redujo a doce. Como en ocasión de su visita el presidente Gabriel Boric dijo, como al pasar, casi sin querer, al recordar que Chile tiene veinte millones de habitantes y nosotros tres y medio, lo que también sirve para ubicar nuestra situación.
Destacando que la innegable crisis que vive la Justicia Penal y que hoy se proyecta injustamente como un demérito sobre todo el Poder Judicial, nos impone una prioridad que está por encima de cualquier otra iniciativa.
El notorio fracaso del nuevo Código del Proceso Penal en su intento fallido de consagrar el proceso acusatorio está a la vista. No solamente no hay un proceso acusatorio con las características de brevedad, concentración, inmediatez e igualdad entre defensa y acusador, sino que lo único que se ha logrado es que la Justicia pase a ser administrada por los fiscales en detrimento de los jueces, lo que es una flagrante inconstitucionalidad.
A ello se le suman las menores garantías para el justiciable, pues en el juicio abreviado –que es la opción del 90% de los casos– no existe la presunción de inocencia y en la negociación cuasi mercantil entre el defensor y el fiscal, el juez no tiene arte ni parte y tiene prohibido intervenir en la prueba, tema medular de todo proceso penal. Como si fuera poco, se habilita a imponer medidas cautelares como la prisión sin la existencia de la semiplena prueba.
Por tanto, si Ud. quiere ver un proceso penal realmente acusatorio vaya al cine y verá una sala presidida por un magistrado de toga, que desde la altura de su estrado dirige el proceso con la presencia del imputado, oye al fiscal, escucha al defensor, dispone la declaración de los testigos, descalifica y prohíbe a las preguntas inconducentes, mantiene el rigor técnico y la dignidad del proceso y dicta sentencia o traslada la decisión al Jurado, cuando es el caso.
Por tanto, la reforma de fallido Código del Proceso Penal (Ley 19.293) y la supresión de las instrucciones consagradas para los fiscales por la Ley 19.483 son hoy la primera prioridad en esta materia y no lo es para nada la creación de otro ministerio que no va a abolir esas aberraciones.
Ahora bien, El Frente Amplio propone una creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por más de que ya existe un Instituto de DD. HH. Ya vemos por dónde va la cosa. Pero se ha anunciado el apoyo a esa iniciativa por un sector del Partido Colorado y también desde algún sector del Partido Nacional.
En el Partido Colorado, el Dr. Sanguinetti, que sigue siendo su voz más prestigiosa, nunca se pronunció, en su larga y exitosa vida pública, a favor de la creación del Ministerio de Justicia ni acusó esa necesidad en ninguna de sus dos presidencias. Hoy tampoco lo hace hoy.
Actualmente el dirigente colorado más importante, por la amplitud de su bancada en la Cámara de Diputados, es el Dr. Pedro Bordaberry, a quien no hemos visto hasta ahora embarcarse en el proyecto ni manifestarse a su favor, sino todo lo contrario. Tampoco ha sido un tema para la Convención Colorada.
Lo hace en cambio, el Dr. Andrés Ojeda con un claro entusiasmo por acompañar el proyecto frentista, sin condicionamientos, al menos hasta ahora. Por momentos con una urgencia proponiendo su aprobación, sin que ese apuro se justifique.
En el Partido Nacional, sin un pronunciamiento del Dr. Lacalle Pou, el excandidato Ing. Agr. Álvaro Delgado ha manifestado su interés en apoyar la creación del Ministerio de Justicia y DD.HH. En forma tibia ha sido acompañado por algún sector. Pero no ha existido un pronunciamiento concreto del Directorio.
No ignoramos la existencia de la problemática carcelaria, que se suma al drama penal convirtiendo a los establecimientos de reclusión en lo que se ha calificado por el penalista argentino Eugenio Zaffaroni como “depósitos de carne humana fracasada en su carrera por el delito impune”. El hacinamiento, la mezcla de primarios con reincidentes, la deshumanización, el ocio y las demás condiciones penosas de la reclusión hacen imposible cualquier posibilidad de resocialización o de “profilaxis del delito” como ingenuamente prescribe el texto constitucional.
Tampoco quitamos importancia a menesteres burocráticos referentes a trámites judiciales con el exterior que abruman las tareas de por sí complejas del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas más dudas nos merecen la reubicación de los defensores de oficio o el situar a los fiscales y/o todo el llamado Ministerio Público, bajo la égida de la nueva cartera proyectada.
Como toda esta problemática suscita la inquietud del nuevo gobierno y es legítimo buscar una solución, se ha manejado también la idea de crear un nuevo servicio descentralizado que abarque los temas que acabamos de mencionar, que podría configurar una salida más adecuada y menos costosa, sin la necesidad de crear otro Ministerio.
Cuando sabemos todos que la Justicia precisa recursos, corresponde aumentarlos para mantener su independencia y eficiencia mientras siga careciendo de autonomía presupuestal, en lugar de una mayor burocracia creando un nuevo Ministerio cuyas funciones pueden llegar a rozar cometidos, que no deben ni por asomo, estar sujetos o relacionados al Poder Ejecutivo.
No puede desconocerse que si se creara esa cartera el cargo lo ocuparía indefectiblemente un político del sector que haya elegido al presidente y de ahí la posibilidad cierta de influir sobre el Poder Judicial, hasta con la pequeñez de la designación o promoción de un magistrado, que luego espera el consabido favor de una caballeresca gratitud.
