El fallecimiento de cuatro reclusos del módulo 11 del ex-Comcar que ocurrió la semana pasada, motivó al sindicato que nuclea a los operadores penitenciarios a volver a solicitar la declaración de la emergencia carcelaria, por entender que esta tragedia refleja una crisis estructural. Para conocer más al respecto, La Mañana dialogó con el presidente de la organización, Jonatan Perdomo, quien reclamó por falta de personal e insumos, condiciones insalubres y ausencia de políticas de Estado.
¿Cuál es el análisis que hacen sobre el incendio sucedido recientemente en el ex-Comcar, que dejó como saldo cuatro reclusos fallecidos?
El análisis es que esto no es un hecho aislado, es algo que ya se viene repitiendo, que ya es tendencia, y la falta de personal hace que no podamos abordarlo como es debido. Llegamos tarde a la mayoría de las situaciones porque no tenemos apoyo del Estado ante la persona privada de libertad.
¿Se podía haber evitado esta tragedia?
Sí, toda tragedia se puede evitar, pero también entiendo a los compañeros que, al estar solos, intentan hacer lo que pueden con lo que tienen. Quien puede evitar que siga sucediendo es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pero no con lo que tiene hoy, sino con más presupuesto, con más inversión, con políticas de Estado. En definitiva, todo termina recayendo en el Parlamento, que debería tener la solución global para esta emergencia carcelaria. La última emergencia en materia de cárceles fue en 2010, cuando fallecieron 12 personas privadas de libertad. Después de eso se creó el INR, se hicieron algunas modificaciones, luego tuvimos una meseta y desde hace mucho tiempo estamos en caída. Y hay que dejar algo claro: por este sistema pasaron todos los gobiernos.
¿Cuáles son las principales carencias que padecen en la actualidad?
Uno de los principales reclamos son las condiciones laborales. No hay un cuidado al que cuida. Hay una oficina de salud ocupacional donde no se cumplen las normativas, porque tiene dos psicólogos, pero la ley dice que debe tener un técnico prevencionista, un enfermero, un administrativo, un lugar acorde para atender a las personas, y eso no se está cumpliendo.
¿El principal planteo es que deberían ingresar más funcionarios?
Ese es uno de los principales planteos. Por otra parte, necesitamos insumos. En algunas unidades penitenciarias no tenemos ni siquiera radiocomunicadores para poder comunicar lo que viene pasando minuto a minuto. Muchas veces los compañeros compran los insumos de limpieza para limpiar la guardia, se hace un esfuerzo por parte de los trabajadores para acondicionar los lugares, pero evidentemente no alcanza. Las instalaciones eléctricas en las unidades son precarias, el agua no tiene filtro, hay agua sucia. Estamos ante un montón de situaciones complejas que hacen que este sea un trabajo insalubre. El mejor reconocimiento que puede hacer el Estado hacia estos trabajadores que les ponen la cara a todas estas situaciones de violencia es que se declare insalubre. Nosotros enfrentamos situaciones de violencia, pero no contamos con seguro de vida, cuando otro escalafón dentro del Ministerio del Interior sí lo tiene. Por eso decimos que estamos en desigualdades con otros escalafones y entendemos que hay trabajadores clase A y trabajadores clase B. El operador penitenciario civil tampoco cuenta con transporte gratis y las unidades están bastante alejadas, y no puede hacer el 222, a diferencia de la Policía, y tampoco cobra una partida para tener exclusividad.
Señalaba que por el sistema han pasado todos los gobiernos. ¿Cuáles considera que han sido las principales fallas en la gestión del sistema penitenciario para que hoy se den estas situaciones con más frecuencia?
La primera falla es que no tenemos una política de Estado que trascienda los partidos para llevar adelante el sistema penitenciario. Por eso entendemos que los distintos partidos se deben sentar y conversar, ver los puntos de encuentro, las diferencias y llegar a consensos.
¿Qué cambios estructurales se necesitan con mayor urgencia en este escenario que describe?
El mayor cambio estructural que necesitamos es dejar de estar en la órbita del Ministerio del Interior, que se cree el Ministerio de Justicia, lo que nos va a generar un presupuesto propio e independencia a la hora de accionar.
¿Cómo afecta el problema del hacinamiento?
Afecta muchísimo. Nosotros hicimos un habeas corpus correctivo colectivo con el doctor Juan Raúl Williman (abogado del sindicato de operadores penitenciarios), con Bettiana Díaz (senadora frenteamplista), se armó un grupo de trabajo en el que está el comisionado parlamentario, el INR, el Ministerio del Interior, Fiscalía, los defensores de las personas privadas de libertad, y estamos trabajando para poder mejorar las situaciones emergentes. Evidentemente, no hemos podido generar una solución. Estuvimos en el módulo 11 y vimos algunas situaciones, por ejemplo, gente que hacía ocho meses que no tenía patio, el problema del hacinamiento y demás. Y eso también produce situaciones complejas para los trabajadores, porque si una persona está para 200, 300 o 400 internos, no puede trabajar en la rehabilitación. Se sigue utilizando el mismo sistema de la cárcel como penitencia y encierro.
¿Han tenido respuesta por parte de las nuevas autoridades ante estos reclamos?
En principio pedimos una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro. Aún no tuvimos novedades de cuándo nos va a recibir. También pedimos una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Estamos esperando respuestas, a ver si nos pueden atender para escuchar a los trabajadores sobre cuál es la realidad de lo que está pasando adentro de las cárceles. Asumieron con el mismo presupuesto que viene anteriormente, entonces recién podremos hacer un análisis a partir del año que viene, una vez que termine el presupuesto y veamos reflejado lo que votó el Parlamento y las herramientas que le dio al ministro del Interior para poder abordar estas situaciones. Este problema viene creciendo a lo largo de los años. Lo que se dice en todos lados es que hay 16000 personas privadas de libertad, pero no se tiene en cuenta que en realidad no son 16000, hay más de 10000 que están con medidas alternativas, o sea que el sistema en total tiene 26000 personas. Y para esas 10000 solo hay 16 técnicos a nivel metropolitano. Entonces, se habla de la desprisionalización, pero no de cómo lo van a hacer. Toda medida lleva presupuesto. Vamos a estar a la espera de ver qué es lo que se define y, si tenemos que dar la lucha, lo vamos a hacer.
En el comunicado divulgado tras la última tragedia, se preguntan: “¿Qué clase de Estado se construye cuando se normaliza la muerte tras los muros?”. En esa línea, ¿qué respuesta esperan de la sociedad ante esta situación?
Esperamos respuestas favorables y vamos a seguir trabajando para que no solamente quede en un discurso. En la última interpelación al exministro del Interior, Nicolás Martinelli, se pidió que se declarara la emergencia carcelaria y no se hizo, pero cuando fueron este año (las nuevas autoridades), la actual oposición pedía eso mismo, entonces nos preguntamos por qué no se sientan de una vez y la declaran.
¿A qué atribuyen que no se haya logrado?
A que lo usan como botín político. ¿Qué más queremos? ¿Seguiremos viendo muertos en el sistema penitenciario? Tenemos muy buen diálogo con el INR, con la directora Ana Juanche, que está haciendo un esfuerzo sobrenatural con los pocos recursos que tiene, pero el gobierno debe apoyar a sus directores más que nada en esta situación.
