Está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), donde aspira a mejorar los controles y el relacionamiento con los sujetos obligados. Desarrolló la mayor parte de su vida como juez, llegando a ejercer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, donde impulsó la profesionalización de la magistratura. Su familia de origen libanés y español, con arraigo rioplatense, le impulsó a estudiar y hacerse camino en la vida, apoyado en la ética del trabajo.
¿Cómo fueron sus primeros años?
Yo nací y viví en ese pequeño país modelo, allí es que están mis primeros recuerdos en Pocitos, porque mi vida está unida a ese barrio. Íbamos con mis hermanos a la escuela Brasil. Nunca tuvimos ningún problema de seguridad y ya un poco más grandes nos dejaban en los distintos cines y al terminar las matiné nos volvíamos caminando, comiendo alguna pizza en el camino. Se vivía con una tranquilidad importante. Recuerdo esa vida que ahora parece un poco bucólica del Uruguay de los años 50.
¿Sus padres eran profesionales?
No, para nada. Mi papá era hijo de un inmigrante libanés que había contraído matrimonio con una española en Buenos Aires, donde él nació. Ingresaron en 1918 a Uruguay e instalaron una tienda en la calle Agraciada, yendo a vivir al Paso Molino, una cosa muy tradicional en los inmigrantes libaneses, tanto la actividad comercial como ir a vivir a ese barrio.
Mi padre creo que terminó tercero de escuela y acabó siendo el dueño del comercio «Jorge Chediak automóviles» y le fue bien económicamente. Por otro lado, mi madre había hecho estudios de enfermera pero prácticamente no trabajó en ello.
En tanto, mi hermano y yo terminamos con educación universitaria, él como médico veterinario y yo en la facultad de Derecho. Hice toda la educación pública con el liceo Joaquín Suárez, el IAVA y la UdelaR. En lo que tuvo mucha influencia mi padre fue en hacernos hincapié, algo común en mi generación, en que lo único que nos iba a dejar era la educación. Teníamos que estudiar porque él no pudo y nos permitió a nosotros hacerlo.
¿Cómo recuerda su etapa de estudiante universitario, en un contexto político crispado?
Era un momento muy especial en la vida del Uruguay. En lo personal comencé con gran brío la carrera, con las mejores notas los primeros años. Soy orgulloso integrante de la generación de 1970 con dignísimos representantes como el Dr. Carlos Dellpiazzo y tantos otros.
Luego por supuesto vino el quiebre institucional y fue más complicado. Cuando veos mis notas parece que hubiéramos sido dos estudiantes porque la segunda época bajé los promedios. Ahora todos damos por sentado que lo que pasó podía pasar, pero hay que recordar que vivíamos en el Uruguay que seguía siendo la Suiza de América, como si estuviéramos a cubierto de las cosas que pasaban en la región y nos vimos sorprendidos. En lo personal me pegó muy fuerte.
«El control de constitucionalidad no es recibido con demasiado beneplácito por las otras dos ramas del gobierno y muchas veces se generan rispideces»
Luego empieza su carrera en la judicatura, recorriendo el país. ¿Qué dejó en usted esa experiencia?
Allí ya la vocación no era tan definida. Es muy curioso. Yo estaba ya muy enamorado de mi señora y quería tener una seguridad laboral. Además alguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la época había sido profesor mío y me ofreció el ingreso a la judicatura. Realmente sí descubrí esa vocación pero ya en el ejercicio de la misma.
También descubrí el interior de nuestro país. En aquel Uruguay lo que yo conocía era básicamente Montevideo durante el año y Punta del Este en el verano, en la época que las familias que podían hacerlo veraneaban tres meses allá. No conocía el interior de la República. Empecé a conocerlo en la carrera judicial, de lo cual soy muy agradecido, empezando en la ciudad de Juan Lacaze. Lo hice desde el escalón más bajo que en aquella época desempeñábamos los abogados con la figura del juez lego, del juez rural o de Paz de segunda categoría del interior.
Gracias a las mejoras que a través de los años se han ido teniendo en las retribuciones judiciales, que en aquellos años eran bajísimas, hemos logrado una vieja aspiración de los propios magistrados de profesionalizar la carrera.
¿Usted cree que esa itinerancia de los jueces en lo territorial y en sus competencias son un elemento importante en la formación del juez y para brindar un mejor servicio de justicia?
Por experiencia personal estoy absolutamente convencido de ello. La realidad indica que la aspiración de profesionalización sectorial que en algún momento se manejó, que en otros países federales con otra envergadura puede ser viable, en la realidad uruguaya es absolutamente inviable, no es compatible con el diseño de la carrera.
Ahora sí tenemos, después de tantas décadas, una especialización por materia en determinados departamentos, mientras que en aquella época éramos en el interior jueces letrados de todas las materias: civil, penal, aduanero, de menores, familia, etc. La única división que había eran los turnos, dividiendo el mes en tres. Esa enseñanza en lo personal fue extremadamente importante.
Sin duda que es buena la especialización pero en la mayoría de los departamentos por el volumen e importancia de casos no es viable especializar en exceso a los jueces. Creo que el balance siempre discutible que se ha logrado en Uruguay es bueno.
«Más que como un adversario y un inspector, que nos vean como a un socio que les ayude a cumplir debidamente las obligaciones internacionales que el país tiene»
Durante el ejercicio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿le quedó algo pendiente?
La lucha por las mejoras implica ir caminando hacia determinados objetivos que nunca se terminan alcanzando. En lo personal y por supuesto compartido con el órgano colegiado, se logró muchísimas cosas.
Se cambió una situación por la cual, por alguna razón, uno de los tres poderes del Estado era básicamente arrendatario, con un número importante de sus centenares de sedes con esa condición. El Judicial en tamaño es el segundo poder del Estado y si bien su asignación presupuestal está en el orden del 1%, parecido al Poder Legislativo, es tres veces más grande. Hay tres veces más jueces que legisladores y funcionarios, cubriendo además todo el país. Esto permitió mejorar la infraestructura y hacer rediseños funcionales de los edificios.
Ya antes se habían dado pasos muy importantes como por ejemplo la permuta de lo que era el antiguo edificio de la Onda por la Torre Ejecutiva que iba a ser el viejo Palacio de Justicia, entonces ahora tenemos el edificio de los Tribunales junto a otras oficinas que están cerca en la misma zona.
Y en cuanto a la parte jurisdiccional, ¿usted percibe que aumentaron las demandas de inconstitucionalidad o que el legislador en los últimos años ha descuidado estos aspectos?
Uruguay tiene históricamente un número bajo de leyes declaradas inconstitucionales. En general nunca se llega a dos dígitos en un periodo de gobierno. Estamos hablando de un país con una institucionalidad muy fuerte, arrastrada de aquel viejo país modelo que nos diferencia enormemente de la región. No en vano somos una de las veinte democracias plenas del mundo. Por ende nuestro sistema de contrapesos funciona razonablemente bien.
La verdad es que los números evidencian que en el segundo gobierno del Frente Amplio el número de inconstitucionalidades declaradas y sobre todo la importancia de las leyes que fueron declaradas como exorbitando el marco constitucional fue muy importante. Allí se llegó a un récord histórico.
El control de constitucionalidad no es recibido con demasiado beneplácito por las otras dos ramas del gobierno y muchas veces se generan rispideces. Esto determinó, no sé si en relación de causalidad o no, una postergación presupuestal muy importante del Poder Judicial. Incluso hubo alguna instancia presupuestal en donde el inciso 16, el del Poder Judicial, no estaba y se salteaba. Teníamos la frustración no ya que el Poder Ejecutivo no acompañara aquellos artículos que se enviaban en el proyecto con costo, sino ni siquiera los de costo cero. Fue un momento particularmente tenso de las relaciones del Poder Judicial con los otros dos poderes del Estado.
«Estamos haciendo un análisis muy detallado a los efectos de focalizar en un centenar de inspecciones a aquellos usuarios de zona franca con perfiles más riesgosos»
Usted mencionaba el destaque de Uruguay en el mundo. ¿Cuánto pesa la normativa internacional y la presencia de estos organismos en las decisiones de nuestros distintos poderes soberanos?
Siempre es una situación de tensión. No es lo mismo la situación de una Corte centenaria y extremadamente prestigiosa y sólida como la uruguaya, muy respetada internacionalmente, que la situación de la Secretaría Nacional Antilavado, que es un organismo nuevo que recién en agosto como tal va a cumplir cinco años y sometido al análisis, el escrutinio y la validación del Gafilat y el GAFI mismo, adecuando el país su normativa a las cuarenta recomendaciones y por supuesto recogiéndolas en su legislación.
Hablaba del prestigio que en años ganó la Suprema Corte de Justicia uruguaya, sin embargo ¿considera que en el tema del lavado de activos Uruguay carga con un estigma?
Por un lado hay más de cien años de trabajo acumulado y por otro aquí en este organismo muy nuevo que de alguna manera siempre está dando examen, con evaluaciones quinquenales como la que culminó en el año 2019 y con revisiones anuales. De la inspección 2019 salimos evaluados razonablemente y nuestra normativa quedó como adecuada, aunque tenemos deberes importantes que hacer con el aterrizaje y gestión de esa normativa y la supervisión de los sujetos obligados.
Estamos tratando de mejorar los controles pero sobre todo el relacionamiento con los sujetos obligados que en el caso de la Senaclaft son más de 12 mil, que son los que básicamente hacen el trabajo, cuando se habla del análisis de los riesgos, etc. Entre ellos están los escribanos, algunos abogados, contadores, inmobiliarias, casinos, usuarios de zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
Gran parte de nuestro trabajo está en facilitarle las cosas a los sujetos obligados y que vean más que como un adversario y un inspector, como a un socio que les ayude a cumplir debidamente las obligaciones internacionales que el país tiene en la lucha contra este flagelo como es el lavado de activos, que tiene delitos precedentes como el narcotráfico, la corrupción regional, la trata de personas, etc. Y si bien en Uruguay parece un poco teórico, gracias a Dios, también tenemos la obligación de tener un sistema aceitado para luchar contra el financiamiento del terrorismo.
¿Cuánto han impactado casos sonados con repercusión mediática como el del empresario y sindicalista argentino Balcedo o las investigaciones en torno al fondo Bolívar-Artigas con Venezuela que llegó al Parlamento?
Por supuesto cuando salen a la luz pública determinados casos excepcionales como los que usted señala también hay que redireccionar la actividad no solo de la Senaclaft sino que también me imagino que el Banco Central hace lo propio para controlar esas situaciones.
En el plan de trabajo que estamos diseñando para este quinquenio queremos sobre todo trabajar de la mejor manera posible, de la forma más pedagógica y amable, con los sujetos obligados. Nosotros estamos trabajando fuertemente en nuestra propia debida diligencia y análisis de riesgo en relación a los sujetos obligados. Siempre es traumático y molesto para aquellos una inspección física y por eso queremos focalizar esas inspecciones en aquellos profesionales o empresas que por el análisis de riesgo que hace nuestra propia oficina evidencien que están trabajando con operaciones que son más pasibles de tener riesgo de lavado de activo.
¿Por ejemplo?
Siempre hablamos de los escribanos pero tengamos como contexto la cifra. De los 12 mil y pico de sujetos obligados, más de 7 mil son escribanos. Estamos tratando de focalizar en todos los sectores el accionar de la Senaclaft, en aquellas empresas y profesionales concretos que por su volumen y otros índices justifiquen la inspección.
Eso es lo que vamos a hacer probablemente ahora en el mes de agosto con los usuarios de zonas francas, donde estamos haciendo un análisis muy detallado y acabado de los distintos elementos que conforman ese análisis de riesgo a los efectos de focalizar en un centenar de inspecciones a aquellos usuarios de zona franca con perfiles más riesgosos.
«La Senaclaft tiene una normativa que le permite un acceso importantísimo a prácticamente toda la información que estar en manos de cualquier organismo del Estado»
¿Le preocupa que se anuncie el posible ingreso de importantes capitales argentinos a nuestro sistema bancario?
Sin duda. Yo no diría que es una preocupación, es parte de nuestro trabajo. En el caso de los fondos que ingresan a través del sistema bancario cuentan con el Banco Central y una profusa normativa de contralor que es la primera valla de contención de capitales que puedan tener origen ilícito. Y por supuesto todo el análisis del riesgo que se hace tanto por las instituciones bancarias como por los sujetos obligados no financieros que controla la Senaclaft seguirá la evidencia empírica de cuán riesgosa esa es penetración de capitales.
Nosotros ponemos como prueba del nueve de esa situación de país no extremadamente vulnerable a la penetración de ese tipo de capitales que en los centenares de inspecciones que lleva realizada la secretaría anti lavado en estos últimos cinco años se ha terminado multando exclusivamente al 3% de los sujetos obligados. La multa económica es cuando se detectan apartamientos graves de la debida diligencia de la ley y el decreto reglamentario.
La realidad es que no hemos detectado una situación importante de lavado de activos en el Uruguay. Si vienen nuevos capitales, bienvenidos sean, se seguirán haciendo los controles. De tal forma, y esa es la línea divisoria, de no ahuyentar las inversiones legítimas, que necesita el país, y nos concentremos en evitar las particularmente riesgosas o sospechosas.
En cuanto al avance del crimen organizado y de redes regionales e internacionales de narcotráfico, ¿cómo se sigue desde su oficina esta situación?
Estamos tratando de mejorar nuestro sistema de inteligencia, como seguramente otros organismos vinculados a la seguridad pública. La Senaclaft tiene una normativa que le permite un acceso importantísimo a prácticamente toda la información que estar en manos de cualquier organismo del Estado. Manejamos un número importante de archivos, datos e información. El mes pasado hemos incorporado un técnico informático dedicado full time a los efectos de disponer de software adecuado para hacer mejor y más rápido el cruzamiento de datos, para precisar y hacer más científico el análisis de riesgos y prevenir situaciones.
Usted mencionó en una reciente entrevista en semanario Crónicas que ve «necesarias» las modificaciones a la ley antilavado que incorpora el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Cuál es su análisis?
Hubo un planteo legítimo por parte de los distintos colectivos de sujetos obligados, básicamente la Asociación de Escribanos y el Colegio de Contadores, pero es un reclamo unánime, en el sentido de la racionalización de los controles porque estos controles necesarios, que se seguirán haciendo, tienen costo en horas, cuando se tercerizan y es adicional para ellos que lo tienen que absorber. Así se les dificulta la debida diligencia y se han perdido operaciones lícitas por la complejidad de los controles.
La ética jurídica alternada con el hobby de coleccionista
Una de las principales aficiones de Chediak tiene que ver con ser coleccionista de autos a escala y de cómics e historietas. Desde luego su biblioteca jurídica también formó parte destacada de su hogar. Sin embargo, por un tema de espacio, decidió cederla a la Suprema Corte de Justicia. Chediak es docente de ética jurídica e introducción a la judicatura, en el Claeh y la UDE, respectivamente.
“Lo de los cómics es algo de toda la vida. Recuerdo que compré lo que era una historieta en aquella época de la editorial Novaro de México que era de Batman. Luego seguí con Superman y terminé siendo uno de los coleccionistas importantes de cómics del Uruguay porque no he cesado y conservé durante años”, relató.
“Lo que define el accionar de Superman y lo diferencia de otros tipos de superhéroes más atractivos y más modernos es que hay que hacer lo correcto con los medios correctos. Por esa razón le han llamado el “gran boy scout”, porque en un mundo complejo, con tantos claroscuros y grises como ahora, en una figura de luz que tiene clarísimo lo que es el bien y el mal, y los límites que no deben cruzarse. Ha tenido una publicación constante más o menos desde 1938. Se llevan más de mil números publicados constantemente”, reflexionó.
