Representantes del Congreso Nacional de Ediles, en nombre de los 589 ediles de los 19 departamentos, comparecieron ante la Comisión de Legislación del Senado para manifestar su postura sobre el proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias por sorteo o concurso.
Los ediles, provenientes de diversos partidos políticos, plantearon preocupaciones sobre la autonomía de los gobiernos departamentales y las implicancias prácticas de la norma propuesta. Coincidieron en la necesidad de resguardar la autonomía de los gobiernos departamentales y solicitaron al Senado “una reflexión profunda” sobre las consecuencias del proyecto, tanto en términos legales como en su impacto en la gestión y la atención a las necesidades ciudadanas en los distintos departamentos.
Un proyecto con críticas y antecedentes
El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, aunque desde el Partido Nacional han surgido severas críticas, ya que se considera que vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales y presenta vacíos frente a situaciones prácticas. La norma establece que los ascensos deben realizarse por concurso para los funcionarios presupuestados y el sorteo para el ingreso solo si está justificado por una necesidad específica. Además, prohíbe la designación de nuevos funcionarios en los 12 meses previos al fin del período de gobierno.
Esta iniciativa enfrenta cuestionamientos, principalmente por su impacto en la autonomía departamental. En 1990, la Ley 16.127, que regulaba la designación, ascensos e incentivos para funcionarios públicos, fue declarada inconstitucional en los artículos que afectaban a los gobiernos departamentales. En ese momento, la Intendencia de Montevideo, bajo el mandato de Tabaré Vázquez, junto con las intendencias de Paysandú y Río Negro, impugnaron la norma.
Críticas al proyecto: un “Sucive de funcionarios”
En la última sesión del Congreso de Intendentes, el tema del proyecto de ley fue tratado. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (reelecto para el cargo), dijo ante sus pares: “Esto es como el Sucive de los funcionarios”, comparando la iniciativa con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. También señaló que los artículos 61 y 62 de la Constitución establecen que “es materia específica de los gobiernos departamentales el ingreso de los funcionarios y la confección del Estatuto para sus funcionarios”. Propuso que los intendentes electos, que asumirán en julio, concurran a la Comisión del Senado que trata el tema.
En la sala estaban presentes la intendenta electa de San José, Ana Bentaberri, quien también defendió la autonomía departamental, y el intendente electo de Florida, Carlos Enciso, quien señaló que en su departamento ya existe un Estatuto del Funcionario Municipal que contempla el ingreso por concurso. Por su parte, el intendente electo de Colonia, Guillermo Rodríguez, expresó que “espera una discusión seria y una resolución clara al respecto”. El intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, informó que en la bancada del Frente Amplio del Senado “hubo un diálogo interno sobre el tema” y subrayó que se debe abordar “en profundidad” todo lo referente a los ingresos a las intendencias. En una nota enviada a la Comisión a comienzos de junio, el Congreso de Intendentes había indicado que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes necesitaba modificaciones.
En el Congreso de Intendentes se propusieron artículos para incluir en la ley, como la posibilidad de realizar “acciones afirmativas” que, además del sorteo o concurso, permitan ingresos para garantizar oportunidades a todos. También se planteó permitir designaciones directas sobre un porcentaje de los ingresos, un punto aún en discusión, con la aclaración de que estas cesarían al finalizar el período de gobierno. Otro aspecto es que se mantendrían los ingresos por becas para experiencia laboral.
La defensa de la autonomía departamental
Durante la comparecencia en la Comisión de Legislación del Senado, Alejandro Silvera, coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional, destacó la importancia de la autonomía de los gobiernos departamentales. “Nos preocupa expresar nuestra posición sobre la preservación de la autonomía de los gobiernos departamentales, conformados por intendentes y juntas departamentales. La Constitución, en su artículo 62, establece que los gobiernos departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios”, afirmó. Silvera citó antecedentes judiciales, señalando que “la Suprema Corte de Justicia se expidió en tres fundamentadas sentencias” que reconocieron que normas como la Ley 16.127 de 1990 “invaden la competencia estatutaria” de los gobiernos departamentales. Destacó que el concurso es la norma para el ingreso en los 19 departamentos, aunque advirtió sobre casos de “amiguismo o clientelismo” en contrataciones discrecionales. Finalmente, expresó: “Reivindicamos nuestra función legislativa y de control, establecida por la Constitución, junto al Tribunal de Cuentas de la República y el Poder Judicial”.
Silvera añadió que “en el interior, los gobiernos departamentales cumplimos funciones establecidas por la ley, pero también cortamos el pasto de escuelas, las pintamos y arreglamos sus techos. Hay un sinfín de tareas que debería cumplir el gobierno nacional y que, por lejanía, no realiza. Por cercanía, el gobierno departamental está obligado a hacerlo, porque la protesta de la población es muy importante”. Ejemplificó con el arreglo de accesos a escuelas o caminos vecinales poco transitados, pero esenciales para los niños.
“El impacto humano de la norma”
Miguel Giménez, edil de Artigas y presidente de la Comisión de Legislación del Congreso Nacional de Ediles, enfatizó el impacto humano de la norma. “Entendemos que este proyecto de ley, actualmente en discusión, vulnera claramente la autonomía de los gobiernos departamentales”, comenzó diciendo. Resaltó las diferencias regionales, especialmente en departamentos como Artigas, donde “tenemos el índice de pobreza y desempleo más alto del país”. En un tono personal, señaló: “Nos han preguntado qué va a pasar cuando vayan a golpear la puerta de la intendencia para que les solucionen un problema. Incluso nosotros, los ediles, nos preguntamos qué va a pasar cuando pidamos ser recibidos por el intendente para plantear la situación de un vecino en Sequeira o en Yacaré”. Concluyó con un pedido al Senado: “Les pido que piensen, más allá de la parte técnica, en la parte humana, porque todos, antes de ser políticos y profesionales, somos seres humanos”.
“Claroscuros en la propuesta”
Juan Ripoll, coordinador de la bancada del Frente Amplio, abordó la complejidad del tema. “Cuando profundizamos, vemos que hay muchos claroscuros y no todo es blanco o negro”, afirmó. Señaló que “en todas las intendencias –y en toda la administración pública– está vedado el ingreso de personal en el último año de gobierno” y que “si no son las 19, debe haber 17 o 18 que recurren a la designación directa para algunos cargos de oficios o especializados”. Advirtió que “eso ni siquiera está contemplado en la norma propuesta” y que “restringir el ingreso de la forma planteada va a ocasionar graves problemas” en áreas como gestión ambiental, salud y obras. Ripoll subrayó la necesidad de considerar matices. “Cuando hablamos de igualdad de oportunidades e ingreso por concurso o sorteo, quienes compartimos ese principio nos damos cuenta de que hay una variada gama de matices que debería contemplarse”, manifestó.
La situación de los municipios
Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en los gobiernos departamentales predominan los vínculos de presupuestados (51,5%, 20.053) y contratos permanentes (34%, 13.214), seguidos por zafrales y eventuales (11,4%, 4454) y otros funcionarios públicos (3,1%, 1185). En la comparecencia ante la Comisión de Legislación del Senado, la Federación Nacional de Municipales destacó que los municipios quedarán fuera de la ley. “Depende del departamento cuál es la lógica local de funcionamiento de los municipios. No todo el país funciona igual. Si bien la ley de descentralización es una, algunos municipios tienen personal contratado directamente por ellos y otros no”, explicó Nicolás Piñeiro. En los 125 municipios del país trabajan unas 7300 personas, el 18% de la fuerza laboral de las intendencias.
La senadora María de Lima (Partido Nacional) recordó su paso por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y señaló que en los municipios los funcionarios son contratados por el intendente, “aunque sea sugerido por el alcalde”. “Los municipios no tienen sustento legal para contratar funcionarios. Esto no significa que el alcalde no pueda sugerir al intendente que tome a determinada persona, pero siempre llevará la firma del intendente y del secretario general”, explicó. Añadió que los monotributistas son los únicos que los municipios pueden contratar directamente, “por lo que es el sistema más usado”. En otras palabras, “esas personas asumen roles similares a los de funcionarios, pero en realidad no lo son”.
