El ataque a balazos a la sede de investigaciones de Las Piedras es un hecho más que se suma a otros episodios similares que la policía y la justicia relacionan con bandas de narcotráfico que operan en territorio nacional.
En la noche del martes 16, dos individuos que pasaron en una moto atacaron a balazos el edificio donde funciona la Unidad de Investigaciones de la policía de Las Piedras. Al otro día, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, manifestó que “son hechos que repudiamos duramente y que van a ser respondidos dentro de la Constitución y la ley, de manera firme e implacable por parte de la Policía”.
Este último episodio es investigado por la policía y la fiscalía en relación a otros hechos que ocurrieron en los últimos tiempos, tales como el atentado con bomba a la sede de la brigada antidrogas y la amenaza que sufrió la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero por parte de una supuesta banda de narcotraficantes asociadas con la marca PCU, sigla impresa en varios cargamentos de cocaína incautados en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Larrañaga aseguró que «este tipo de acontecimientos no indica otra cosa que estamos en el trabajo muy fuerte e implacable contra el narcotráfico”, por lo que anunció públicamente que la policía va a “seguir insistiendo y pegando” a estas organizaciones criminales, “porque de eso depende la paz pública», afirmó.
Si bien, fuentes ministeriales aseguraron a La Mañana que el triple homicidio de los infantes de marina en el Cerro de Montevideo es un episodio completamente aclarado policial y judicialmente, algunos especialistas en seguridad sostienen que se trató de un mensaje que forma parte de una escalada de ataques narco.
Tras el atentado en Las Piedras, Larrañaga señaló que “hay todo un proceso y hay una lucha por territorios que se da en todo el país, del narco menudeo, en función de la cantidad de droga incautada en procedimientos de años anteriores, y también en los comienzos de este año, que marcan una presencia importante de narcotráfico grande, y también obviamente de las bocas en todo el país”. Mientras Larrañaga daba estas explicaciones, una llamada al 911 alertaba sobre la existencia de un artefacto explosivo en la Seccional 20 de Toledo que luego fue descartada.
Fiscales amenazados, desbordados y preocupados
La fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero, que fue objeto de una amenaza de muerte por parte de una organización criminal, según reveló El Observador el 3 de junio, había manifestado en mayo a ese medio que su fiscalía estaba desbordada, y que faltaban recursos y una organización necesaria que permitan investigar mejor al crimen organizado y combatir el narcotráfico. Ferrero afirmó que a partir del nuevo Código de Proceso Penal –noviembre de 2017- se torna “inviable” el trabajo de su fiscalía para las grandes investigaciones.
Ferrero mencionó que antes, cuando trabajaba como fiscal de Crimen Organizado, solo se dedicaba a temas de drogas a nivel internacional y que a partir del nuevo sistema se ven excedidos de trabajo ya que deben investigar también el tráfico interno y varios delitos como el tráfico de armas, lavado de activos, extorsión, secuestro, entre otros. Todo esto dificulta la labor de las dos fiscalías -la otra a cargo de Stella Lorente- en investigaciones de largo aliento.
A su vez, la fiscal entiende conveniente que se legalicen los allanamientos nocturnos debido a que la actividad de las bocas transcurre durante esas horas. Además celebró el trabajo de los militares en las fronteras que permitió disuadir la actividad delictiva, aunque también advirtió que eso generó una “alerta” y un “cambio de modalidad” de las bandas de narcotraficantes que ahora “están buscando otros territorios más al norte del país y no tanto por el Río Uruguay”.
Por otra parte, el fiscal Diego Pérez manifestó días atrás su preocupación a El País porque “algunos profesionales que forman parte de dependencias estatales que combaten el tráfico de drogas, a la vez, en su actividad privada, asesoran o defienden a integrantes de las organizaciones delictivas que deben combatir”. Una situación que para Pérez es necesario poner sobre la mesa y analizarla para “combatir con eficacia el narcotráfico”.
Pérez, a cargo de la investigación por la amenaza a Ferrero, se puso en contacto días atrás con el ministro del Interior para trasladarle su preocupación por la filtración del mensaje que recibió la fiscal de Estupefacientes, temiendo que pudiera entorpecer la investigación del caso y exponer más a su colega. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en Twitter que estas acciones deben sancionarse.
La fiscal Ferrero celebró el trabajo de los militares en las fronteras que permitió disuadir la actividad delictiva, aunque también advirtió que eso generó una “alerta” y un “cambio de modalidad” de las bandas de narcotraficantes
Justicia condena e investiga a empresarios involucrados en episodios de 2019
La novela negra del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia en Uruguay no terminó con su extradición a Estados Unidos un mes atrás. A principios de junio, dos individuos atacaron a balazos a quien fue su abogada, Fabiana González Raggio, a metros de su casa, donde resultó herida su suegra.
También fue objeto de un atentado un testigo “protegido” que declaró la semana pasada por el caso de Martín Mutio, empresario acusado de enviar 4.500 kilos de cocaína a Europa a mediados de 2019, en un proceso judicial más que intrincado. Según consignó El Observador, cuatro días antes de dar su testimonio a la jueza Beatriz Larrieu, le tiraron una bomba molotov y luego intentaron entrar a su casa.
Por otra parte, hubo novedades respecto a la mayor incautación de droga en Uruguay, a fines de 2019, en la que se incautaron casi 6 toneladas de cocaína, 4.400 kilos en el puerto de Montevideo y otros 1.500 en un establecimiento rural.
El jueves pasado, la fiscal Stella Llorente logró, en un proceso abreviado, la condena por ocho años y dos meses de prisión efectiva para el productor sojero, Gastón Murialdo, por su participación en un delito de narcotráfico en modalidad almacenamiento y exportación, mientras que su hijo fue condenado a seis meses de prisión y dos meses de libertad vigilada por un delito de asistencia. En tanto, los dos empleados rurales de Murialdo que estaban detenidos fueron liberados.
Tras los pasos de Rocco Morabito
Ayer se cumplió un año de la fuga de Cárcel Central del mafioso italiano, episodio que sigue siendo investigado por las autoridades, respecto a las responsabilidades sobre lo sucedido esa noche en la ya clausurada cárcel del centro de Montevideo.
En primera instancia, se arrestaron a dos presuntos socios de Morabito en Uruguay, de nacionalidad rusa, que habrían facilitado la fuga del calabrés. Pero también se investiga lo que pasó dentro de la cárcel entre Morabito y los funcionarios penitenciarios sospechados de cobrar coimas y colaborar en la fuga.
Respecto a su paradero, en los últimos días la Agencia Nova publicó un video en el que el brasileño Marcos Antonio Farías Sabetta, que compartió celda con Morabito, aseguraba que el prófugo italiano estaba en la ciudad de San Pablo bajo la protección de la organización criminal conocida como Primer Comando Capital. Farías dijo en esa grabación que «si el gobierno italiano me contacta, me ofrezco a entregarlo», y además indicó que Morabito continúa manejando asuntos ilícitos en el área de la «Triple Frontera», entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Farías también hizo mención a los privilegios y a los mecanismos de complicidad que gozaba Morabito dentro de prisión que a la postre le permitieron escapar. «A menudo, los guardias venían a la celda y almorzaban con él”, indicó Farías; y mencionó que “un día, mientras miraban una película sobre la mafia, -Morabito- les ofreció una bolsa llena de dólares a cambio de las llaves de la puerta».
Por otra parte, la semana pasada en la ciudad italiana de Bologna cayó Nunzio Pangallo, acusado de ser responsable de un cargamento de cocaína enviado desde Brasil en 2016 y señalado por la prensa italiana como cuñado de Rocco Morabito.
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