Las autoridades están preocupadas por un rebrote de la violencia entre delincuentes a lo largo y ancho del territorio. Durante julio, además de los casi diarios ajustes de cuenta en algunos barrios de la capital, se registraron enfrentamientos en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rivera.
En la madrugada del martes 21, en Piedras Blancas, un grupo de personas atacó a balazos-más de 150 disparos- una casa donde dormían dos mujeres y dos niños. Al día siguiente la dueña de casa fue amenazada por dos hombres armados que le advertían que se quedarían con su casa. Mientras la señora hacía la denuncia del hecho, desconocidos ingresaron a la vivienda y le robaron varias pertenencias. La mujer y su familia se encuentran custodiadas y policías de la Zona Operacional III detuvieron a dos personas vinculadas al ataque. El viernes de noche, también en Piedras Blancas, un hombre de 28 años fue ejecutado de un disparo en la cabeza.
Días atrás, en el Cerrito de la Victoria, dos jóvenes fueron asesinados durante una serie de balaceras entre bandas criminales que actúan en el norte de la ciudad. En el barrio Lavalleja Sur (40 semanas) un patrullero fue baleado a principios de mes. En Marconi, hace dos semanas, hubo tiroteos durante tres noches seguidas. Vecinos grabaron videos en los que se escuchan las ráfagas de armas de guerra.
En Maldonado Nuevo y San Carlos también son habituales los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el territorio para vender estupefacientes. En el barrio de la capital fernandina, a mediados de mes, personas en motos dispararon 50 tiros a una fiesta e hirieron de bala a siete miembros de otra banda. En San Carlos, tras dos semanas, entre que fue liberado y detenido nuevamente Néstor “Buñuelo” Correa Balladares, se incrementaron los tiroteos en el barrio Rodríguez Barrios entre la banda de este delincuente y narcotraficantes rivales.
En el norte del país, tiroteos entre las bandas dedicadas al narcotráfico (en Río Grande do Sul, y la frontera entre Santana do Livramento y Rivera), “Bala na cara” y “Os manos”, se cobraron siete muertos en lo que va del año. Cifra que casi aumenta el martes 21, tras un enfrentamiento a tiros entre miembros de estos grupos, a la luz del día, en el barrio La Arenera. Nueve personas fueron detenidas.
Otro importante narcotraficante fue ejecutado
Como había advertido en abril a Búsqueda, el fiscal de homicidios, Juan Gómez, consultado sobre el incremento de la violencia por parte de las bandas criminales, “lo que antes era un susto ahora directamente pasa a ser un asesinato”. Esta última, fue la suerte que le tocó al “Bocha” Risoto en Barrio Sur en 2012, al “Tato” Segade en 40 semanas en 2015 y al “Lalo” Algorta en Totoral del Sauce en 2017.
El sábado 19 de julio, fue asesinado Rubén Alejandro Rodríguez Moncalvo, alias “Ale” u “Oreja”, un conocido narcotraficante -prófugo de la justicia uruguaya y argentina- que había fugado en abril de 2018 del Comcar y un año después de un Penal de Gualeguaychú, ciudad argentina donde había sido detenido en junio de 2018, por liderar una banda dedicada al narcotráfico y la falsificación de billetes.
Vamos a combatir frontalmente esos casos de narcotráfico que derivan en incremento de delincuencia y delitos conexos que la Policía tiene que enfrentar”, aseveró Larrañana.
El de Rodríguez Moncalvo -hallado con varios disparos afuera de una casa del balneario Bello Horizonte- no fue un ajuste de cuentas más para las autoridades policiales. Se trata de unos de los delincuentes más pesados de las últimas dos décadas en Uruguay, con alerta roja de Interpol y poseedor de ocho antecedentes penales (cuatro homicidios, rapiña, hurto y privación de libertad). En 2001 mató a su compañero de celda y en 2011 asesinó a su excompinche criminal “el Rambo”.
En sus inicios, robaba autos para cambiarlos por droga en Paraguay y Brasil. Luego integró una organización con narcotraficantes bolivianos y uruguayos que ingresaban cocaína en avionetas por el litoral de nuestro país, instancia en la que se vinculó con el narcotraficante Julio César Romero conocido como “el Pichulo”, que fue ejecutado de diez tiros, hace exactamente un año en Paysandú. Por estar involucrado en el asesinato del Pichulo, también era buscado Rodríguez Moncalvo, ya que se presumía, estaba en esa zona del país tras su segunda fuga.
Según información primaria de la investigación, a cargo de la Fiscal de Atlántida, en conjunto al Departamento de Homicidios de Canelones, Investigaciones de la Jefatura Operacional III, el asesinato de Rodríguez Moncalvo se trató de un ajuste de cuentas por negocios vinculados al narcotráfico. Ese mismo día, ingresó a la seccional de Parque del Plata, con dos heridas de bala, Ramiro Machado de León “el Rana”, excompañero del asesinado, cuando ambos estaban en el Penal de Libertad. Los investigadores intentan esclarecer si ambos se enfrentaron con otros individuos o si los narcotraficantes se enfrentaron a tiros entre ellos.
Combatir frontalmente al narcotráfico
Consultado por Radio Universal, el exministro del Interior, Eduardo Bonomi, opinó que los cambios realizados al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) durante la actual gestión generaron un aumento en los enfrentamientos entre bandas criminales. Bonomi atribuye que “hay enfrentamientos todos los días” debido a que ha existido “un retiro del PADO en algunos barrios”, donde antes se hacía un control “mucho más fuerte”. En esa misma línea argumental se manifestó la alcaldesa del Municipio D, Sandra Nedov, que afirmó que las políticas de seguridad no han cambiado positivamente. «Es notorio que el sistema PADO ya no funciona de la misma forma en este territorio, ya no hay la misma presencia del PADO», sostuvo Nedov días atrás.
Larrañaga recogió el guante y salió al cruce. Explicó que es la propia acción policial la que genera mayores luchas entre criminales por controlar territorios y bocas de drogas. El ministro del Interior señaló que, “en la medida en que se instala la lucha contra el narcotráfico, es evidente que genera impactos en las bandas, eso se traduce en lucha por territorio y por mercado. Vamos a combatir frontalmente esos casos de narcotráfico que derivan en incremento de delincuencia y delitos conexos que la Policía tiene que enfrentar”, aseveró.
Además, el secretario de Estado le respondió a su antecesor, respecto a las acusaciones sobre el impacto negativo de los cambios en el PADO. Larrañaga dijo que “eso es una equivocación del senador Bonomi, respeto su pensamiento, pero habla desde el fracaso de 15 años de políticas sociales, educativas y de seguridad”.
También se refirió a este asunto el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz. Explicó que “el PADO está funcionando de la misma forma que funcionó siempre. Lo único, es que hay uno descentralizado, que eso es lo que confunde a la gente, que lo tenemos dentro del mismo PADO, con otra misión”, que no especificó para no “alertar” a delincuentes de “cómo deben actuar”. Ruíz aseguró que está presente en todos los barrios y, “al contrario, ahora hay más patrullaje” que antes.
El frente interno de la corrupción policial
En el marco de la Operación Hurón quedó desarticulada una banda que traficaba armas de fuego, entre los que se encontraban dos funcionarios de la zona operacional IV, destacamento que también tuvo un caso de corrupción en 2019.
Los policías venían siendo investigados desde marzo por la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1º turno, señalados de formar parte de una red de tráfico ilegal de armas de fuego en el Cerro de Montevideo. Junto a los uniformados, que eran los que facilitaban las armas, fueron formalizadas otras cinco personas de esta organización criminal que las vendían o las cambiaban por estupefacientes.
Pero también se las alquilaban a otros delincuentes para cometer crímenes. Es así que la investigación, que dirige la fiscal Mónica Ferrero, se vincula con casos de sicariato como el del hincha de Nacional, Lucas Langhain, asesinado en diciembre de 2019; ya que, las personas que recibían las armas de los policías, son los mismos que los que le proveyeron la pistola al hombre que mató a Langhain.
Sobre este hecho, Larrañaga remarcó que “fue la propia policía, mediante los mecanismos legales y autorizaciones de escuchas” que logró descubrirlos. “Nosotros instruimos a la Dirección Nacional de la Policía para que fuera implacable en función del conocimiento que teníamos de estas situaciones”, dijo el ministro y aseguró que “vamos a combatir la corrupción esté donde esté”.
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