Desde hace más de 7 años, el colectivo Madres del Cerro lleva adelante la idea de un proyecto de ley que se ha concretado sobre la «voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas». Esto permite que un adulto delegue su capacidad de voluntad por 90 días, tiempo en que deberá estar en una institución pública o privada para transitar un programa de desintoxicación.
El colectivo Madres del Cerro está integrado por más de 4.500 personas de todo el país que buscan una salida para sus hijos o familiares cercanos que están relacionados con este problema.
La Mañana dialogó con Gabriela Jost, integrante de este colectivo, quien explicó el largo proceso por el cual han pasado, aunque confían que la propuesta será aprobada muy pronto por el Parlamento. El proyecto fue reingresado por la diputada colorada Nibia Reich.
¿Cuál es la historia de esta iniciativa?
Lo habíamos presentado en 2017 y fue aprobado con la mayoría de la comisión de salud de la Cámara de Diputados. Pero ahí quedó trancado porque el partido que estaba en el gobierno (Frente Amplio) se negaba a respaldarlo. Alegaban que no tenían fondos para albergar a tantas personas que necesitarían una rehabilitación. Pero les aclaramos que en este proyecto de ley no pedimos fondos, sino que las familias se harían responsables por la atención de esas personas. Lo que se pretende es la internación del adicto, que firma un documento autorizando a su padre, madre, esposo, esposa, tutor o a quien delegue, para que sea internado.
¿Por qué una persona firmaría, en el caso de los mayores, para que fuera internado?
Porque en estos casos la voluntad de ser internados aparece en un momento, pero tras un período de abstinencia de algunos días esa voluntad desaparece. Esto es una manera de que siga internado. Actualmente, sin una ley, no se puede hacer que un mayor permanezca en una institución contra su voluntad. Lo más importante es que quien firma, acuerda que su internación no será por un plazo menor a 90 días.
¿Pero este proyecto tiene alguna diferencia con el presentado en la anterior legislatura?
No hay diferencias. Y hacemos de nuevo hincapié en que el Estado no necesita poner dinero. Anteriormente siempre había «un palo en la rueda». El diputado Luis Gallo (Frente Amplio), integrante en aquel entonces de la comisión de salud de diputados, siempre fundamentaba que era imposible internar a una persona contra su voluntad y que no se podía tener un policía en cada lugar vigilando a quien firmara esta norma de voluntad obligatoria. Vemos que han pasado cuatro años desde que presentamos el proyecto y en ese período muchos hijos se han autoeliminado, han muerto por ajustes de cuentas o terminaron en la cárcel por robar un celular para venderlo y comprar drogas.
¿Cuál fue la recepción que tuvieron ahora en la comisión de salud?
Hemos visto buena disposición de todos los partidos políticos. En una reciente reunión analizamos cómo se puede hacer para que también se puedan incluir en este proyecto las personas que están en situación de calle. Observamos empatía por parte de todos los integrantes de la comisión, y no como nos dijeron durante años en la misma comisión pero con otros miembros que este proyecto era inviable. Los actuales legisladores nos señalaron que buscaran fundamentar el porqué es tan importante una internación y creen que es muy viable la aprobación de la iniciativa.
Cuando se habla de internación por 90 días en una clínica de rehabilitación se entiende que no todos pueden pagar. ¿Qué plantean al respecto?
Las clínicas de rehabilitación en Uruguay son muy caras. Cuestan entre 1000 y 1500 dólares mensuales. Algunas pueden dar becas parciales, pero el costo igual se va a unos 15 mil pesos por mes. Después tenemos organizaciones como Remar, Beraca o iglesias evangélicas que son las que hoy no nos piden nada para poder internarlos. El tema central es la voluntad. Todos los lugares funcionan para las personas que realmente quieren cambiar. Así estén en su casa, en una iglesia o en un hospital. El tema es que la mitad más uno no tiene el poder de sostener esa voluntad. Y lo hablo con mucha propiedad, porque soy la mamá de un chico que hace 16 años consume drogas, pero ahora está rehabilitándose. Mi hijo había estado en todas las comunidades de Uruguay, ya sea del Estado o privados, y nunca le resultó. Pero el año pasado y por su propia voluntad decidió volver a internarse en un lugar en Argentina, que es una comunidad cerrada, o sea que por más que la quiera abandonar no se puede ir, porque llegó bajo una judicialización. Hace nueve meses que no consume y tiene deseos de vivir.
¿Ese sistema de judicialización, o sea de ceder su voluntad, es similar a lo que pretenden ustedes que se legisle en Uruguay?
Sí, sería un sistema similar.
¿La pandemia y los cambios de costumbres de la población en general afectaron en algo lo referente a ese submundo de la droga?
El consumo está igual y los chicos en situación de calle siguen en la calle. Pensamos reunirnos con autoridades del Mides para ver la manera de que podamos llevar a estas personas a algún tipo de refugio para intentar modificar sus conductas. Lo más importante es sacarles el hábito, al cual ya se acostumbraron, que es el estar en la calle. Pero en este contexto otro tema que vemos como muy grave es que la Junta Nacional de Drogas no tiene una nueva autoridad designada por lo cual las formas de trabajar del pasado se siguen manteniendo y nunca fueron efectivas. Por ejemplo, en el Portal Amarillo (NDR: sitio de internación para adictos), antes de la pandemia tenían internados a 20 personas cuando hay lugar para 50, además de que dan una internación por 20 días cuando consideramos que es algo irrisorio para lograr una rehabilitación.
¿Qué opinan de los procedimientos de la policía en el desmantelamiento de las bocas de pasta base?
Vemos que se están realizando más allanamientos y se está procesando a más gente. Eso es lo que nos comentan las madres que están en todo el país y participan de alguna manera de nuestra organización. Aunque también hay casos en que hay un allanamiento y un chico que está comprando en una boca va preso. Y ese chico quizás es de una familia normal, fue a comprar su dosis para el día y terminar en el Comcar. También creemos que entonces se tienen que hacer principalmente centros de rehabilitación y ese tema lo estamos analizando con el comisionado parlamentario.
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