La Comisión de Educación y Cultura de Senadores tiene en discusión una propuesta del senador Jorge Gandini que plantea la modificación de la legislación de los derechos de autor. La Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) entiende el cambio como una amenaza a su existencia que podría desencadenar consecuencias contrarias a las que plantea el legislador nacionalista.
Con fecha 12 de noviembre de 2007, el Poder Ejecutivo dictó una resolución en virtud de la que se dispuso: “Autorizase a la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales del Uruguay a funcionar como entidad de gestión colectiva para la protección, defensa, gestión y representación de los intereses y derechos de los productores de obras y grabaciones audiovisuales asociados a la misma y que le han confiado ese cometido”.
La institución comenzó a fiscalizar el pago de derechos en 2011 y desde entonces ha tenido roces con los cableoperadores, por un lado, y con hoteles y restaurantes, por el otro.
A finales de 2020, la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) ya se manifestó en diversos medios y exhortó a retirar del Presupuesto Nacional un artículo que, entendían, pretendía quitar la posibilidad de gestionar sus derechos de forma colectiva. A su vez, advertían que su aprobación sería inconstitucional.
Desde hace algunos meses, un proyecto de ley presentado por el senador Jorge Gandini (PN) incluye un artículo que indica que las entidades de gestión colectivas de los productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagran expresamente en favor de los mismos.
Esta modificación del artículo 20 de la ley 17.616 se encuentra en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de Senadores. Gandini entiende necesario «ponerle claridad a un tema que ha sido aplicado fuera de la normativa general de derecho de autor». «El Consejo de Derechos de Autor y el Ministerio de Educación y Cultura no debieron aprobar en su momento a esta institución (Egeda)”, dijo a La Diaria hace un año.
«El proyecto de Gandini dinamita el trabajo de la última década»
Consultada por La Mañana, la directora general de la entidad, Helena Nosei, advirtió que “si se quita a Egeda Uruguay del medio, vendrán grandes tenedores de derechos y cobrarán lo que le salga de las narices cobrar. Por eso decimos que algo que se ha hecho con tanto trabajo, que tiene tantos controles, el proyecto de Gandini dinamita este trabajo de la última década”.
Según la entrevistada, la modificación de la ley parte de un error, ya que el productor audiovisual no cobra dos veces por lo mismo, sino que es como cualquier titular de música, por ejemplo. “Ni YouTube, ni los raperos, ni Ruben Rada, van baile a baile a cobrar su derecho, sin embargo, son los titulares de su derecho de autor o se los vendieron a empresas que lo son”, dijo.
“¿Eso quiere decir que sus obras están libres? No, la ley siempre habla de titulares de derechos de autor, que es lo mismo que autor”, agregó. “Los contratos de cables no incluyen el derecho de comunicación al público. Las condiciones de Netflix, DirectTV, de Agadu con los cableoperadores, dejan claro que nadie les cedió el derecho de comunicación pública de los titulares de las obras, sino en ámbitos privados”.
Nosei indicó que con este proyecto “todos pierden: el Estado, los productores audiovisuales y, contrariamente a lo que el senador cree, también pierden los usuarios de obras en bares, hoteles, operadores de TV para abonados”.
Detalló que el Estado pierde en el sentido de que, de aprobarse la modificación, se generará un supuesto de responsabilidad estatal por acto legislativo que “lo obligará a indemnizar a Egeda Uruguay y a todos los productores que se vean privados de la gestión colectiva de sus derechos por propiedad intelectual”.
En relación a este punto, subrayó que existe inconstitucionalidad por vulnerarse los artículos 7, 10, 32, 36 y 72 de la Constitución de la República y, además, “es inconstitucional porque no es de carácter general, sino que solo y exclusivamente para Egeda”, opinó la directora general. A su vez, señaló que se expone a Uruguay a incumplir la Convención de Berna, las normas Adpic, el Pacto de San José de Costa Rica.
“Expone a los usuarios de obras, grandes y pequeños establecimientos, a costos muchos más altos por derechos de autor y a tener que obtener múltiples licencias. Justo lo contrario a lo que manifiesta públicamente el senador Gandini como fundamento de su proyecto”, opinó Nosei.
Propuesta de Egeda
“Estamos en la sociedad del conocimiento, del entretenimiento, y estas cosas cada día tiene más valor, y se trata de propiedad intelectual”, señaló Nosei. Sostuvo que son los productores audiovisuales los que hacen mover la rueda, funcionando como piedra angular. “Con esta modificación se le está diciendo a los productores audiovisuales del mundo: olvídense de los derechos de comunicación pública, sin embargo, los invito a invertir en el país”, detalló.
Dijo que la propiedad intelectual tiene un valor, es clave respetarlo y no se puede “ir para adelante y para atrás». «Es indispensable poner en valor el conocimiento, la creatividad, el desarrollo tecnológico, las ciencias, porque esa es la sociedad en que las futuras generaciones van a poder trabajar. Parece mentira que estas cosas surjan en Uruguay, además que no cumplen el objetivo, no hace lo que dice que quiere hacer”, lamentó.
Lo que proponen desde la entidad para los pequeños establecimientos es que se los exonere de pagar todos los derechos de autor. “Eso sí colaboraría y cumpliría con los objetivos: no es contra la Constitución, no es contra los acuerdos internacionales. Los productores audiovisuales quieren que su obra se vea, que se disfrute y es un aporte, no una imposición. Defendemos derechos de quienes producen obras”, argumentó.
Panorama local y global
Los productores audiovisuales en todo el mundo son vistos como grandes generadores de empleos y contribuyen sus economías locales. En Uruguay –por ejemplo– hay más de 400 pequeñas empresas dedicadas a la producción audiovisual, que emplean a más de 3500 personas. Por cada dólar invertido en una producción audiovisual en el país, se generan otros 1,60 dólares en la economía uruguaya.
“Ojalá le podamos evitar un gran problema al país. Que se desarrolle el sector audiovisual es bueno para todos. En un análisis más económico, lo que vale en el mundo son dos cosas: las empresas de infraestructura (fibras, antenas) y los que tienen contenido, porque todo lo del medio, es decir, si se trasmitirá en un portal, en la tele o demás, está cambiando permanentemente”, aseguró Nosei.
Expresó que el contenido es lo que perdura en el tiempo, es el activo y es el resultado del trabajo de los productores, “entonces hay que trabajar mucho más en el sector sobre la propiedad intelectual, que sea más nacional, que el porcentaje crezca. Es un sector que está entre la industria y la cultura y los equilibrios siempre son importantísimos”, agregó.
Expuso que la aprobación de la modificación podría implicar la pérdida del 20% de la recaudación anual de Egeda Uruguay para incentivo en el sector. “Además los productores quedan colgados del mundo, no podrán hacer valer sus derechos ni aquí ni en el exterior al perder la red de acuerdos que les proporciona la entidad”.
El problema de debilitar la gestión colectiva
La directora general de Egeda explicó que, si surgen múltiples empresas titulares de derechos gracias a la desaparición de la entidad, estas fijarán los precios de sus licencias mucho más altos que las tarifas actuales “dado que tendrán costos operativos más altos”.
A su vez, advirtió que estarán fuera del control del MEC, actuando en el mercado licenciando su repertorio y que no estarán obligadas a apoyar e incentivar la producción local. “Al debilitar la gestión colectiva se da una señal para que se instalen privados internacionales propiedad de fondos de inversión y los bares, hoteles, pubs, fiestas, conciertos, operadores de TV, radios, tendrán que obtener múltiples licencias, sin seguridad jurídica. Un caos para usuarios y titulares de obras”.
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