Existen iniciativas a nivel internacional y regional para facilitar el acceso de las vacunas del coronavirus a todos los países del mundo, especialmente a los económicamente más débiles. El asunto plantea un dilema entre derechos humanos y propiedad de las patentes, sobre equidad e investigación científica. Legisladores de distintos partidos políticos consultados por La Mañana dieron un punto de vista coincidente, pero con matices.
La pandemia del covid-19 se ha extendido a todo el mundo con efectos sobre la salud de las personas, pero también acentuando las diferencias socioeconómicas entre las distintas regiones y países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) además de ser un punto de referencia en el combate del virus, ha elevado algunas propuestas orientadas a reducir esa brecha.
En este sentido, el organismo a través de un documento recientemente difundido señala que podría ser de gran ayuda que los países más desarrollados y productores de vacunas tomen en cuenta a quienes tienen más dificultades para su acceso, a través de la creación de mecanismos más simples y económicos, de manera de vacunar a la mayor parte de la población mundial. Según información de la OMS, en febrero de 2021, el 75% de las vacunas únicamente se habían repartido entre 10 países desarrollados.
Fueron Sudáfrica e India quienes presentaron la propuesta inicialmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC). A grandes rasgos se pide la exención de determinadas disposiciones del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), de manera de prevenir, contener y tratar el virus de covid-19. Aseguran que para responder de manera eficaz a la pandemia es preciso tener acceso rápido a productos médicos asequibles, así como a tratamientos. “Cuanto más tiempo dure la crisis mundial, mayor será el daño socioeconómico”, afirman.
Además, se indica que, para hacer frente a las diferencias entre oferta y demanda, varios países comenzaron a fabricar productos médicos. “La rápida ampliación de la fabricación en todo el mundo es una solución evidente y crucial”, subrayan. En cuanto a eso se asegura que hay varios informes de derechos de propiedad intelectual que advierten sobre las dificultades en el suministro oportuno de productos médicos, principalmente jurídicas e institucionales.
En busca de la solidaridad y unión
El 19 de marzo pasado, once líderes católicos de Europa y América, miembros de la Academia de Líderes Católicos, han elaborado un manifiesto pidiendo la vacunación universal solidaria con medidas concretas como la suspensión de la patente. Los autores son líderes que han sido jefes de Estado, un ex secretario de la OEA, ex presidente del BID, la presidenta mundial de universidades católicas, académicos, empresarios, entre otros.
En el documento, que hasta ahora logró más de 400 adhesiones en América Latina y Europa, se pone sobre la mesa la idea de suspender, transitoriamente, las patentes de las vacunas y otros fármacos vinculados a la pandemia, ya que “el mecanismo Covax ha sido insuficiente y existen países que no han podido acceder”. Al mismo tiempo, se afirma que la investigación científica vinculada a la crisis sanitaria actual, ya ha sido costeada con la venta de medicamentos.
En el manifiesto se declara, en primer lugar, que la vida humana es «el bien primario» del que se derivan otros bienes, incluido el lucro. Por eso entienden que la vacuna, como cualquier solución eficaz a la pandemia, se convierte en un bien común mundial. Por otra parte, se afirma que la vacuna es la única medida que alcanza resultados contundentes para revertir la situación, de manera que la vacunación universal “no solo salva vidas, sino que es una solución para la recuperación económica”.
Además, se recalca la gran brecha entre pobres y ricos, y solo 13 países son productores de vacunas y sus componentes, de los que el 50% son exportados por EE.UU. y la Unión Europea, situación que implica que los no productores tengan más demoras y dificultades de acceso a la vacunación. “Los pobres tienen rostro, y morirán si no existen prioridades y campañas para su vacunación”, señalan.
En los doce puntos expuestos en el manifiesto se afirma que la vacunación universal es un imperativo moral, de fraternidad humana. Al mismo tiempo, considera que se deben aumentar los recursos del programa Covax, con el que se lograría vacunar al 20% de habitantes de los 92 países de ingresos medios y bajos. Adicionalmente se pide la suspensión de la patente, así como acuerdos entre empresas farmacéuticas y fabricantes en los países más pobres.
También se exhorta a la promoción de la investigación científica y la innovación tecnológica, entendiendo que los efectos de la exclusión no son solo sanitarios o económicos, sino también de pérdida de esperanza y autoestima.
Sí a todo, pero sin expropiar
La senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, dijo a La Mañana que está de acuerdo con el principio del acceso universal solidario a las vacunas contra el covid-19, pero entiende que es necesario ver cómo llevarlo a cabo. “Estoy de acuerdo con el acceso universal solidario de los más vulnerables, como hizo Uruguay. Estoy de acuerdo con la vacunación universal porque es un bien público universal y un derecho humano. Pero no estoy de acuerdo con una expropiación, sin más”, aseguró.
También indicó que, si la iniciativa pasa por otorgar créditos a los distintos países o hacerse cargo de las indemnizaciones del pago de las patentes para desafectar a los dueños de las mismas, “la idea está perfecta”. “Estoy de acuerdo con que la producción debería ser adecuada y sostenible, a un precio razonable, no de un lucro desmedido”, opinó.
Asiaín consideró que si se trata de suspensión de las patentes es preciso ver quién las suspende y cómo se implementa; dijo que si es a nivel nacional puede hacerse por ley, pero con una indemnización. “Hay que tener en cuenta que, si se llegara a expropiar patentes, sería una señal que desestimula la investigación científica”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que la realidad del Uruguay no es la de otros países que, a veces, ni llegan al mecanismo Covax, por ejemplo. “Duele mucho y no debería ocurrir. Si la propuesta viene acompañada de una solución de parte de un organismo internacional, que otorgue créditos a los países, o que pague las patentes para que se puedan producir en cada país: bienvenido. Como imposición le encuentro obstáculos hasta a nivel constitucional”, subrayó.
Pensar más allá de la pandemia
Por otra parte, Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, sostuvo en diálogo con La Mañana que el documento lo impresionó favorablemente, ya que lo considera una muestra de solidaridad universal “a la que estamos poco acostumbrados”. Dijo que, si bien en este caso se dio por la vacuna, existen muchísimos remedios y tratamientos médicos que resultan inaccesibles para sectores de la sociedad.
“Encuentro que están en tensión dos circunstancias: la investigación y la producción de fármacos y tratamientos médicos que requieren mucho trabajo y aparatos de alta tecnología costosos (dimensión económica que tiene que ser contemplada) y, por otro lado, no debería ser posible marginar de la salud a amplios sectores de la población humana”, analizó el senador. Opinó además que es urgente encontrar una solución, ya que entiende que no se puede depender de la generosidad ocasional de algunos, sino contemplar las dos partes.
Aseguró que se está ante un problema que merece atención profunda y permanente. “Esta pandemia ha puesto sobre el tapete un problema que se da a nivel universal y nacional, y la solución que se busca la acompañó, pero la encuentro muy parcial, porque hay una cantidad de enfermedades que tienen tratamientos costosos y que no están al alcance de la humanidad”, dijo Domenech.
El senador ve con simpatía la iniciativa y cree que es un enfoque que se debe encarar respecto a toda la salud humana. “La salud es un derecho de primer orden, ya que la vida es el presupuesto de todos los derechos, entiendo que el tema de la salud tiene que ser de prioridad en la búsqueda de soluciones”, puntualizó.
Preocupación por eventual veto de Uruguay
El diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani cuestionó que Uruguay no haya apoyado explícitamente la propuesta de que se liberen los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Según el diario La República, «el parlamentario de izquierda enfatizó que esta liberación posibilitaría que Uruguay y otros países pudieran producir sus propias vacunas, lo que haría que el proceso sea más rápido y que las naciones subdesarrolladas puedan acceder a las dosis».
Las declaraciones del representante fueron motivadas por la iniciativa de la OMS. Según el medio, Caggiani informó que «la mayoría de los países del sur global están de acuerdo con esta propuesta en las Naciones Unidas, mientras que EE.UU., la Unión Europea, Japón y Brasil, entre otros, están en desacuerdo con esta postura» y especuló que Uruguay podría votar en contra.
Además, el legislador opositor manifestó que “la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) también está trabajando en una declaración en apoyo a la iniciativa de la OMS». «El posible veto de Uruguay y otros países no permitiría un posicionamiento común de la región en un tema tan sensible e importante para la salud de nuestra población”, agregó.
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