Si bien el tema se viene planteando desde hace tiempo a través de informes de organismos nacionales e internacionales que alertan sobre la desproporción en el gasto tributario, por iniciativa de Cabildo Abierto se hicieron llegar una serie de propuestas que apuntan a abrir un debate y contribuir a obtener mayores recursos para políticas de empleo.
El pasado jueves 24 de junio se llevó a cabo en la residencia de Suárez y Reyes la segunda reunión del presidente Luis Lacalle Pou con los líderes de la coalición. Participaron Manini Ríos, Sanguinetti y Mieres. En el encuentro el mandatario anunció la creación de un fideicomiso para redirigir recursos hacia los programas que atienden el problema de los asentamientos.
En la ocasión, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, compartió un documento elaborado junto a sus asesores económicos en el que se propone abrir una discusión para racionalizar y hacer más justo el sistema tributario.
«Ante la inminencia de la Rendición de Cuentas y compartiendo los lineamientos del gobierno de ordenar el gasto, entendemos también que es fundamental racionalizar nuestro sistema fiscal, pues va a permitir generar tantos o más recursos que el ordenamiento del gasto», comienza señalando el texto. Se agrega más adelante que el planteo apunta a «realizar un estudio a fondo por parte de un equipo de especialistas tributarios en forma urgente» y «corregir ineficiencias e inequidades que presenta el sistema tributario».
La propuesta en realidad no cayó por sorpresa al Ejecutivo, sino que se apoya en algunos puntos contenidos en otro documento entregado por Manini Ríos a Lacalle Pou y la ministra Azucena Arbeleche a fines de febrero de este año. En aquel momento el énfasis estaba en la ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los temas que Cabildo Abierto había puesto sobre la mesa y tuvo buena recepción en el resto de la coalición e incluso en filas del Frente Amplio. El éxito de la gestión llevó a que el gobierno adoptara varias de las medidas que reclamaban los sectores de las mipymes.
El referido documento de febrero ya apuntaba que «racionalizar las exoneraciones impositivas permite liberar no menos de 1000 millones de dólares para impulsar a las pequeñas y medianas empresas». «Esta racionalización del sistema tributario puede generar tantos o más recursos que el ordenamiento del gasto. Su aplicación correcta pude significar un ahorro de no menos de 2 puntos del PBI», agregaba.
Distorsión en la competencia
El viernes siguiente, pocas horas después de la reunión de los líderes de la coalición, el senador Manini Ríos y el diputado Álvaro Perrone presentaron en conferencia de prensa la propuesta de análisis para racionalizar y hacer más justo el sistema tributario.
El primero de los puntos puestos a consideración tiene que ver con equiparar el régimen tributario del sector forestal (plantadores de árboles) a los demás subsectores del agro y eliminar ciertas exoneraciones, para evitar entre otras cosas la distorsión en la competencia por la tierra dentro del sector agropecuario.
Al respecto Manini dijo que no se busca ir contra la forestación. «Quiero dejar bien claro que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la actividad forestal. Creemos que es un rubro que genera riqueza en el país y es muy importante mantenerlo dinámico y activo. Nosotros decimos que todos los rubros del sector agropecuario tienen que tener el mismo tratamiento», sostuvo el senador.
El segundo punto refiere a la actualización de la ley de promoción de inversiones, «equilibrando los impulsos que el Estado brinda mediante exoneraciones a distintos sectores del país». En tanto el tercer punto tiene que ver con analizar la implementación de un IVA personalizado, buscando hacer transferencias directas a sectores con menores recursos.
Gasto tributario fuera de control
En entrevista con Informativo Carve, el economista y asesor de Cabildo Abierto, Eduardo Ache, afirmó que lo que se propone es «revisar malas exoneraciones para bajar peores impuestos». «En el tema de las renuncias fiscales hay trabajos de la OCDE, de la propia DGI de hace años, del FMI, de la Cepal y del Centro Interamericano de Tributación. No es un tema nuevo. Cabildo lo que hizo fue recoger estos estudios», subrayó.
«Cuando se reunió el G-7 uno de los temas centrales era cómo ponerle impuestos a las grandes empresas porque es clarísimo que en el mundo entero hoy las empresas van a aquellos lugares donde les cobran menos. Hay que cuidar la inversión porque la inversión es empleo, pero a la conclusión que se ha llegado en el sistema mundial es que en ese proceso de ver quién les ofrece más nos hemos pasado de rosca», explicó Ache.
Consultado sobre si el ministerio de Economía estaba considerando estas propuestas de análisis, Ache contestó tajantemente «no tengas dudas». Precisamente el semanario Búsqueda publicó a principios de junio que el equipo económico «apuesta a una tracción de la inversión con ventaja fiscal, un régimen objetado dentro y fuera del gobierno». «En medio de la crisis que produjo la pandemia de Covid-19, en el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo un análisis, reclamado desde Cabildo Abierto pero sugerido ya antes por algunos organismos internacionales y por consultores locales», señaló el artículo firmado por Ismael Grau.
«¿Está bien favorecer a compañías que, muchas veces, harían la inversión de todas formas? ¿Cierta inversión extranjera no llegaría si no existieran estas ventajas?», se preguntaba el periodista. En la nota se citan algunas conclusiones a las que llegan informes de asesores de Cepal y de DGI. Este último revela que la reasignación fiscal equivalió a 6,3% del PBI en 2019, «un sacrificio fiscal mayor al que hacen, en promedio, los países de América Latina, que ronda el 4% del PBI». Además, destaca que años atrás la OCDE «aconsejó repensar estos esquemas».
En esta línea, el economista Adolfo Díaz Solsona, con más de treinta años de experiencia en la industria financiera, declaró en entrevista con el programa «La Voz de La Mañana» de radio Oriental que el gasto tributario está «fuera de control». «Con esa plata se resuelve una enorme cantidad de problemas sociales», agregó. Díaz consideró que Uruguay debería afrontar rápidamente este tema, solicitando apoyo a los organismos multilaterales para reformular el plan de promoción de inversiones y adecuarlo a las «mejores prácticas» del mundo.
Lacalle Pou anunció fideicomiso para viviendas
El pasado sábado el presidente publicó la noticia en su cuenta de Twitter. «De acuerdo a lo firmado en el ‘Compromiso por el país’ vamos a incluir en la Rendición de Cuentas, un artículo creando un fideicomiso para avanzar más rápidamente en la regularización y re localización de asentamientos».
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, agregó de su cuenta: «Confiamos plenamente en esta nueva herramienta y en el trabajo Entre Todos para que más uruguayos puedan salir de la dura realidad en la que están viviendo. Mejor calidad de vida y viviendas dignas para nuestra gente».
Anteriormente se había anunciado desde el Ejecutivo un incremento de gasto de US$ 50 millones anuales para programas dirigidos a la primera infancia, vigente a partir de 2022.
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