El Poder Ejecutivo resolvió habilitar a cinco empresas de cable para que puedan vender servicios de internet. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) ve la reciente decisión con “profunda preocupación”, ya que entiende que es una nueva medida facilita la extranjerización de los medios de comunicación en nuestro país.
El pasado jueves 16 de junio, el Poder Ejecutivo habilitó a cinco empresas de cable a vender internet para hogares al otorgarle la Licencia de Telecomunicaciones Clase B. Tres corresponden a los canales de televisión abierta: Montecable (4) Nuevo Siglo (12) y TCC (10). Las otras son Korfield de Colonia y Praimar (Pando).
Las cinco empresas presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la Ley N°19.307 (actual Ley de Medios), reclamo que fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2016. La norma actualmente vigente establece que «las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos».
Ahora el Poder Ejecutivo dio un paso más y resolvió otorgar licencias concretas. En el caso del decreto para las empresas capitalinas (Tractoral S.A., Riselco S.A. y Monte Cablevideo S.A.), se les otorga la Licencia de Telecomunicaciones “Clase B” para brindar a terceros la prestación del servicio de transmisión de datos en el departamento de Montevideo mediante la utilización de red alámbrica (cable coaxial), que posee la empresa o mediante la contratación de terceros habilitados para llegar al cliente con fibra óptica.
Además, señala que los servicios de transmisión “se realizarán mediante la utilización de la red propia, que en la actualidad se emplea para la distribución de la televisión por cable, así como realizando alianzas comerciales para utilizar redes de terceros”, en clara referencia a las redes con las que ya cuenta Antel.
La medida fue anunciada por la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendia, y por el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guzmán Acosta y Lara. Aramendia manifestó en la web de Presidencia que esta habilitación “traerá mayores opciones y más libertad para elegir a los usuarios”. En ese mismo sentido, el presidente Luis Lacalle Pou argumentó que la decisión busca “beneficiar al consumidor y la competencia”.
Por su parte, según El Observador, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señaló que las resoluciones del Poder Ejecutivo “de ninguna manera obligan a Antel a brindar ningún servicio ni ninguna infraestructura”, pero reconoció que se juntarán con las distintas empresas a “negociar” la venta de sus servicios.
Entrevistado en Desayunos Informales, el presidente del ente aseveró que “se sabía que la agenda era a favor de la competencia buscando el beneficio de la libertad de elegir del consumidor y mejores precios”. “En ese marco es que nosotros sentimos que primero no le tenemos miedo a la competencia, segundo que la empresa está en una posición de fortaleza para enfrentar la competencia y tercero que estamos llevando adelante acciones muy fuertes y firmes anticipando a este escenario, porque esto es una no noticia”, puesto que “desde el 2016 se sabe que el máximo Tribunal de Justicia del Uruguay determinó que es anticonstitucional prohibir la competencia en este mercado y, desde hace dos años, el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de enviar al Parlamento una ley de medios que permitiera subsanar esta ilegalidad con carácter general para los cableoperadores”, justificó Gurméndez sobre la reciente resolución.
“Sabíamos que se venía este escenario”, advirtió el presidente de Antel, que además aseguró que la empresa estatal “viene fortaleciendo sus capacidades para competir en un mercado que se abre”. “Partimos de una posición de gran dominio, tenemos una red de gran capilaridad de fibra óptica en todo el Uruguay”, destacó el jerarca.
“Como ocurrió en Uruguay en el año 2003 en materia de telefonía móvil, lo que hemos visto es que la competencia crece cuando los mercados se abren”, remarcó Gurméndez. “En aquel momento había gente que se oponía. Decían que si se abría a la competencia se iba a fundir Antel y a perder el monopolio”, recordó. “La realidad es que a partir de esa decisión el mercado de celulares explotó, y esa competencia favoreció a los clientes y nos obligó a estar fuertes”, indicó. También demostró que “en esa puja competitiva donde hay que seducir al cliente y buscar promociones, se bajan los precios”. “Los precios hay que bajarlos si hay competencia, también ajustando mejor el manejo de los gastos y servicios”, aseveró el titular de Antel. Sobre el futuro del negocio de internet expresó: “Vamos a competir en alcance, seguridad y en precio”.
Sutel rechaza desmonopolización de Antel y denuncia “asalto a la soberanía”
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones rechazó el anuncio realizado desde el gobierno de autorizar a las empresas de cable a vender servicio de Internet. En un comunicado, Sutel calificó la decisión de “peligrosa” y que “forma parte de un proceso impulsado desde esta administración mediante la cual se procura desmantelar a la empresa pública atentando contra el monopolio que hasta ahora pertenecía a Antel”.
Consultado por La Mañana, el presidente de Sutel, Gabriel Molina, manifestó: “Si nosotros analizamos todo lo que vienen haciendo contra Antel, lo más seguro es que lleguemos a conclusiones muy distintas a las que viene manejando el Poder Ejecutivo”.
En referencia a los decretos que habilitaron a los cables a vender internet, Molina dijo que “es una decisión política que nada tiene que ver con la inconstitucionalidad resuelta por la justicia, ya que en ningún momento le obliga al poder ejecutivo a darles licencias a nadie». Asimismo, cuestionó que el presidente de Antel dijera que no iba a interponer ningún recurso contra los decretos en cuestión, puesto que “esto lo hace sin consultar con la asesoría jurídica de la empresa”, advirtió el gremialista. En las últimas horas desde Sutel se informó que presentará un recurso administrativo para suspender entrega de licencias a cableoperadores y si es rechazado recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es increíble que los nuevos negocios sean abrir la fibra a los privados y multinacionales”, concluyó Molina y agregó: “Así lo fundamenta el presidente de Antel en una clara actitud de desidia y falta de voluntad de defender a la empresa pública que él dirige”.
“Advertimos que esta resolución de Presidencia de la República genera un precedente tan grave que habilitará que multinacionales compitan también con nuestra empresa pública en un servicio que genera una recaudación a Antel del orden de los US$ 400 millones anuales y compromete el acceso universal de las telecomunicaciones”, agregó Sutel. El gremio entiende que estas medidas van “en línea con un modelo neoliberal y privatizador” y “no hacen más que entregar el patrimonio de las y los uruguayos a unas pocas familias y asalta la soberanía de nuestro país”.
El sindicato manifestó que esta decisión se relaciona con el nuevo proyecto de Ley de Medios que “habilita al Poder Ejecutivo a entregar nuestra soberanía, violenta el monopolio existente de la empresa de todos y de todas y concentra aún más los medios de comunicación posibilitando su extranjerización”, denuncia el comunicado.
En el mismo, el gremio solicitó una reunión al directorio completo de Antel con carácter “urgente” para conocer “la posición de organismo”, además de convocar al Congreso Nacional de Delegados/as para el 29 de junio, para analizar y resolver el plan de acción y el estado del sindicato, indagar las posibles acciones legales y convocar rápidamente a la comisión técnica de Sutel. También realizaron un paro de 24 horas el pasado miércoles 22, en toda la Zona Metropolitana. Desde Sutel se informó que están “en sesión permanente analizando los pasos a dar para evitar que se continúe con estas políticas destructivas impulsadas por esta administración de gobierno”.
El sindicalista apuntó a “los ataques permanentes a la plataforma Vera TV” y criticó la postura de Antel de no incursionar en contenidos porque, según alega el ente, “no corresponde a empresas de telecomunicaciones”. Al respecto, el presidente de Sutel advierte que “los contenidos son nuevos negocios que se abren para las empresas”.
Molina también cuestionó que se demore el despliegue de la tecnología 5G, esperando que primero estén prontas las otras empresas. “¿Es estrategia o es desidia?”, preguntó. Este cuestionamiento también fue realizado por el director de Antel en representación por el Frente Amplio, Daniel Larrosa. “El desarrollo del 5G de Antel está bloqueado cuando disponemos de un despliegue imponente de fibra óptica y de una red robusta de antenas LTE adecuadas para la adopción de esta nueva tecnología”, advirtió a fines de mayo, por lo que se preguntó: «¿por qué lo frena el Poder Ejecutivo?».
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