La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a analizar la Rendición de Cuentas, la cual se espera se esté votando en el plenario desde el 16 de agosto. El proyecto consta de 304 artículos, varios son polémicos y plantean diferencias dentro de la coalición.
Se retiró artículo sobre depósitos fuera del BROU
En las últimas horas se confirmó que legisladores oficialistas que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados acordaron sacar del proyecto el artículo que permitía a organismos públicos depositar sus fondos en la banca privada, modificando una norma de 1987 por la cual deben realizarlos al BROU. Esta disposición había sido cuestionada por Cabildo Abierto y el Partido Colorado.
Partido Nacional no negocia artículos para creación del fideicomiso de integración
Los artículos 208, 209, 210 y 211 plantean la creación, el funcionamiento y la financiación del «Fideicomiso Integración Social y Urbana» destinado a eliminar los asentamientos. Se prevé financiarlo con lo recaudado por el Impuesto Adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales y la Sobretasa del Impuesto al Patrimonio. Estos fondos tenían como destino el Instituto de Colonización y eran destinados a la compra de tierras, aunque ya en 2020 se destinaba a Rentas Generales.
Se estima que entre ambos recaudan por año unos US$ 20 millones. Para el Partido Nacional esta propuesta es innegociable. Además, podrá convertirse en Fideicomiso Financiero a los efectos de emitir títulos valores y tomar préstamos bancarios en la plaza local o en organismos internacionales.
Pago por realojo de asentamientos genera reacción de intendentes
El artículo 207 establece que el Poder Ejecutivo puede resarcirse de los costos incurridos en el desalojo y la relocación de asentamientos irregulares. El cargo será para los gobiernos departamentales «cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia para evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares». Este artículo ha generado la protesta de casi la totalidad de los intendentes departamentales de todos los partidos y se duda que sea aprobado.
Mayor control para licencias por enfermedad
El artículo 12 prevé cambios en la licencia por enfermedad para los funcionarios públicos. Si superan los treinta días en un período de doce meses o los cincuenta días en un período de 24 meses se deberán comunicar al jerarca de la unidad ejecutora. En ese caso se solicitará el dictamen de los servicios médicos de la dependencia o del Ministerio de Salud Pública.
Si se determina imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones, podrá prolongarse la licencia hasta por un año, pudiendo, por resolución fundada de la Junta Médica de ASSE, extenderse dicho plazo por hasta un año más. Vencido dicho plazo se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica.
Si la Junta Médica de ASSE dictaminara que el funcionario está apto para la función, este deberá reintegrarse en un plazo máximo de 72 horas al servicio y si dictaminara que el funcionario padece ineptitud física o psíquica permanente, se deben iniciar los trámites jubilatorios de manera inmediata. Quedan excluidas de los plazos establecidos las inasistencias derivadas del embarazo. COFE adelantó que cuando concurra a la comisión exigirá que queden fuera de la normativa los pacientes oncológicos.
Según informó la Oficina Nacional del Servicio Civil, en 2016 se certificaron 10.255 funcionarios, en 2017 fueron 10.652 funcionarios, en 2018 fueron 51.526 y en 2019 se certificaron 68.520. En 2019 se certificó el 42% de los funcionarios de la administración central. El promedio de cada certificación fue de 38 días y un 15% fue por más de dos meses. En las empresas públicas en 2019, un 58% de los empleados se certificaron en promedio por 28 días.
Acceso del Ministerio del Interior a registro de cultivadores de cannabis
El artículo 72 modifica el artículo 8 de la ley 19.172 que legalizó la marihuana en 2013. El presidente Lacalle Pou se opuso a la versión original del proyecto por lo cual se estimaba que no sería aprobada. Sin embargo, existe un pre-acuerdo entre legisladores de la coalición para darle una redacción que finaliza de la siguiente manera: «La información de la localización (dirección o ubicación) de los clubes cannábicos y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos».
Venta de vehículos incautados por el Ministerio del Interior
El artículo 71 faculta al Ministerio del Interior a vender los vehículos que se encuentren en sus instalaciones y que procedan de la incautación derivada de un procedimiento policial y existiendo orden judicial, siempre y cuando el propietario no lo haya retirado en un período de dos años desde la incautación. Lo recaudado irá un 50% para el Ministerio del Interior, un 25% al Poder Judicial y el 25% restante a la Fiscalía General de la Nación.
Las prestaciones del Hospital Policial
Se decidió quitar el artículo 60 del proyecto por el cual los familiares de funcionarios policiales con Fonasa dejaban de contar con la prestación de salud que tenían en el Hospital Policial. De esta manera se atendió el reclamo del Sindicato de Policía (Sifpom) que había manifestado al ministro Heber su discrepancia con la medida.
La renovación de la cédula de identidad
El artículo 57 cambia una norma de 1978: la validez de la cédula de identidad. Se propone que hasta los dieciocho años de edad se renueve por períodos de seis años; desde los dieciocho años de edad hasta los sesenta y ocho años se renueve por períodos de diez años; y desde los sesenta y ocho años de edad en adelante, permanente. Antes era así: hasta los veinte años de edad era por períodos de cinco años; desde los veinte años de edad hasta los sesenta era por períodos de diez años y desde los sesenta años de edad en adelante era permanente.
Cambios en el Fondo de Seguridad Vial
El Fondo de Seguridad Vial recibe el 100% de las multas por no cumplir con las normas de la Unasev (seguro contra terceros). En el artículo 35 se establece que recibirá el 70% y el 30% restante el Ministerio del Interior «con destino a los gastos operativos y el correcto funcionamiento del sistema fiscalizador».
Evacuaciones y el accionar de bomberos
El artículo 65 hace referencia a una ley de 1987 sobre el accionar de los bomberos. La ley de 1987 establecía que los bomberos «podrán disponer la evacuación total o parcial, con prohibición de reingreso, de personas que habiten construcciones que hayan sufrido deterioros donde exista peligro de siniestro o riesgo de derrumbes, o que representen un peligro potencial para su estabilidad y habitabilidad, para la seguridad de la vida humana o de los bienes o la seguridad pública, y procederán inmediatamente a tapiar las vías de acceso a las referidas construcciones». Ahora se agrega que «se dará cuenta de la situación al Ministerio de Desarrollo Social en atención a las personas que habiten dicha construcción, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en caso de haber menores de edad, a la autoridad municipal correspondiente y a la judicial competente.»
Fomentar el trabajo en las cárceles
Se plantea mediante el artículo 73, la creación del Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, con la finalidad de fomentar el trabajo a través de emprendimientos productivos dentro de las cárceles. Quienes estén presos y voluntariamente produzcan bienes o presten servicios, podrán comercializarlos.
Aduanas cobrará por uso de dependencias para filmaciones
El edificio de la Dirección de Aduanas de Ciudad Vieja es requerido en muchas ocasiones para realizar filmaciones, ya sea de series, películas o comerciales. El artículo 102 autoriza a Aduanas a cobrar por el uso de las dependencias y lo recaudado será para el mantenimiento edilicio de las dependencias de Aduanas. Se exceptúa del pago a instituciones de enseñanza.
Zonas Francas y eliminación de biodiesel
La Dirección General de Comercio es suprimida según se pretende con el proyecto. Desde el artículo 107 al 110 se propone la creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Por otra parte, la obligación de mezclar biodiesel con el gasoil, una norma vigente desde 2007, quedaría suprimida por el artículo 156.
Cabildo Abierto ha cuestionado estas dos propuestas. En el segundo caso sobre biodiesel, porque no se informa cuántos puestos de trabajo se suprimirán, qué ocurrirá con la planta de biodiesel de Ancap y con los compromisos medioambientales, ya que el biodiesel baja la emisión de gases contaminantes y existen acuerdos internacionales que el país suscribió.
Antibloqueo de frenado en autos cero kilómetro
La Rendición de Cuentas incluye algunos pequeños cambios en las normas, las cuales forman parte muchas veces de la vida diaria. El paso de los años llevó a que se deban actualizar muchas leyes debido a la incorporación de nuevas tecnologías o la creación de nuevas instituciones.
Todos los autos cero kilómetro deberán contar con un sistema antibloqueo de frenado o ABS. Antes era solo frenos ABS. El proyecto propone que bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas o cuadriciclos puedan tener un sistema de visión indirecta (cámaras), antes solo se mencionaba espejos.
Nuevo programa para inserción laboral
Dentro del Ministerio de Desarrollo Social se crea el «Programa Accesos» que tendrá como objeto promover la inserción laboral y el desarrollo socio educativo de los participantes de otros programas del mismo ministerio y de otros organismos públicos. Tendrá dos fases. En la primera el objetivo es la educación y a los participantes se les abonará una prestación mensual equivalente a un salario mínimo nacional. La fase dos hace referencia al incentivo de contratación del participante por parte de una empresa privada o una organización, para desarrollar las tareas que la contratante establezca. Esas empresas serán seleccionadas, pagarán los salarios de los contratados, pero no los aportes patronales al BPS.
Se deroga el Programa Uruguay Trabaja y los fondos destinados al mismo formen parte de la financiación de Accesos. También se financiará con el proyecto «Trabajo Protegido». El programa Uruguay Trabaja, se cumplirán hasta su finalización, sin que sea posible una prórroga.
Facilidades para proveedores extranjeros
El artículo 26 exime de inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado a proveedores extranjeros no domiciliados en el país, cuando sus servicios sean exclusivos.
Radios comunitarias con plazos de dos años
El artículo 160 establece que las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y los grupos de personas organizadas sin fines de lucro que tengan radios comunitarias podrán continuar usufructuando la frecuencia adjudicada por el plazo improrrogable de dos años, desde aprobada la rendición de cuentas y transcurrido dicho plazo deberán cesar las emisiones. El Poder Ejecutivo podrá otorgarles autorizaciones para continuar emitiendo.
Nuevo organismo dentro de Presidencia
Dentro de Presidencia se crea el Sistema de Información de Protección Social (Artículo 28), que tendrá como cometido centralizar toda la información sobre transferencias económicas, programas de alimentación, educación en todos sus niveles, acceso a la vivienda, salud y partidas correspondientes a los organismos de seguridad social.
Registro para evitar llamadas comerciales
Se crea en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) el registro denominado «No llame». En el mismo se podrán inscribir quienes no desean ser contactados, vía telefónica para ofertas y servicios. Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro.
Creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones
El artículo 153 crea el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT) que funcionará dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Tiene como fin «garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e Internet en todo el territorio nacional». La idea es llegar a zonas donde no hay facilidad de comunicaciones, financiando dicha infraestructura por parte del FUT. El dinero para estos proyectos saldrá de las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el límite máximo del 5% de lo obtenido. Cuando se cree infraestructura en una zona, todas las empresas de ese sector (por ejemplo, telefonía o Internet) deberán poder usar la misma.
Modificaciones en el acceso a la información pública
El artículo 29 modifica el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se establece cuál es la información que los organismos públicos deben brindar mediante sus sitios web agregando que «la información solicitada que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año, solo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión». Para el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, este cambio «es regresivo e innecesario» según señalaron en un comunicado.
Animales con necesidades básicas contempladas
Las normas de bienestar animal señalan que «los circos, los jardines zoológicos, los centros recreativos, los refugios, los criaderos, los centros de rehabilitación, los albergues y los centros de entrenamiento, públicos y privados, deberán mantener a los animales en condiciones que contemplen las necesidades básicas de asistencia sanitaria, espacio, medio ambiente, higiene y alimentación de la especie que corresponda». En el artículo 6 se agrega que «a efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones enunciadas el Instituto Nacional de Bienestar Animal podrá ingresar a los locales e instalaciones en que funcionen estas entidades».
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