La oposición y el Pit-Cnt pidieron más tiempo para la discusión del borrador del diagnóstico que presentó la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que trabaja, desde noviembre, en la elaboración para este año de un proyecto de ley que reforme el sistema jubilatorio uruguayo.
Como punto de partida, el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, señaló que esta es una reforma de carácter “demográfico”, debido a que Uruguay es un país en un proceso de envejecimiento poblacional, con un declive de las tasas de fecundidad, y donde el único sector etario que crece es el de mayores de 60 años.
En ese sentido, Saldain manifestó en varias oportunidades que será necesario aumentar la edad de jubilaciones -inicialmente a 65 años y ajustarla según evolucione la esperanza de vida- para alivianar a las próximas generaciones activas y para que no aumente el gasto público en seguridad social (11% del PIB).
Representantes del Frente Amplio señalaron que el borrador tiene “debilidades” y que necesita de “cambios sustanciales” para que reúna las “condiciones” necesarias para ser un insumo válido y así iniciar la discusión
La CESS, conformada por integrantes de los principales partidos políticos, autoridades de los ministerios de Economía, de Trabajo y de la OPP, además de representantes del sector sindical, empresarial y de los jubilados, desde noviembre recibió informes, se reunió con más de cuarenta delegaciones de instituciones involucradas en la materia y realizó varias conferencias virtuales. En virtud de la información recogida en esas instancias, la CESS elaboró un primer diagnóstico que entregó sobre fines de 2020 a los distintos sectores que, por estas horas, lo analizan para formular comentarios en las próximas semanas. De todas formas, algunos colectivos ya manifestaron discrepancias con ese texto.
En la reunión del 15 de enero, los miembros de la comisión que representan al Frente Amplio (FA) señalaron que el borrador tiene “debilidades”, y que necesita de “cambios sustanciales” para que reúna las “condiciones” necesarias para ser un insumo válido y así iniciar la discusión sobre la reforma del sistema previsional. Por eso, pidieron que la comisión haga uso de la prórroga (la cual deberá ser concedida por el Poder Ejecutivo) para poder elaborar un “diagnóstico adecuado”.
Diferencias respecto al régimen de las AFAP
En un primer análisis que elaboraron los delegados frenteamplistas de la CESS, indicaron que el documento presentado “refleja una mirada parcial e incompleta respecto al estado de situación del sistema de seguridad social uruguayo” y discreparon con “las conclusiones” que se presentaron como “de consenso”, entre los principales actores y el Banco Central, respecto al actual régimen de las AFAP.
El borrador indica que el marco regulatorio sobre las afiliaciones de oficio -que asigna al afiliado la AFAP con menor comisión- “ayuda a mantener la posición dominante” y toma en cuenta como “una única variable” la comisión de administración y desconsidera la rentabilidad, muy relevante en el proceso de capitalización. El documento elaborado por el FA advierte que “se omitió” un estudio que presentó República AFAP que contiene “un análisis crítico de por qué utilizar como indicador la rentabilidad neta no es un buen criterio de asignación”.
A su vez, el FA señala que el diagnóstico plasma varias de las inquietudes planteadas por la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) -que nuclea a las AFAP privadas- como la de rever una normativa instaurada en 2017 que topea las comisiones. Según el diagnóstico primario de la CESS, “la posición de todos los actores coincide en que sería bueno modificar el diseño del tope máximo en la comisión, eliminando la menor comisión cómo único criterio a valorar”.
Los subsistemas con “desequilibrios financieros”
Además, desde el FA consideran importante que se incorporen al diagnóstico las “proyecciones financiero-actuariales de los diferentes subsistemas”.
Un informe presentado a la CESS por el Banco Mundial advierte que los subsistemas que actualmente presentan “desequilibrios financieros significativos” son el BPS, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Caja Militar) y el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales (Caja Policial); “las únicas que cuentan con asistencia financiera del Estado en caso de necesitarla”.
El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo que “no hubo una discusión colectiva para la construcción de un diagnóstico”
Según datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recogió el organismo, en 2019, el BPS cubrió al 88,2% del total de los pasivos, mientras que las cajas Militar y la Policial cubrieron al 6,5% y 4,3%, respectivamente”. El informe concluye en que “los resultados financieros del BPS y de la Caja Militar evidencian una tendencia al deterioro en los últimos años; más leve pero más prolongado en el tiempo en el caso de este último”.
En un informe presentado a la CESS, la Caja Militar abogó por que su régimen previsional se diferencie de BPS, debido a que los militares tienen una “justicia, un sistema disciplinario, derechos, licencia, remuneraciones, nocturnidad, horas extras y extensión de servicio” diferente al resto de los trabajadores. El documento explica que una de las causas del déficit es que desde el año 1991 son más los jubilados que los activos, y que esa tendencia sigue creciendo.
En el informe se sostiene que la reforma de 2018 se implementó teniendo en cuenta la “disminución constante del personal activo”, el “incremento de pases a situación de retiro correspondiente a fuerzas de mayor porte”, la “revaluación de pasividades” por el aumento general de los salarios, “la demora en procesar reformas necesarias” y la “sanción de leyes que incrementaron las pasividades en curso de pago y posteriores”. Más allá de que en la Caja Militar entienden que esa reforma “fue en el sentido correcto para corregir la trayectoria, la demora hizo que los cambios implementados debieran ser muy profundos”, y que los mismos “no aseguran la sostenibilidad” del sistema en el futuro.
La Caja Militar detalló que, con la reforma de 2018, la tasa de reemplazo (porcentaje de salario que se cobra como pasividad) pasó a ser del 52,5%, con 35 años trabajados, mientras que en el régimen anterior la tasa era de 100%. Sobre ese cambio, el Ministerio de Defensa señaló que, con el nuevo régimen, los grados menores se vieron más afectados que los altos. Comparado con valores de 2020, un sargento antes ganaba 105% más, un cabo de segunda 95% y un soldado 89%. En tanto, un general percibía 32% más, un teniente 28% y un coronel 21% más.
Presidente de BPS relativizó la desaprobación popular en subir la edad de retiro
En una conferencia de prensa realizada por el Pit-Cnt, el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo que “no hubo una discusión colectiva para la construcción de un diagnóstico”. Desde la central sindical creen pertinente más tiempo e información a la opinión pública, para que el proceso de reforma previsional se desarrolle mediante un “amplio diálogo social”.
Ruiz hizo referencia a que una encuesta, realizada por Equipos Consultores, registró que solamente el 10% de la población tiene una idea clara de los cometidos de la CESS y que 78% rechaza subir la edad de retiro.
Por su parte, el presidente del BPS, Hugo Odizzio, manifestó, en entrevista con La Diaria, que ve “bien enfocada” a la comisión de expertos y que es comprensible que la gente no entienda qué es la edad de retiro o la tasa de reemplazo, “porque son temas muy técnicos”. Sobre otro dato que arrojó la encuesta, respecto a que la mayoría percibe cobrar menos de lo aportado, dijo que resulta “curioso” creer que le pagan muy poco en función de lo que aportó, “cuando es algo matemático y no da lugar a opiniones: con los aportes se paga en promedio 7 años de jubilación, y se cobra por entre 18 y 20 años”, aseguró.
Para Odizzio, estos son procesos que apuntan a las futuras generaciones, por lo que hay que tomar decisiones que velen por ellas; entonces, “no es que hay que pensar en la madurez de la sociedad, sino en la del sistema político”, concluyó.
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