La intervención estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro no encontró una respuesta unánime en América Latina. La Celac fracasó en emitir una declaración conjunta tras una reunión ministerial de urgencia, marcada por el respaldo de unos países y la condena frontal de otros.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una cumbre extraordinaria este domingo 4 de enero para responder a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y los bombardeos a instalaciones militares del país por parte de Estados Unidos. El encuentro, solicitado urgentemente por Brasil y convocado por Colombia —que ostenta la presidencia pro tempore del bloque—, terminó sin poder emitir una declaración conjunta debido a la profunda división ideológica entre sus miembros.
La reunión ministerial, realizada por videoconferencia, evidenció que los 33 países del bloque tienen posturas “diametralmente opuestas” sobre la operación militar estadounidense denominada “Operación Resolución Absoluta”, que el sábado 3 de enero resultó en el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.
Una división ideológica insalvable
Las posiciones dentro de la CELAC se alinearon claramente según el espectro político de los gobiernos:
- A favor de la intervención estadounidense: Los presidentes de Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa) y El Salvador (Nayib Bukele) celebraron la caída de Maduro, a quien calificaron de “narcoterrorista”, usando el mismo término empleado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
- En contra de la intervención: Los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Chile (Gabriel Boric), Colombia (Gustavo Petro) y México (Claudia Sheinbaum) condenaron la acción militar. El presidente Lula declaró que la operación “cruzaba una línea inaceptable” y constituía una “afrenta gravísima a la soberanía” de Venezuela, instando a la ONU a dar una respuesta “vigorosa”.
Ante este bloqueo, un grupo de países buscó una vía alternativa. Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las “acciones unilaterales de EE.UU. en territorio venezolano”. El documento afirma que la intervención “contraviene principios fundamentales del derecho internacional” y crea “un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional”.
La denuncia venezolana y la respuesta internacional
Durante la cumbre, el canciller venezolano, Yván Gil, realizó una enérgica intervención. Denunció que Estados Unidos violó “la Zona de Paz” proclamada por la CELAC y múltiples artículos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención.
“Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía… Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarla”, afirmó Gil, exigiendo la liberación inmediata de Maduro.
Su llamado encontró eco en los cancilleres de Cuba y Nicaragua, quienes condenaron la acción como un retorno a la “doctrina Monroe” y una herida profunda a la paz regional.
Mientras tanto, en el ámbito global, China e Irán han exigido la liberación “inmediata” de Maduro y su esposa, calificando la operación como un “secuestro” y una “clara violación del derecho internacional”. Rusia y China también respaldaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por Colombia para este lunes.
Consecuencias inmediatas y panorama incierto
La intervención militar ha sumergido a Venezuela en una crisis de consecuencias impredecibles que se desarrolla a gran velocidad en múltiples frentes. Al otro lado del océano, en un tribunal federal de Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron cargados de esposas y bajo una férrea custodia, una imagen que resonó en todo el mundo. Su defensa prepara un argumento central: la inmunidad soberana de un jefe de estado en funciones. Sin embargo, se anticipa un rechazo frontal por parte de la administración estadounidense, que históricamente ha negado legitimidad a su gobierno.
Mientras tanto, en Caracas, la maquinaria institucional oficialista se puso en marcha. Ante lo que la Corte Suprema de Justicia calificó como una “ausencia temporal” del presidente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional. De inmediato, decretó un “estado de conmoción exterior”, asumiendo el liderazgo interino que Brasil ya se apresuró a reconocer, un movimiento que llena el vacío de poder pero ahonda la fractura regional.
Esta inestabilidad ha encendido las alarmas sobre el futuro del país y sus vastos recursos. El fantasma de una apropiación externa, evocada en antiguas declaraciones de Donald Trump sobre “reconquistar” los hidrocarburos venezolanos, planea sobre la crisis. El temor fue expresado explícitamente en el comunicado conjunto de seis países y por el canciller cubano. Una amenaza que se materializa en las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió sobre “mecanismos de presión” como un potencial bloqueo naval al petróleo, tensando aún más la cuerda de la confrontación.
El fracaso de la CELAC para articular una posición unificada no solo deja a Venezuela en una crisis profunda, sino que también expone la vulnerabilidad de los mecanismos de diálogo regional en un momento de máxima tensión. La división refleja un continente fracturado, donde la solidaridad política ha sido reemplazada por alineamientos ideológicos que dificultan cualquier respuesta colectiva a una de las acciones militares más graves en la región en décadas. La atención ahora se centra en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional deberá decidir si condena o avala un operativo que ha reabierto profundos debates sobre soberanía, derecho internacional y el futuro de la diplomacia en las Américas.
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