La discusión sobre los cambios al Fonasa en la Comisión Permanente expuso menos una disputa técnica y más una batalla por el control del gasto público y la legitimidad para decidirlo. Mientras la oposición exige eficiencia y acusa al gobierno de gestionar por decreto, el oficialismo defiende la corrección como un paso necesario hacia un sistema más efectivo.
El miércoles, la Comisión Permanente del Parlamento fue el escenario de un choque frontal entre dos visiones irreconciliables del país. Mientras los ministros del oficialismo defendían con cuadros técnicos una “corrección” para hacer más equitativo el Fonasa, la oposición les acusaba de buscar un “impuesto encubierto” y de meter, una vez más, “la mano en el bolsillo” de los uruguayos. El impacto de esta batalla será concreto: a partir de 2027, miles de ciudadanos que hoy reciben una devolución dejarán de hacerlo. Se estima que solo 81,000 personas la percibirán, menos de la mitad de las 155,000 que la obtuvieron en 2026, inyectando al sistema entre 70 y 80 millones de dólares adicionales.
El cambio técnico que desató la polémica
El debate parlamentario giró en torno a una modificación metodológica en el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE), parámetro clave del Fonasa que establece un tope anual de aportes; superarlo genera una devolución al año siguiente.
Según el gobierno, la metodología anterior presentaba dos “errores de diseño”:
- Cobertura desde el nacimiento: Suponía que todos los beneficiarios (2.65 millones) estuvieron cubiertos desde que nacieron, cuando el sistema se creó en 2008. Esto subestimaba el costo real al incluir años sin cobertura efectiva.
- Expectativa de vida fija: Usaba una única edad promedio (74.9 años para hombres, 81.4 para mujeres), sin considerar que muchos viven más, aumentando los costos en los tramos etarios más caros.
La nueva fórmula corrige estos supuestos: para los mayores de 18 años, considera solo los 18 años de cobertura real del sistema (desde 2008) y usa curvas de supervivencia estadísticas en lugar de un promedio fijo. Como resultado, el CPE subió de $4,828 a $6,693, elevando el tope de aportes y reduciendo las devoluciones futuras.
Las posturas enfrentadas en el hemiciclo
El oficialismo: una corrección por justicia y sostenibilidad
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, presentó el cambio como una necesaria corrección técnica, negando un propósito recaudatorio y subrayando que los ajustes eran conocidos desde 2019. Sostuvo que el sistema “subestimaba injustificadamente” su costo real. Ante las críticas, lamentó que el debate derivara en ataques personales en lugar de centrarse en los fundamentos jurídicos y metodológicos.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, enfatizó el principio de solidaridad del Sistema Nacional de Salud. Argumentó que los recursos adicionales permitirán mejorar la calidad de atención para todos. El senador frenteamplista Daniel Borbonet fue más allá: “Si fuera por nosotros, ni una devolución tendría que haber”, defendiendo la solidaridad con los casi 900,000 usuarios de ASSE que no pueden aportar.
La oposición: un “impuesto encubierto” y falta de legitimidad
Los legisladores opositores rechazaron la narrativa técnica. El senador nacionalista Sebastián Da Silva acusó a Oddone de mentir “con premeditación y alevosía” y de aplicar el conocido mecanismo frentista de “meter la mano en el bolsillo”. Cuestionó el momento del anuncio —cercano al fin de año— y lo vinculó a una necesidad fiscal.
El diputado nacionalista Pablo Abdala y el senador colorado Pedro Bordaberry cuestionaron la legalidad de la medida. Bordaberry afirmó que modificar las devoluciones requiere una ley tributaria, y que de otro modo sería una “expropiación” inconstitucional. Abdala insistió en el “carácter recaudatorio”, argumentando que el gobierno encontró un “nicho” para obtener recursos.
Un trasfondo ideológico más amplio
El debate trascendió lo técnico y expuso una grieta ideológica sobre el modelo de país. La diputada oficialista Ana Olivera defendió el sistema como fruto de una fuerza política que buscó atacar la desigualdad desde 2005. En cambio, Bordaberry acusó al oficialismo de no atacar los verdaderos problemas —las “roscas” del sistema— y de castigar a quienes “ganan y se esfuerzan”.
Da Silva anunció un seguimiento exhaustivo del destino de los fondos adicionales y no descartó acciones legales para exigir que el cambio se apruebe por ley. Esta promesa de fiscalización marcará la continuidad del conflicto.
Un conflicto que continuará
La sesión dejó en claro que la disputa sobre el Fonasa es profunda. Más allá de los argumentos técnicos, el desacuerdo refleja visiones opuestas sobre solidaridad, equidad tributaria y los límites del poder ejecutivo. Con la oposición prometiendo un seguimiento riguroso y el gobierno defendiendo la medida como un ajuste de justicia, el tema seguirá en la agenda política, especialmente a medida que se acerque 2027 y los uruguayos comiencen a ver el impacto concreto en sus devoluciones.
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