Alicia Canetti fue responsable de la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Clínica Psiquiátrica de la Udelar y hoy integra el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de dicha universidad. En diálogo con La Mañana, la experta analizó la realidad de la salud mental en Uruguay y, aunque mencionó que hubo ciertos avances en la materia, dejó en claro que aún persisten fallas en el sistema, inequidades de acceso y falta de recursos.
¿Cómo analiza la realidad de la salud mental en Uruguay?
Hablar de salud mental en el país nos remite a un campo muy amplio y complejo que abarca desde la situación de salud de las personas y su determinación social hasta las condiciones de atención, su disponibilidad y accesibilidad.
En relación con el primer aspecto, si bien Uruguay no cuenta con datos estadísticos y epidemiológicos precisos, los reportes indican que no diferimos sustantivamente de otros países de la región. Sabemos que los problemas de salud mental tienen una frecuencia elevada, en especial los llamados “comunes” como la depresión o la ansiedad, y que la carga de discapacidad y muerte atribuible a este tipo de problemas es elevada. Su impacto en la vida cotidiana y el bienestar de las personas, y por ende su costo social, es muy alto. También sabemos que Uruguay se encuentra entre los 11 países con mayores tasas de suicidio a nivel mundial y entre los tres primeros en el continente. Estos fenómenos responden a múltiples causas, además de las biológicas, entre las que sin duda las desigualdades económicas, de género, generacionales, étnicas, constituyen aspectos centrales.
En lo que refiere a la atención y cuidado en salud mental, el país ha avanzado en términos de política pública y de su implementación desde los 80 en adelante, acompasando gradualmente las orientaciones internacionales. Se ha avanzado en la consolidación del paradigma de la salud mental comunitaria, jerarquizando el primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud, situando la atención en salud mental en el territorio próximo a la vida cotidiana de las personas y promoviendo una concepción integral de la salud y la salud mental. En este sentido, la aprobación de la Ley 19.529 en 2017 constituyó un hito, impulsado por la convergencia de actores sociales, académicos e institucionales. No obstante, aún se está lejos de la implementación de modelos que reflejen plenamente los principios promovidos por dicha normativa. Al respecto, la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental, creada por ley y de la cual formé parte durante el período 2022-2025, en su rol de observatorio de la realidad en este campo, ha identificado 10 grandes puntos críticos. Entre ellos se destacan la fragmentación del sistema y aún insuficiente coordinación intersectorial, inequidad en el acceso, debilidad del trabajo en equipo, ausencia de planes integrales e individualizados de atención y de apoyo a las familias, así como rezago en el desarrollo de acciones con enfoque comunitario, con fuerte anclaje territorial y participación social. A ello se suma la necesidad de avanzar en el monitoreo y evaluación, así como en el fortalecimiento de la investigación y la formación de profesionales y técnicos.
¿Cuáles son los principales obstáculos para acceder al sistema de salud mental actualmente? ¿Hay poblaciones que estén desatendidas?
Lamentablemente, hay barreras que atraviesan a la sociedad, a las personas, a los profesionales y técnicos y al propio sistema de salud, que obstaculizan el acceso a una atención adecuada. Estas barreras incluyen aspectos culturales, tabúes y estigmas, factores geográficos, desigualdades de género, económicas, y condicionantes políticas, normativas e institucionales. Por ejemplo, hay desigual distribución de recursos humanos y dispositivos entre Montevideo y el resto del país, hay esperas prolongadas para el acceso a recursos especializados. Hay problemas que podrían resolverse fuera del sistema de salud y terminan siendo atendidos en este ámbito, contribuyendo a su saturación. También hay diferencias de género, por ejemplo, las mujeres consultamos más que los hombres ante malestares psicológicos.
¿A qué atribuye la alta tasa de suicidios que tiene el país?
Lo primero y más importante a señalar es que el suicidio en particular y la conducta suicida en general son fenómenos complejos y por tanto no es posible hablar de una causa o un factor especifico que explique sus altas tasas en Uruguay. Su comprensión y abordaje exigen tener una mirada integral y multidimensional, en la que converjan diversas disciplinas y actores sociales. Una mirada que integre, pero a la vez trascienda los tradicionales enfoques biológicos, epidemiológicos y clínicos. Y esa no es tarea fácil. El grupo de Comprensión y Prevención de la conducta Suicida de la Universidad de la República, al que pertenezco, ha intentado recorrer un camino bajo este enfoque y ha hecho aportes en ese sentido. Por ejemplo, conocemos que el peso de los factores sociales es muy fuerte y que hay desigualdades económicas y de género que influyen. Hay factores culturales asociados a ciertos perfiles sociales actuales que también juegan un papel importante, como el individualismo, el consumismo, la presión por el éxito y el reconocimiento, el impacto a veces negativo de las redes sociales, el debilitamiento de ámbitos de contención, socialización y participación. La pobreza, la marginación y exclusión social, así como la violencia en todas sus formas, también afectan el valor de la vida y son factores contribuyentes. El hecho de que siga siendo un tema tabú, estigmatizado y del que no se puede hablar, también interviene, entre otras cosas, porque obstaculiza el reconocimiento del problema y la búsqueda de ayuda. A eso se agregan dificultades en el acceso a la atención, problemas en la formación de los profesionales y falta de políticas intersectoriales de promoción y prevención. Es importante subrayar que los factores culturales y los mitos asociados al suicidio también atraviesan a los profesionales y técnicos.
¿La falta de presupuesto impacta en esta área?
Toda política para ser exitosa requiere, entre otras cosas, de normativas y financiamiento que la respalden. La OMS señala que la distribución del presupuesto en salud debería ser proporcional a la carga atribuible a los problemas. A pesar del peso de los problemas vinculados a la salud mental, no se destina a esta área lo que corresponde. Y mucho menos aún al problema del suicidio. Se trata de presupuesto para la planificación, la implementación de acciones de promoción, prevención y atención del problema, para el monitoreo y evaluación de lo que se hace y también para producir conocimiento que aporte evidencia y ayude a identificar mejor lo que se necesita y lo que resulta beneficioso.
¿Qué rol cree que debería tener el gobierno para abordar esta situación? ¿Hacen falta mayores políticas de prevención?
El gobierno debe jugar un papel central en la rectoría de las políticas dirigidas a la prevención y abordaje del problema, fomentando la articulación entre instituciones del Estado, actores sociales y academia, y atendiendo a la reducción de las inequidades, en lo que algunos llaman gobernanza multinivel. A ello se suma la importancia de desarrollar, con mayor profundidad y alcance, políticas que apunten a la promoción del bienestar y prevención de los problemas.
¿Se está abordando adecuadamente la crisis de salud mental en adolescentes y jóvenes?
La situación de adolescentes y jóvenes está atravesada por muchos de los problemas ya mencionados, con algunas particularidades vinculadas a que constituyen un sector generalmente invisibilizado y a la responsabilidad del Estado, las instituciones, las familias y la sociedad en la garantía de sus derechos. En este sentido, la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental identificó, entre otros, dos aspectos que requieren urgente consideración: por un lado, las condiciones de institucionalización en dispositivos especializados de atención a la salud mental, y por el otro los efectos que produce en el desarrollo integral crecer en contextos de violencia.
La salud mental es el núcleo de lo que nos hace humanos, ya que refiere a nuestra capacidad de vincularnos, de sentir, de pensar, de producir y de construir sentido en comunidad. Por eso, asegurar la salud mental de la población es fundamental para el desarrollo de un país.
