Para Caggiani el proyecto que promueve el Ejecutivo «va contra Antel, que es una de las empresas más importantes» del país y le impide hacer las inversiones necesarias para desarrollar la tecnología 5G. Consultado por La Mañana, el legislador frenteamplista explicó el alcance de las medidas económicas que propone la oposición y aseguró que «Uruguay tendría que tratar de construir una fuerte agenda interna de integración».
Se está promoviendo un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué motiva a tomar esta acción?
Creo que uno de los contextos, al analizar el panorama político y parlamentario del año pasado, tiene que ver con que la pandemia ha trastocado parte del debate y la posibilidad de que las organizaciones sociales y políticas puedan desarrollar una profunda difusión de lo que estaba sucediendo en el debate parlamentario. En ese sentido, configuró un déficit democrático, y la posibilidad de establecer mecanismos de iniciativa popular por parte del Pit-Cnt, de la Intergremial Social y un conjunto de organizaciones, para poder debatir estos 135 artículos de manera más extensa y profunda, es importante porque robustece la democracia uruguaya.
¿Cuáles son los temas en los que faltó mayor debate?
Algunos tienen que ver con la regulación del rol de las empresas públicas como garantes de la regulación de un mercado. El caso de los combustibles es un debate que todavía el oficialismo y el sector están discutiendo términos públicos.
Lo que tiene que ver con la reforma de muchas áreas de la ley de educación, se necesita un debate mucho más amplio con el conjunto de los actores políticos y sociales, docentes, estudiantes y las autoridades educativas. Las grandes transformaciones educativas deben tener una base ancha y un importante apoyo, porque son cambios que tienen trayectorias de largo plazo. Lamentablemente, no se apostó a eso, y tampoco se apostó a la construcción de una política de Estado.
Las cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, el derecho a la posibilidad de expresarse, la limitación del derecho de huelga. Todos esos son elementos que son necesariamente discutibles y, sobre todo, muy necesarios de poder abordarlos con mucha profundidad y mucha responsabilidad.
¿Qué opina sobre la nueva ley de medios que estudia la Comisión de Industria de Diputados y sobre el nuevo rol que asumiría Antel?
Es una ley hecha a medida para las grandes corporaciones, sobre todo extranjeras. Es una ley que permite la concentración y la extranjerización de servicios muy importantes para Uruguay. Permite que un medio de comunicación extranjero pueda, por diferentes formas y vías, concentrar, desde el punto de vista de los permisos, pero también desde el punto de vista de la difusión de los contenidos.
Además, es una ley que va en contra de una de las empresas más importantes que tiene el Uruguay que es Antel, porque limita la posibilidad de desarrollo de contenidos. Hoy las empresas de telecomunicaciones, justamente, están orientando su plan de negocios a tratar de ganar mayor porcentaje de ganancias en los contenidos que producen, no solo los servicios de telecomunicaciones.
Sobre todo, le quita un mercado muy importante que tiene Antel, y más de US$ 400 millones de banda ancha se los regala a privados, sin ninguna licitación. Además de amputarle la posibilidad a Antel, de tener esos ingresos por la venta de fibra óptica, le impide hacer las inversiones necesarias para poder tener la infraestructura para desarrollar la tecnología 5G, por estas medidas que, sin dudas, terminan privatizando un sector muy importante de las telecomunicaciones. Esto es parte de un plan que tiene cierto sector del oficialismo, del herrerismo, de establecer una nueva regulación para las empresas públicas y de retraer el importante expertise que tienen las empresas del Estado en el desarrollo productivo y en la inversión pública de nuestro país.
«Hay un importante consenso a nivel político de que la orientación de la política económica del gobierno necesita un cambio de rumbo»
¿En qué se basan las 20 propuestas presentadas por el MPP para la reactivación de la economía?
Creo que hay un importante consenso a nivel político, de ciertos sectores del oficialismo, de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, de que la orientación de la política económica del gobierno necesita un cambio de rumbo. El gobierno, en el medio de la pandemia, continuó un ajuste brutal de la economía, un ajuste salarial, un aumento de las tarifas públicas, un aumento desmedido del precio del dólar que repercute en el poder adquisitivo de las familias uruguayas. Además, una serie de medidas insuficientes que se tomaron para atender la pandemia, agudizaron la crisis económica, y las perspectivas de crecimiento que el propio Poder Ejecutivo había establecido en la ley presupuestal fueron ampliamente rebatidas por la propia realidad.
Por lo tanto, con un conjunto de sectores políticos propusimos en el FA más de 20 medidas concretas para atender la situación de las familias y las pequeñas empresas uruguayas. Temas que tienen que ver con una canasta transitoria energética de servicios para las familias que tienen menores ingresos, la posibilidad de extensión del seguro de desempleo para que se pueda utilizar más de una vez por año, y que también se pueda tener mayor cobertura.
¿Qué medidas proponen para ayudar a las pymes y mipymes?
Por un lado, la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan tener un alivio en materia tributaria y en materia de algunos aportes a organismos públicos como el BPS y la DGI, por lo menos en estos meses de pandemia, para que estas 110 mil empresas, que nuclean a 150 mil trabajadores, puedan seguir en la formalidad. Según cifras oficiales más de un 10% de las empresas nacionales han cerrado en este último año, y eso, sin dudas, es una situación alarmante.
Entendemos que las pequeñas y medianas empresas pueden hacer un esfuerzo importante en conjunto con el Estado para promocionar el empleo, por lo que proponemos exoneraciones tributarias de los aportes patronales para poder promocionar un programa de empleo que, por un lado, les permita a las empresas recuperar mano de obra, pero también generar mayor demanda en el mercado interno, porque eso es trabajo nacional, es ingreso de las familias, y seguramente va a redundar también en mejores beneficios para el comercio minorista.
Por otro lado, creo que es importante promover el comercio de cercanías. Entendemos que existe un crecimiento muy importante de las grandes cadenas mayoristas y eso tiene determinadas problemáticas para el comercio minorista y, sobre todo, para los comercios pequeños que residen en los mismos territorios. También el comercio de frontera, creemos que, así como el precio de las naftas tiene determinado impuesto del Imesi, para los comercios de frontera también pueda existir algún tipo de tratamiento diferencial en materia tributaria.
¿Cómo ves la situación actual y el futuro del Mercosur?
Uruguay no puede jugar a ser una roncha en el Mercosur, sino que tiene que ser un puente de construcción, sobre todo, en un momento en donde los gobiernos de Argentina y Brasil tienen tirantez y visiones ideológicas diferentes. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo, sobre todo el presidente, intenta establecer como esa especie de jugar al Brexit del Mercosur, al Urexit.
Yo creo que hay que cerrar el acuerdo entre la UE y el Mercosur, porque es muy beneficioso. El mundo avanza hacia grandes conglomerados y Uruguay tiene que tratar de fortalecer la región. Creo que Uruguay tendría que tratar de construir una fuerte agenda interna de integración, que tiene que ver con la necesidad de avanzar en elementos de complementación productiva, en elementos de fortalecimiento de los fondos de convergencia estructural. También, en esta agenda, poder discutir aspectos que hacen a la gobernanza de la Hidrovía, que son señales de identidad que Uruguay tiene que poner arriba de la mesa.
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