La semana pasada el Gobierno definió, entre otras medidas económicas, la baja de aranceles a la importación de harina de trigo y aceite de soja y girasol y la reducción de las tasas que cobra el LATU a alimentos y bebidas importadas. Dirigentes políticos y sindicales expresaron preocupación por el impacto que puede tener en la industria nacional.
El pasado martes 17 de mayo, el Poder Ejecutivo brindó una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas a implementar en los próximos meses para amortiguar el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables del país. Estas medidas complementan las anunciadas anteriormente sobre recuperación salarial y rebajas de IVA.
Dos de las acciones se focalizan en controlar el aumento de precios. Por un lado, se estableció el congelamiento del precio del supergás desde el mes de junio y hasta el mes de setiembre incluido. Y por otra parte se estableció la baja de aranceles y tasas para algunos productos importados. Arbeleche manifestó que son dos pasos que se espera “sean el comienzo de otros pasos que van a continuar”, puesto que el gobierno pretende “tener precios más bajos y eso requiere cambios estructurales”, aseveró la titular del MEF en la conferencia.
Por otro lado, la ministra anunció la baja de los aranceles de aquellos productos que entienden “son de los más afectados por el conflicto internacional”: harina de trigo, y el aceite de soja y girasol”. En el caso de la harina de trigo, se elimina el arancel de 21% para importaciones extrazona (fuera del Mercosur), y en el caso de importaciones de harina argentina se reduce a la mitad (pasa de 12% a 6%). En tanto, para los aceites de soja y girasol también se elimina el arancel para las importaciones fuera del Mercosur y para las compras de aceite de Argentina se reduce de un 16% a un 8 %, informó Arbeleche.
Además, la ministra comunicó una medida que ya estaba prevista en un artículo de la Ley de Presupuesto, que habilita a que los controles sanitarios no tengan que realizarse en todos los embarques de exportaciones e importaciones. En ese sentido, el Poder Ejecutivo reglamentará la normativa existente a efectos de que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) realice controles de comercio exterior basados en análisis de riesgo, lo que permitirá “racionalizar procesos y abaratar costos”, explicó. En esa línea, la ministra comunicó que se reducirá la tasa cobrada por el LATU a la importación de alimentos y bebidas, de 1,5% más IVA a 0,5% más IVA, a partir del 1º de junio próximo. Arbeleche indicó que “estas son dos medidas concretas, estructurales, que tienen que ver con este objetivo de tener mejores precios, más bajos, de manera que podamos tener un mayor poder adquisitivo para todos los uruguayos”.
Matices políticos e incertidumbres sindicales sobre los efectos
Durante la interpelación parlamentaria a la ministra Arbeleche –llevada a cabo el jueves pasado e impulsada por legisladores frenteamplistas– se abordaron varias temáticas relacionadas a las políticas económicas y las medidas que se han tomado en los últimos tiempos para mitigar el fenómeno inflacionario en los sectores más pobres.
El representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, manifestó que su partido apoya las medidas anunciadas el martes 17 por el equipo económico, pero también expresó que hubiese “querido más” medidas. En ese sentido, Perrone sugirió la posibilidad de “extender” el beneficio del descuento de 50% de la garrafa de supergás a los jubilados con pensiones más bajas, lo que tendría “un costo de US$ 4,5 millones” y además advirtió que con la reducción del IVA a algunos productos alimenticios “se termina beneficiando un montón de gente que no necesitaba ese beneficio”, en lugar de apuntar a los sectores más afectados en sus ingresos.
Perrone cuestionó la baja de los aranceles a determinadas importaciones para intentar bajar los precios de venta en el mercado local, ya que esto “enciende una alarma en cuanto a la producción de la industria nacional, ya que tenemos poca”. Horas más tarde, entrevistado por En Perspectiva, el representante amplió su opinión sobre la reducción de aranceles y tasas para la importación de algunos productos.
“Nosotros ahí decimos que apoyamos esa medida, pero que tiene que ser para los productos de la canasta básica. Porque hay alimentos que son de alto costo, que los consume un sector de la población de alto poder adquisitivo, que no es necesario que tenga esa baja en ese arancel que se cobra”, sostuvo el legislador. Además, dijo: “Se bajan los aranceles a la importación de productos en el caso de harinas y aceite, que nosotros ahí entendemos que afecta directamente a la producción nacional, por eso también nosotros hablamos de plazos, de poner un plazo; o ir marcando plazos según vaya evolucionando la pandemia y la situación de inflación que hay en el mundo”.
“En vez de bajar ese arancel, ¿por qué no le damos algún beneficio a la industria nacional”, planteó Perrone. “Acá tenemos una industria nacional de aceite que es Cousa (Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A.), que tenemos que cuidarla, porque es una de las pocas industrias que quedan que producen este tipo de productos y si nosotros le abrimos la canilla de esta forma, ¿no estaremos afectando a la industria? ¿No estaremos poniendo en riesgo fuentes de trabajo?”, preguntó el diputado cabildante.
Por su parte, con relación a la eliminación y reducción de aranceles a la importación de harinas y aceites, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT expresó en un comunicado que el impacto de esas medidas es “muy incierto” y va a depender de “varios factores”. En primer lugar, y “fundamentalmente”, del “traslado a precios al que conduzcan estas disminuciones arancelarias”, que va a depender de “si las empresas trasladan enteramente la disminución de aranceles a precios o lo hacen de manera parcial, incrementando a partir de esta diferencia, los márgenes de ganancia”.
Además, entienden que el efecto de esta medida “también está influido por el peso de las importaciones en el consumo total y la diferencia existente entre el precio de los productos importados y los nacionales, de manera de dar cuenta del impacto que puede tener en esta diferencia la disminución de aranceles”.
A su vez, desde el instituto sostuvieron que el efecto de esta medida para reducir la inflación “depende del peso de estos productos en la canasta media, el que como es evidente es limitado: las harinas tienen un peso directo de 0,21% y el aceite de 0,71%, más allá de que se trate de bienes que también inciden indirectamente, como costos de producción de otros productos (panificados, fideos y otros)”.
El Instituto de Investigación y Formación del PIT-CNT concluyó que “más allá de su posible impacto sobre los precios de estos bienes, esta medida debe ser contemplada a la luz de la política arancelaria del país”. “En este sentido es preciso tener en cuenta el efecto que puede tener sobre la producción nacional de estos productos. Lo mismo cabe acotar sobre los controles no arancelarios a las importaciones, donde la señal de disminución de los controles de calidad no parece la más adecuada, en particular si los mismos son menores a los que se realizan sobre la producción local”, advirtieron desde el Instituto Cuesta Duarte.
Industriales panaderos postergan suba de precios, pero descartan bajarlos
El Centro de Industriales Panaderos de Uruguay (CIPU) dejó en suspenso la suba de precios de los panificados al consumidor que era inminente después del anuncio de los molinos del pasado martes 17, referido al aumento del trigo entre un 10% y un 15% –según el tipo de harina– que está enmarcado en el contexto geopolítico y comercial generado por la invasión a Ucrania y la cancelación de las exportaciones de trigo por parte de India, que es el principal productor de este commodity después de China.
La decisión aún no ha sido tomada por la gremial, porque analiza “el potencial impacto de las medidas económicas anunciadas este martes por el Poder Ejecutivo”. Así informó El País tras dialogar con el presidente de la CIPU, Álvaro Pena, quien explicó que la gremial ya se había reunido para determinar el aumento de los panificados, pero resolvió “esperar un poco” y ver cómo avanza la situación de los molinos con las nuevas medidas del gobierno de eliminar los aranceles a la harina de trigo a importaciones extrazona y reducir a la mitad los de la harina de origen argentino.
Pena indicó que todavía no hay una posición tomada desde el CIPU, pero especuló que puede que las medidas anunciadas por el gobierno sean “insuficientes” para contener los precios. En ese sentido se había expresado el día anterior, al mismo medio, el representante de la industria panadera. Dijo que estaba previsto que se aumenten los precios de los panificados entre fines de mayo y principios de junio (ya que aún cuentan con harina las panaderías) “pero aumentar tiene que aumentar”, aseguró.
“Suben los sueldos, suben las leyes sociales, suben los costos como combustibles, como te sube todo; y eso todo tiene incidencia en el precio final”, apuntó Pena que añadió otros dos factores que también van a incidir en la determinación de estos aumentos: el vencimiento de la vigencia –el próximo 8 de junio– de la exoneración del IVA a los panificados, y que en el segundo semestre de 2022 “no va a haber trigo”, por lo que se espera que se deberá importar, y por ende se deberán sumar los costos de fletes, los cuales han aumentado desde el comienzo de la pandemia de covid-19, por los cuellos de botella en la logística internacional. Explicó que, por estos motivos, no se sabe si aún seguirá subiendo el precio, pero que sí es “seguro que no baja”.
Por otra parte, desde la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén señalaron a El Observador que las medidas “son un importante avance para reducir ineficiencias y sobrecostos en los procesos de importación” y entienden que las mismas “permitirán reducir los precios de los productos” en ese sector. No obstante, sostuvieron que es importante seguir trabajando en “mejorar diversas ineficiencias que aún existen en el sistema de control de alimentos” y que ayudarían a reducir los costos.
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