Se expusieron los principales lineamientos surgidos de los informes de diagnóstico y recomendaciones que fueron elaborados por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. Ahora la reforma del sistema jubilatorio entra el terreno político, en el que el oficialismo buscará lograr amplios consensos para evitar que una modificación poco popular termine transformándose en un botín electoral.
El pasado jueves 12, el presidente Luis Lacalle Pou recibió en la residencia de Suárez y Reyes a legisladores de la coalición para abordar las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, analizar la actual coyuntura política y, principalmente, para presentar los lineamientos centrales de la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo con la intención de que la misma se instaure durante este período.
De dicho encuentro también participaron varios ministros y los integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Su presidente, Rodolfo Saldain, compartió los principales aspectos surgidos de los informes presentados en marzo de 2021, el de diagnóstico, y en noviembre 2021, el de recomendaciones; que es el documento base para la elaboración del anteproyecto.
Al finalizar la reunión del jueves pasado y consultado en rueda de prensa sobre un aspecto medular del proyecto –el aumento de la edad jubilatoria–, Saldain respondió que «es un aumento que está pautado muy progresivamente en el tiempo, sería una transición del orden de los 14 años y no comprendería a personas que están a cinco años de jubilarse».
Además, explicó que, por ejemplo, «trabajadores de la construcción, con puestos de trabajo exigentes, tienen que tener un régimen diferencial» por el desgaste que conllevan. Sobre lo que refiere al aumento de los aportes, señaló: “En momentos donde uno de los grandes desafíos es el empleo, la ocupación, entendemos que no es adecuado aumentar la carga ni para trabajadores ni para empleadores».
Gobierno busca un amplio consenso
Tras la cumbre oficialista, el senador blanco Jorge Gandini manifestó ante la prensa que este tipo de iniciativa requiere de «acuerdos políticos largos con todo el sistema». Primero se busca «una reforma de todo el sistema» y luego que el proyecto sea «apoyado por todos los partidos», explicó. Gandini advirtió que si el Frente Amplio no apoya “tendrá que hacerse responsable primero por qué no apoya» los cambios, ante un sistema que valoró «tiene grandes problemas y todos” saben que los tienen “que reformar». «Si no hay conciencia de que hay que pensar en las próximas generaciones y hay quienes piensan en las próximas elecciones no va a haber reforma», apuntó.
Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti valoró que “la base de propuesta es ir hacia un régimen más justo, más equilibrado hacia las jubilaciones más bajas”, con “perspectiva hacia el futuro de modificación de las edades». Detalló que se prevé que «todas las personas nacidas antes de 1967 sigan con el sistema actual, y a partir de allí una escala para ir aumentando» la edad mínima de jubilación. «Son detalles que habrá que ir puliendo, pero me parece que lo importante es generar la conciencia de que tenemos un problema, que no lo decimos nosotros, (ya) lo dijo el gobierno anterior, lo planteamos en la LUC, se discutió un año», remarcó el líder colorado, quien concluyó que este tema va a plantear el nivel de “conciencia ética” del sistema político.
En tanto, entrevistado por El País, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos advirtió: “Todos sabemos que el país va rumbo a un precipicio y que puede llegar un momento en el que haya problemas para pagar las actuales jubilaciones. Si sabiendo eso no se hace la reforma y se sigue pateando para adelante, como ha venido pasando desde hace mucho tiempo, habrá una responsabilidad histórica y algún día se le pasará la cuenta a los responsables que no fueron capaces de llevar adelante la reforma”. Dijo estar “convencido” de que “la reforma es necesaria” y que eso demanda responsabilidad de la coalición de gobierno, pero también de la oposición. Manini señaló que “la responsabilidad es hacerla ahora” y para eso “indudablemente que hay que buscar los puntos de consenso con el Frente Amplio”, porque “si esta reforma sale con el apoyo de todos los partidos políticos, es una señal mucho más fuerte”, aseguró.
Sobre la posibilidad de encarar la reforma sin el visto bueno del FA, Manini manifestó: “Si tenemos la certeza de que la oposición va a actuar con oportunismo llevando agua para su molino electoral, dando manija a todos aquellos que puedan ser afectados por los límites que se pongan, indudablemente lo que hay que hacer es convencer al pueblo uruguayo de la necesidad de hacer la reforma igual. Y habrá que dejar en evidencia a aquellos que actúan de forma mezquina, y hacer la mejor reforma posible que comprenda y favorezca a la mayor cantidad de gente”. Además, Manini aseveró que “hay amplios sectores de la población que son los más sumergidos hoy, que van a ser beneficiados: van a cobrar más de lo que cobran hoy”. “Entonces, eso, sumado a la toma de conciencia de la opinión pública de la necesidad de esta reforma, puede llevar a que se termine transformando en una reforma popular”, sostuvo el legislador.
La postura del Frente Amplio
Por su parte, el martes 10 de mayo, el FA publicó un comunicado en el que recordó que “la Constitución de la República establece que este es un tema en el que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa”, por lo que “en este momento es responsabilidad del Gobierno, que es mano y debe mover”. La declaración hizo mención de que así actuaron los gobiernos pasados, “llevando a cabo reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera de diversas cajas y servicios estatales del sistema, que implicaron costos políticos que asumió en solitario, ante la negativa de los entonces partidos de oposición, que decidieron no acompañar estas iniciativas”, apuntaron.
Sobre la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo indicaron que “solo una vez que el proyecto se conozca, y se estudie en profundidad, el FA podrá expresarse sobre el proyecto de reforma enviado, al tiempo de trabajar con el objetivo de que el sistema pueda avanzar tanto en materia de sustentabilidad social como financiera”.
Entrevistado por Búsqueda, Ernesto Murro (uno de los tres representantes del FA en la CESS) dijo ser partidario de las “revisiones periódicas” del sistema previsional, pero advirtió que “la pandemia afectó la expectativa de vida” y que en los últimos dos años se redujo en 5% el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Murro manifestó que no comparte propuestas pensadas en términos de “sostenibilidad financiera y fiscal”, aunque aseguró que el FA va a “actuar responsablemente” en este tema.
Un año de trabajo entre prórrogas y disensos
La comisión de expertos fue creada en julio de 2020 por la Ley de Urgente Consideración –en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)– para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. Los 15 integrantes de la CESS (de diferentes partidos políticos y organizaciones sociales) fueron designados por el Poder Ejecutivo por su idoneidad y experiencia en temas previsionales, demográficos, económicos, laborales y legales.
Durante el trabajo de la CESS, iniciado en noviembre de 2020, se realizaron decenas de audiencias y eventos para que los expertos se puedan nutrir de las visiones de los diferentes actores de la sociedad y de especialistas de otros países, con el objetivo de elaborar un diagnóstico del sistema previsional en un plazo de 90 días; para que luego, en el mismo tiempo, confeccionen recomendaciones para su reforma. No obstante, las dos etapas se dilataron más de lo previsto debido a que también estaba estipulado la solicitud de prórrogas, algo que ocurrió en ambas instancias. Sobre finales de enero de 2021 la CESS solicitó una prórroga de 45 días para la presentación del informe de diagnóstico.
Las discrepancias en el diagnóstico de los sistemas previsionales entre los miembros de la CESS no fue un buen augurio para lo que vendría luego, ya que también se tuvo que prorrogar la entrega del Informe de Recomendaciones para la reforma del sistema previsional uruguayo, con la intensión de llegar a un documento consensuado. Sin embargo, el resultado fue el mismo. El informe con propuestas y recomendaciones elaborado por la CESS fue finalmente aprobado el 12 de noviembre sin el apoyo de cinco de sus integrantes: los tres que responden al Frente Amplio y los representantes del PIT-CNT y de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
El informe final de la comisión de expertos fue presentado por su presidente entre el lunes 22 y martes 23 de noviembre por lo que quedó concluido el mandato legal para la cual fue creada la CESS. El documento recomienda que la reforma tenga “efectos en el mediano y largo plazo”, establezca un “régimen uniforme o igualitario”, contemple la “extensión de la vida laboral”, prevea un “procedimiento de ingreso mínimo garantizado” y mejore la “eficiencia en la administración de los fondos del pilar de ahorro individual”.
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