A todas las causas nobles o por lo menos razonablemente planteadas en términos opinables en los últimos tiempos es frecuente que se les manipule para obtener beneficios aparentemente legítimos, pero intrínsecamente reprobables, fruto de explotar una causa de apariencia noble para obtener beneficios exclusivamente personales. Puede ser el tema ambiental, la situación de la mujer, la protección de la infancia, la recuperación de las víctimas de adicciones, la protección de los animales o el uso de la energía atómica, etc. Cualquiera de estas y otras preocupaciones dará lugar inmediatamente a que en un ambiente cambalachesco, tan bien pintado por Enrique Santos Discépolo, se mezclen la preocupación y las soluciones inteligentes y, sobre todo, bien intencionadas con la actuación de una cáfila de aprovechados que ven una oportunidad para vender a buen precio sus innecesarios o superfluos servicios, que cotizan como si fueran servicios esenciales de alta competencia técnica.
El vergonzoso y doloroso evento de pérdidas multimillonarias vinculadas a un negocio financiero de apariencia ganadera, no solo ha dado lugar a una habitual explosión de información periodística que permite cubrir espacios de diversa índole, generalmente bien pagos, sino también a una pléyade de especialistas de las más variadas disciplinas que buscan generar honorarios a costa de las ya sufridas víctimas del evento, que como es habitual, en el mejor de los casos, solo cobrarán algunas monedas de sus créditos, ya que sus colocaciones fueron birladas por quienes fueron los oferentes del presunto negocio y el saldo les resultará seguramente expoliado por quienes ahora se presentan como los eventuales defensores de sus derechos. Sin duda, los damnificados por el evento dañoso tendrán la ímproba tarea de separar la paja del trigo y, entre tanto entendido y asesor mediático, encontrar a los buenos profesionales que puedan auxiliarlos eficazmente en la defensa de sus menoscabados intereses y derechos.
Para colmo, y si no fuera poco, han resucitado los preocupados técnicos especialistas en el antilavado, que seguramente por proporcionar sus muy enjundiosos y especializados servicios contra el delito de cuello blanco, también sacarán su buena tajada, haciendo realidad aquello de que “el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo”. De paso, estos especialistas descubren que el negocio ganadero es una oportunidad para lavar dinero y por lo tanto son necesarios sus servicios para darle cristalinidad a la materia. Digamos que cualquier negocio de la actividad económica puede prestarse a maniobras artificiosas o bien hacer aparentar como ingresos legítimos los provenientes de algún tipo de delito. Por esta razón, cualquier oportunidad, como la que comentamos, sirve para descargar sobre los privados una andanada de exigencias que no solo suponen una carga administrativa y económica para las empresas ya agobiadas, sino también una excelente oportunidad para quienes son partidarios del Estado omnipresente, supuestamente carente de impulsos inmorales, de avasallar la libertad de los simples mortales y poner a todos los ciudadanos en estado de sospecha. Ya en otras materias se ha derogado el principio de inocencia por el que esta se presume y no requiere ser probada. Las políticas antilavado han puesto ya a una enorme cantidad de profesiones universitarias y empresas en estado de sospecha, debiendo acreditar la legitimidad de cada uno de sus negocios. Nuestra experiencia es que los seres humanos son mayoritariamente honestos y que los delincuentes son una minoría. Por lo tanto, es absurdo tener a todo el mundo como sospechoso, sometidos a burocratismos e inspecciones, cuando la lógica es solo hostilizar a los delincuentes. Ya sabemos lo que pasa en materia de seguridad pública, los honestos deben vivir protegidos por rejas, verjas eléctricas, concertinas, alarmas, etc., y los delincuentes circulan por las calles con la mayor libertad.
Todo sirve de pretexto para alimentar una corte de asesores parasitarios y dificultar el trabajo de los honestos. Hemos dicho en el ámbito parlamentario en más de una oportunidad que en materia inmobiliaria y de adquisición de vehículos, en lugar de exigirle a los profesionales y a las partes que justifiquen el origen de sus dineros y llenen abstrusos formularios de debida diligencia, que además deben archivar, y revisen listas de supuestos sospechosos de actuar ilícito, bastaría con utilizar la información registral de dichos negocios y ordenarla patronímicamente para saber quién compra numerosos inmuebles y vehículos y pedirle solo a ellos que justifiquen el origen de los dineros con que hacen semejantes inversiones. Ello evitaría la ordalía del hombre común que compra alguno de esos bienes y de los profesionales que deben intervenir en las operaciones, quienes en la enorme y abrumadora mayoría de los casos son personas ajenas a cualquier actividad ilícita. Claro que ello reduce la cantidad de “expertos” necesarios para asesorar y controlar la materia. Le evita molestias a la mayoría de los operadores y hace innecesario el control invasivo y autoritario del Estado en los negocios de los particulares, que, como ya hemos dicho, son en una abrumadora mayoría absolutamente lícitos.
La excusa de las actuaciones antilavado no solo genera ingresos para los presuntos especialistas, públicos y privados, en combatir el flagelo, sino que además permite a los adoradores del Estado controlar enfermizamente toda la actividad privada que pretenden bajo permanente sospecha por la presunta superioridad moral de la organización estatal. Se trata, de alguna manera, de un aporte a la construcción del Estado totalitario a través del gran hermano de los controladores de la rectitud de los particulares, que sin distinción se encuentran bajo estado de sospecha. Por cierto, nos permitimos dudar que las multinacionales forestales, los fondos de inversión extranjera, las empresas extranjeras que compran miles y miles de hectáreas o nuestros establecimientos frigoríficos sean sometidos a los mismos procedimientos que al trabajador que compra una vivienda. En una de nuestras últimas actuaciones profesionales vivimos el absurdo de que para pagar una suma en un banco estatal con un cheque de otro banco estatal se exigiera a nuestro cliente acreditar el origen del dinero, como si el banco depositario no hubiera controlado ya su origen legítimo. En definitiva, el gran hermano debe controlar fanáticamente lo que ya ha sido controlado, especialmente a los más sencillos ciudadanos.
Seguramente habrá nuevas pujas, por controlar obsesivamente la actividad privada, como por ejemplo, a través de la bancarización obligatoria, como si los bancos fueran templos donde se practica una incuestionable honestidad. Guardamos varios recortes periodísticos que señalan la responsabilidad de la banca internacional en operaciones de lavado, como también recordamos que a miles de sencillos ahorristas de nuestro país los defraudó irremediablemente la crisis bancaria de principio de siglo. No obstante, para los obsesos del control social, este es un instrumento utilísimo para vigilar a los simples mortales, que viven en permanente estado de sospecha o de libertad vigilada. Seguramente, en un futuro quizás no muy lejano se pretenda eliminar el dinero físico, que asegura la libertad de los individuos como medio de pago de sus transacciones, y sustituirlo por el control bancario, que en las sociedades capitalistas genera los mismos efectos que el racionamiento estatal de los países socialistas. Nos preguntamos si terminaremos con una tarjeta de puntos de alguna entidad bancaria o similar, o con una libreta de racionamiento al mejor estilo socialista o comunista. Paradójicamente, por la vía del supercapitalismo o del socialismo, la humanidad puede llegar al Estado totalitario que permita a una elite o grupo reducido de personas controlar la vida de los pueblos que someten a sus designios.
TE PUEDE INTERESAR:
