La proyección de una lenta reactivación económica a nivel mundial junto a la caída de los espacios disponibles para almacenar el crudo han generado que en una semana los precios hayan caído hasta valores negativos y luego subieran, para que el lunes pasado cayeran otra vez un 25%, situándose el WTI estadounidense (referencia para Ecuador) en 12,68 dólares por barril y el Brent (referencia europea y también para varios países sudamericanos como Colombia y Uruguay) en 20,46 dólares por barril.
Ecuador, un país en el que el 35% de sus exportaciones son petróleo sin refinar, ve los cambios de precio como una amenaza para su economía, respecto a esto el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, afirmó que “el país vivirá una realidad muy diferente a la que tenía antes de la pandemia del coronavirus”.
“Habrá momentos muy difíciles como nación”, sostuvo el mandatario. Estos dichos son en base a que el país sufre una crisis económica que lo llevó el año pasado a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un préstamo por 4200 millones de dólares a cambio de que realizara recortes en su gasto público y reducir su déficit fiscal. Esto desató fuertes protestas en todo el país, las cuales iniciaron por la quita al subsidio a los combustibles, al que luego tuvo que dejar sin efecto debido a la fuerte presión social.
A más de un año de lo firmado es imposible en una situación de pandemia mundial donde ha hecho colapsar el sistema sanitario debido a los más de 23.000 infectados y 663 muertes. El país necesita aumentar la producción pero el contexto internacional no le es favorable, siendo el mejor ejemplo su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual abandonó el 1ero de Enero de este año excusándose en que su “producción no fuese comprometida” y así poder impulsar la industria local, algo que al final debido a la paralización mundial de las actividades gracias al COVID-19 no se pudo realizar y terminó incluso celebrando como “histórico” el acuerdo logrado por la OPEP+ en donde los países petroleros se comprometían a reducir su producción como forma para contribuir a que el precio del barril se estabilice.
Lo único que ha evitado mayores pérdidas económicas en el sector fue la rotura en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE y en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), retrasando la producción. A su vez, Ecuador utiliza como referencia el WTI estadounidense, el cual ha llegado hasta precios negativos, por lo que el ministro de Energía, René Ortiz, “hemos usado al WTI como referencia, por muchos años, y vemos el derrumbe del precio en los últimos dos días, vale la pena considerar como referencia al Brent, que se comportó mejor”, según el diario ecuatoriano El Comercio. Esta decisión que el Gobierno está analizando podría mantenerse por varios años, si es adoptada.
Por su parte el presupuesto de Colombia se ve también afectado por la baja de precios y acorde al diario colombiano “El Tiempo”, las cuentas del Gobierno, por cada dólar que baja el precio del petróleo de forma sostenida en un año, sus ingresos fiscales se reducen en 400.000 millones de pesos anuales, lo que implica una fuerte baja en recursos a través del impuesto de renta y dividendos de su empresa estatal petrolera, Ecopetrol, mientras que para las regiones golpea sus regalías. Esta situación obligó a que Ecopetrol anunciara una emisión de bonos de duda en el mercado por 2.000 millones de dólares y la semana pasada se anunció que tomará créditos por un total de 1.075 millones de dólares a modo de mantener una fuerte posición de caja, afirma el diario colombiano El Tiempo.
Además, según declaración del presidente de la petrolera colombiana, Felipe Bayón, las refinerías están operando a la mitad de su capacidad, una medida que va de la mano con un plan de recortes financieros. A su vez, el número de taladros destinados a la perforación de desarrollo de campos, para obtener producción, bajó de 84 en febrero pasado a 56 por ciento, para una caída del 33% por ciento, mientras que con respecto a marzo de 2019 la reducción fue del 25 por ciento, ya que para dicho período hubo 75 taladros en actividad según declaraciones de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros de Colombia.
Pero a todo esto el mayor efecto negativo lo sufre Venezuela, un país que antes del coronavirus y de la baja de los precios del petróleo ya padecía hiperinflación y desabastecimiento y su mayor fuente de divisas era el explotación de hidrocarburos, lo cual a pesar de tener las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, su dependencia en épocas de precios bajos complica aún más su crítica situación debido a la necesidad de buenos ingresos y altos costos de producción por la falta de mantenimiento en sus instalaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intenta reflotar la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) al nombrar al ex vicepresidente Tareck El Aissami como sucesor del general Manuel Quevedo al frente del ministerio de Petróleo y presidente de PDVSA.
Actualmente la empresa produce más de 700.000 barriles por día, algo mínimo si es comparado con los más de tres millones de barriles diarios que producía una década antes.
El golpe que empeora la situación se da por las sanciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha impuesto a la industria petrolera venezolana. Se impuso una prohibición a las compañías norteamericanas de operar en el país, haciendo que “cesen gradualmente” su producción en el país caribeño. Empresas como Chevron, la séptima petrolera a nivel internacional y la segunda a nivel de su país, tenía más de 7500 empleados en el país y aún persistía operando en Venezuela junto a Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International, algo que a partir del 1ero de diciembre de este año deberán, por decreto, finalizar sus operaciones en Venezuela.
