En diálogo con La Mañana, el socio de Brum Costa Abogados habló sobre la necesidad que tiene el país de combatir el lavado de activos, lo que requiere que el sistema político “tome conciencia” del problema. También conversó acerca del planteo de establecer un IVA personalizado, lo cual comparte, y analizó el régimen de la Comap que, según su visión, necesita algunas mejoras, así como que se acoten ciertos beneficios.
En un tuit reciente usted advirtió que en los próximos cinco años habrá una nueva evaluación del sistema antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y dijo que “si no se hacen cambios institucionales, desde ya vamos mal”. ¿Cuál es la importancia de esos cambios y cuáles serían fundamentalmente?
Antes de la última evaluación de 2019, Uruguay había hecho modificaciones a la legislación. Este no es un problema de tener una ley más o una ley menos; desde el punto de vista formal y del cumplimiento técnico de las normas, el país está muy bien. El problema que tenemos en este momento es la efectividad del sistema, primero porque desde el 2019 no existen condenas de lavado significativas, y por otro lado los sistemas de supervisión tanto del Banco Central del Uruguay (BCU) como de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), tienen debilidades en cuanto a recursos, presupuestos y estabilidad de los funcionarios, especialmente la Senaclaft.
Yo creo que la gestión de Jorge Chediak es buena y que está haciendo lo que puede con los recursos que tiene, pero son muy bajos y el personal es gente que está en comisión, por lo cual, ante cualquier cambio de gobierno, podría irse, y de esa forma se va perdiendo la memoria institucional. Y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU tiene muy pocos recursos y no tiene una autonomía al nivel de lo que podría ser un superintendente, y al personal se lo pueden llevar a trabajar a otro lado. Se necesita personal estable y que tenga conocimientos de investigación, auditorías forenses, entre otras cosas.
¿Cuáles son los debes a nivel del sistema político en ese sentido?
Lo que hace falta es que el sistema político se dé cuenta de que es muy difícil combatir el narcotráfico si no combatís el lavado. Si no se hacen cambios, cuando venga la nueva evaluación, que va a ser en el próximo período de gobierno, es difícil que nos vaya bien. Estamos a tiempo, pero el sistema político tiene que tomar conciencia de que esto requiere plata, recursos, compromiso, y sobre todo que los funcionarios trabajen ahí y no se vayan cuando cambien los gobiernos.
¿Hoy se percibe que la magnitud de lavado en Uruguay es importante?
No hay forma de saber cuánto es, lo que sí está claro es que cuando tenés un creciente narcotráfico, operaciones de 500 kilos como el otro día en Río Negro, y permanentemente estás teniendo un drenaje de drogas que están viniendo de Argentina, Bolivia, Perú, que salen de acá o se quedan, cuando ves que el delito precedente es tan presente, está claro que hay lavado. ¿Cómo hacés para mantener una cadena logística en una organización de crimen organizado? La única forma de hacerlo es con lavado de dinero, tenés que ponerlo en algún lado. Cuando vos tenés ese nivel de narcotráfico como hay en Uruguay, con presencia de organizaciones de crimen organizado, es razonable pensar que además hay lavado.
Entrevistado por La Mañana, Ricardo Gil Iribarne, exsecretario antilavado y expresidente de la Jutep, dijo: “Estamos volviendo a ser el país amigo de los lavadores, aunque la intención sea captar inversiones”. ¿Comparte esa visión?
Yo creo que captar inversiones y combatir el lavado no son antagónicas, está muy bien que el gobierno quiera captar inversiones, pero los gobiernos tienen que tener recursos, y cuando las organizaciones se dan cuenta de que existen debilidades institucionales o que hay pocos recursos o pocas condenas, eso es una debilidad importante y un manejo erróneo. Comparto que, si se ve que el país es vulnerable, lo más probable es que existan organizaciones que lo utilicen. El caso Morabito fue muy significativo, un individuo que estuvo años viviendo acá, un integrante de una organización delictiva relevante como era él, y nadie sabía que estaba, y era obvio que estaba lavando dinero.
¿A qué atribuye la falta de recursos para esos organismos que mencionaba?
El sistema político tiene una falta de percepción de riesgo notoria y no está viendo el problema. Esta es una de las vulnerabilidades del país, entonces, si no ven esto, que es enorme, o están adormecidos o no hay una percepción del riesgo.
¿La nueva fiscalía especializada es un elemento positivo?
Es una buena cosa, tanto el fiscal que está a su cargo como el hecho de haberla creado es muy bueno, lo que pasa es que después hay que darle recursos humanos para poder hacer todo el trabajo que se pretende que se haga.
En otro orden, ¿cómo ha visto la propuesta de CA, puntualmente de Eduardo Ache, con respecto al IVA personalizado?
El IVA personalizado es una de las reformas que prácticamente toda la teoría tributaria hoy está manejando, porque de esa manera se pueden focalizar los recursos en los lugares en los que se quiere incidir. En Uruguay ya existen algunas personalizaciones de IVA, quizás lo que habría que pensar es si no es mejor llegar a aquellos sectores que efectivamente necesitan una exoneración. Es una muy buena idea, una muy buena herramienta, existe la tecnología para hacerlo, pero requiere obviamente una reforma importante del sistema.
¿Lo ve viable dado el contexto actual?
No. Para este período de gobierno ya no lo veo viable, pero me parece que va a ser uno de los temas de discusión de campaña, y ojalá que lo sea.
Otro de los planteos de CA en materia fiscal ha sido que las exenciones de la Comap en muchos casos tienden a beneficiar a las grandes empresas y desestimulan la creación de trabajo. ¿Qué lectura hace sobre ese mecanismo?
Ahí hay dos temas, el primero es el de contralor, es decir, si yo digo que me van a dar una inversión para contratar tantas personas, tengo que estar seguro de que después voy a tener el músculo de supervisión para comprobar que se ha cumplido con eso. Esa es la primera duda que uno tiene, si ese músculo está lo suficientemente fuerte. Y el otro tema es de calidad, es decir, qué tipo de inversiones quiero promover.
El mecanismo en sí mismo no es malo, es bueno, el tema está en si yo quiero promocionar grandes superficies o grandes comercios y cómo afecta eso otros temas de preocupación como la defensa de la competencia. Es un sistema que requiere ser estudiado y sobre todo focalizar el beneficio no solo mirando el empleo, sino también la permeabilidad, cómo afecta a otros comercios. La discusión principal es esa.
Desde el año 2008 vengo diciendo que hay que hacerle mejoras al régimen, acotar algunos beneficios. Ya se ha hecho, algunos eran criticables y se han mejorado, pero hay mucho todavía para trabajar ahí. Yo estoy a favor del mecanismo, de hecho, participé en el año 96 en la ley que creó todo esto como asesor del entonces senador Batlle, pero me parece que ahora requiere ajustes sobre todo en cuanto a qué tipos de inversiones se quieren promover.
¿Cómo se dio su asociación con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz?
Somos amigos desde el año 85 cuando entramos a facultad, estuvimos años compartiendo el Centro de Estudiantes de Derecho, no estábamos en las mismas agrupaciones, pero la amistad quedó. Era muy razonable desde el punto de vista de la confianza mutua que teníamos que termináramos juntos. Yo le tengo una gran admiración por su capacidad.
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