Históricamente, el campo uruguayo ha sido escenario de tensiones y un infructuoso antagonismo con la ciudad que ha trascendido desde y hacia el sector político. Hasta el día de hoy persiste una mirada prejuiciosa que recae sobre los productores, aún aquellos que trabajan en predios de dimensiones reducidas. Estas visiones desencontradas han sido testigo del nacimiento de diversos movimientos ruralistas como el reciente Un Solo Uruguay (USU) o, más atrás en el tiempo, el movimiento de Domingo Bordaberry y Benito Nardone.
Ochenta años más tarde, algunas reivindicaciones siguen intactas, así como ciertas confrontaciones, con lo cual debemos preguntarnos: ¿qué caracterizó a dichos movimientos? y ¿cómo puede USU reencausar y modernizar su movimiento para los tiempos que se vienen?
El movimiento liderado por Nardone y Bordaberry dotó a un sector rural disperso y poco organizado de una mayor cohesión e institucionalidad. El descontento social en el medio rural amenazaba con ser caldo de cultivo para una creciente lucha de clases, donde reinaba la confrontación entre productores rurales y frigoríficos, molinos y otras empresas industrializadoras. La falta de una voz común en el medio rural se creía podía ser explotada por la izquierda, así como motivar la profundización del batllismo, históricamente enfrentado con el campo por sus convicciones estatistas e industrialistas.
El Movimiento Ruralista de Nardone procuró entonces agrupar a pequeños y medianos empresarios, propietarios y arrendatarios, venciendo el individualismo reinante. El movimiento presentaba una propuesta para liberalizar la economía y reducir el intervencionismo, que luego termina por incorporarse como un protagonista más al sistema político. Evidentemente existen algunos puntos de contacto entre estas reivindicaciones de carácter predominantemente liberal y las famosas mochilas presentadas por USU. Esta última, una movilización con una agenda más amplia que pretende modificar la conducción económica y centra sus preocupaciones en el atraso cambiario, el déficit fiscal, una mayor apertura comercial y cuestiona la estructura tributaria y los mecanismos de exoneración fiscal que ponen en desventaja a las pequeñas explotaciones agropecuarias, entre otros temas.
Actualmente, los perfiles ideológicos de los partidos políticos son un poco más complejos, donde no basta con la etiqueta izquierda/derecha, siendo que predomina un debate liberal/estatista e incluso nacionalista/globalista que parece dividir aun mejor los perfiles ideológicos del espectro político. El problema, como denuncia Carlos Pareja en su libro “Jugando con fuego”, es la extrema polarización de ideas que empobrece el debate y aparentemente no permite resolver problemas y reivindicaciones ya muy antiguas. En este contexto, el nacimiento de un nuevo partido político como Cabildo Abierto o el movimiento ruralista de USU nos advierte de otras convocatorias con reivindicaciones y principios alternativos que congregan a estos grupos de desencantados.
Ruralismo moderno
La demonización que sufría entonces el estanciero, hoy la ocupan las multinacionales y las empresas de mayor tamaño. El foco de las críticas se centra en la inequidad y los beneficios para los “malla oro”, algo que suele venir acompañado de una mayor carga tributaria, aumento de costos y regulaciones que finalmente terminan por desestimular la inversión y el empleo. Representa un conservadurismo de “emparejar para abajo”, promovido por la oposición, que no conforma al actual gobierno y tampoco debería representar el sentimiento de USU.
Es innegable la creciente influencia de las grandes empresas en la producción y comercialización agropecuaria, donde la brecha tecnológica y dotación de capital por unidad de superficie serán cada vez mayores respecto a las pequeñas empresas. Por tanto, es necesario trascender la confrontación tradicional y optar por una nueva forma de entender el campo y sus problemáticas. Allí debería apuntar el movimiento ruralista moderno, en lugar de quedar preso de una sobrevictimización que no hace otra cosa que revivir viejos debates ideológicos.
Al igual que algunas iniciativas actuales que se cuelan en la agenda política para corregir la elevada estructura de costos de Uruguay (usualmente dominados por mercados sobreregulados y persistencia de figuras oligopólicas), deberían impulsarse similares esfuerzos para promover la competitividad y la incorporación de tecnología por parte de pequeños empresarios.
Deberíamos considerar en lugar de estructuras técnicas paralelas al Gobierno y a la voluntad popular como sugiere USU, agencias que promuevan una mayor coordinación y eficiencia de las actuales oficinas del Estado. Este podría ser el caso de una oficina de inteligencia comercial (quizás en la órbita de Uruguay XXI, Unión de exportadores y Cancillería) capaces de zurcir y coordinar mucho más activamente la producción de las PYMES para facilitar su acceso a mejores oportunidades comerciales y tecnologías que modernicen la producción.
Lamentablemente el área necesaria para alcanzar el ingreso neto familiar mínimo ha superado largamente las 500 hectáreas. Ello nos obliga a buscar alternativas que viabilicen la producción de pequeña escala. Allí la promoción del riego, el pastoreo racional, ganadería de precisión, el sharemilking, son solo algunos ejemplos a tener en cuenta.
Respecto a las políticas de tierras y la inversión, en lugar de enfocarnos en demonizar las grandes superficies, el ruralismo moderno debe evitar esa confrontación y priorizar el desarrollo de mecanismos eficientes de apoyo al sector. Allí identificamos dos grandes áreas de acción de alto impacto: en primer lugar, la financiación de compra de tierra a perpetuidad como una vía optima para la colonización rural. Un camino que ya ha comenzado a recorrer el BROU con mucho éxito y que debe profundizarse, reemplazando el ineficiente accionar del INC.
Finalmente, la política de apoyo a la inversión debe ser revisada, puesto que, si bien ha fructificado en una mayor inversión extranjera, el usufructo de ello ha quedado confinado a un reducido grupo de empresas. Debería ser prioridad para un gobierno identificar mecanismos que fomenten la inversión en la base de la pirámide. En lugar de ello, la actual ley de inversiones ofrece un intrincado camino de obstáculos que unas pocas empresas logran atravesar y solo algunas con suficiente facturación terminan siendo finalmente beneficiadas. En función de no quedarnos atrapados únicamente en diagnósticos tremendistas, hemos promovido la consideración de un mecanismo como el Superbono 110 para democratizar la COMAP, experiencia italiana basada en la transferencia de crédito fiscal que, adaptada a las condiciones de Uruguay podría ser un gran motor para la reactivación y promoción de la inversión. La clave de ello consiste en identificar un óptimo mecanismo de transferencia de apoyos que no redunden en una mayor renuncia fiscal, sino por el contrario, una distribución más enfocada al sector de las PYMES y el productor rural.
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