El nuevo Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon) es visto como un paso positivo y necesario para mejorar la baja efectividad actual, causada por la falta de coordinación estatal. Así lo dijo a La Mañana Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). El experto lamentó el retroceso durante la gestión anterior y sostuvo que, más allá de las reformas legales, lo prioritario es fortalecer los recursos y la cooperación interinstitucional.
¿Qué análisis hace acerca de la creación del Silcon?
Lo veo positivo y necesario, porque el principal problema que tenemos en el sistema de prevención uruguayo, en el combate al narcotráfico, es la baja efectividad. Gran parte de esa baja efectividad se debe a que el Estado no coopera, no coordina entre los distintos organismos relevantes. Entonces, este sistema sería un intento de trabajar conjuntamente a nivel operativo. Tenemos, por un lado, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que es la que coordina y agrupa a los organismos a nivel político, pero esto sería un paso en materia de operaciones, de investigaciones. Es muy positivo todo lo que se pueda avanzar en este camino.
El nuevo órgano estará coordinado por Presidencia y lo integrarán las carteras del Interior, Educación y Economía, las direcciones de Aduanas e Impositiva y otros organismos como Fiscalía General y Secretaría de Inteligencia. ¿Qué tan importante es la coordinación interinstitucional para combatir eficazmente el crimen organizado y el lavado de activos?
Este es un delito complejo, que requiere muchas investigaciones, investigaciones paralelas, investigaciones patrimoniales, en el que tienen que participar muchos organismos aportando información y conocimiento. Por todo esto es fundamental que se trabaje en equipo, que cada organismo aporte sus profesionales y la información, colaborando finalmente con los fiscales y los jueces. Y eso es una carencia, o sea, es un problema que estamos teniendo, que no estamos aprovechando toda esa potencialidad. Por lo tanto, creo que este sistema es un paso para tratar de volver a recrear equipos de trabajo con funcionarios de distintos organismos públicos, que puedan ayudar a las investigaciones y que, de esa manera, nos permitan mejorar las cifras de casos y decomisos que estamos teniendo.
En términos generales, ¿cómo calificaría la gestión del gobierno anterior en materia de prevención de lavado de activos y combate al crimen organizado?
Creo que no fue buena porque el tema claramente no se priorizó. El gobierno, en realidad, no tuvo voluntad política para impulsarlo. Por ejemplo, te hablaba de la comisión coordinadora, cuyo presidente legalmente era el prosecretario de la Presidencia de la República como para darle el apoyo político a este tema, y lo que hicieron fue sacar al prosecretario como presidente de la comisión. Es decir, fue un mensaje al contrario de lo que se necesitaba. Eso fue un indicador de algo que estaba más atrás, y de hecho lo que notamos fue que, al no haber voluntad política, no hubo una efectiva cooperación entre los organismos del sistema, como el Banco Central del Uruguay (BCU), la Dirección General Impositiva (DGI), la Auditoría Interna, la Dirección de Registro, la Senaclaft, la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública). Trabajaron muy separados porque el gobierno no daba un mensaje claro a favor de este tema. Esto se reflejó en menos casos, en menos decomisos. También, en materia de reportes de operaciones sospechosas que se envían al BCU, bajaron muchísimo los del sector no financiero, porque justamente hubo como una flexibilización en el control. Ese mensaje fue recibido por los sujetos obligados como un aflojamiento y hubo mucha menos detección de operaciones sospechosas.
¿Hubo retrocesos, tal como sostuvo en el último Consejo de Ministros el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz?
Sí, sí. De hecho, se retrocedió en cantidad de casos, o sea, las estadísticas reflejan en alguna medida lo que está pasando, y bajamos en todos los niveles, en todos los números, en casos de lavado, en bienes decomisados, en reportes de operaciones sospechosas, en cantidad de supervisiones. Es bastante claro ese diagnóstico.
¿A qué atribuye la falta de voluntad política a la que hace mención? ¿Había otros intereses?
Ahí siempre va a estar la duda de cuál es la real motivación de determinadas cosas, pero de hecho hay mucha gente que piensa que el lavado no es tan malo, que trae inversiones, y no hace la conexión o desconoce la parte mala, que es que financia el crimen organizado. El lavado no es inocuo, los capitales ilícitos tienen un correlato que es la violencia, la sangre. Entonces, yo no me quiero poner a especular sobre si hubo mala intención o no, pero en los hechos, por una razón o por otra, no se le dio la importancia que tiene el tema y esto nos está explotando en violencia. En violencia y en poder que tiene el crimen organizado. El combate al lavado es una de las formas de quitarles el poder a esos grupos.
¿Con este nuevo sistema se persigue ese objetivo?
Se está yendo en la dirección correcta. Veremos después cómo se implementa. Estas cosas llevan tiempo, pero el camino es el correcto.
Unos meses atrás, en una entrevista con radio Sarandí, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la guerra contra el narcotráfico estaba “perdida”. Sin embargo, este gobierno está tomando medidas y dando señales a favor del combate al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Qué visión tiene al respecto?
No voy a comentar la opinión de Negro, pero en realidad es válido lo que opina. Igualmente, mientras los estándares internacionales sigan combatiendo el lavado de activos proveniente de las drogas, nosotros tenemos que seguir combatiéndolo. Más allá de lo que pueda pasar en el plano político, el Estado tiene que seguir trabajando en este tema fuertemente.
¿Considera que hay políticas o herramientas implementadas por la administración anterior en esta materia que deberían mantenerse?
Creo que no se trata de refundar todo. Por ejemplo, en el año 2023, el gobierno anterior a impulso de la Senaclaft hizo una evaluación nacional de riesgos, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que fue un documento muy bueno, con participación de más de 200 personas de distintas áreas, del sector financiero, del sector no financiero, del gobierno. Ese es un muy buen documento que indica el estado de situación, los problemas que el país enfrenta en esta materia. Incluso contó con la participación de un experto internacional uruguayo, Alejandro Montesdeoca, que tiene mucha experiencia en el tema. O sea, fue un documento muy técnico y muy serio, y es válido como diagnóstico de la situación. Después se empezó a implementar, con el mismo consultor y con los mismos participantes, una estrategia antilavado, un documento para solucionar los problemas detectados en la evaluación de riesgos, para mitigarlos. Ese documento se había terminado en junio, la Senaclaft lo elevó a Presidencia ese mes, y en los hechos no se aprobó. Eso también viene a marcar la falta de voluntad política en el tema. Se perdieron siete u ocho meses en tomar medidas para mejorar la situación. Ahora esa estrategia se revisó y se va a tratar de aprobar con algunos cambios. Por supuesto, siempre hay modificaciones, pero la mayoría de las medidas propuestas son adecuadas, porque son producto de consensos técnicos sobre lo que hay que hacer en materia de prevención de riesgos. Esos dos documentos son un buen material y están siendo utilizados para proyectar una estrategia.
Díaz informó que se enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones a la actual normativa sobre lavado de activos. ¿Qué se ha trabajado en la Senaclaft y cuál es la importancia de hacer esas modificaciones? Imagino que se refieren, entre otras cosas, a lo que se había estipulado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) del uso del efectivo.
La modificación legal no es lo prioritario. El principal problema sigue siendo la falta de cooperación y coordinación del Estado, la falta de recursos de los organismos relevantes, pero complementando con la parte legal. Ese es el principal objetivo. Se están previendo algunas modificaciones legales que incluyen el efectivo, la debida diligencia de clientes, algunas otras normas que corresponde actualizar para estar adecuados a los estándares internacionales. Esto se va a presentar a corto plazo, va a ser público seguramente en mayo o en junio. Reitero, es necesario estar actualizando permanentemente las leyes, pero en este momento no es lo más relevante, porque con un proyecto de ley no vamos a arreglar la situación que tenemos de falta de efectividad del sistema.
¿La falta de coordinación estaría resuelta con este nuevo órgano?
Eso es lo que se busca resolver en este gobierno. No te digo que se resuelva mágicamente, pero justamente al tener a los organismos adecuados en el sistema y la voluntad política que manifiesta el gobierno de que todo el Estado empuje en la misma dirección, que coopere, creemos que por ahí es donde vamos a poder empezar a intentar solucionar el problema.
Habló también de la falta de recursos, que es algo que viene de larga data, incluso de los gobiernos frenteamplistas.
Es una realidad, entonces, de alguna manera hay que empezar a solucionarlo. Por supuesto, no se va a dotar de recursos a todos los organismos con todo lo que necesitan de un día para el otro, porque hay restricciones presupuestales, pero por lo menos hay un camino de fortalecimiento que hay que transitar. Eso es lo que nosotros vimos que no se hizo en el período anterior.
¿Cree que están dadas las condiciones para otorgar más recursos para este tipo de investigaciones?
Creo que sí. A medida que el gobierno prioriza este tema de la seguridad —entre otros—, eso normalmente tiene un correlato presupuestal, entonces, esto lo vamos a tener que ver en el presupuesto, en las mejoras, en los recursos disponibles.
Para cerrar, ¿qué expectativas tiene con el nuevo gobierno tras las señales que ha emitido en cuanto a su voluntad de combatir el crimen organizado y el lavado de activos?
Creemos que ese es el primer paso, la priorización, la voluntad política. Ese es el mensaje, y es claro. Ahora lo que tenemos que hacer en ese marco es empezar a trabajar, primero el Estado entre sí, cooperar, para después estar en condiciones de exigirle al sector privado que también aporte su parte. Pero tenemos las mejores expectativas para estos próximos años. Cabe aclarar que tampoco es fácil mover todo el sistema, o sea, lleva tiempo, estas cosas no se cambian de un día para otro. Los casos de lavado siempre llevan tiempo de investigación, no es que yo de un día para otro puedo cambiar una situación, pero lo importante, repito, es dar los pasos en el camino correcto, ir avanzando paulatinamente y no detenerse ni retroceder. Esa es la expectativa.
