El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida sería aprobado en ‘las próximas semanas, aún con el desacuerdo de la agrupación Ciudadanos del Partido Colorado. El presidente Luis Lacalle Pou solicitó que se agilizara el trámite y tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto lo consideran una prioridad.
Hace un año y medio se habían presentado dos proyectos de ley. Uno de ellos fue por Cabildo Abierto y otro desde el Partido Nacional y luego del tratamiento en la Comisión de Legislación y Códigos del Senado finalmente fueron unificados.
A la comisión asistieron diferentes organizaciones e institutos que realizaron sus aportes. Antes del receso parlamentario, a fines del año pasado, se intentó que se votara, pero faltaba el apoyo del sector Ciudadanos a través del senador colorado Pablo Lanz. Mientras tanto, el Frente Amplio ya había anunciado que estaba en contra de la iniciativa, argumentando que la tenencia compartida en Uruguay ya existe.
Defensores de los proyectos de ley sostienen que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se señala que el niño, después de una separación entre los padres, pasará los dos primeros años con la madre y en caso de disputa lo hará con el progenitor con el que haya pasado más tiempo. Esto hace casi imposible que la tenencia compartida se pueda solicitar de manera inmediata tras una separación y se logra únicamente con un acuerdo de partes que se homologa ante la Justicia. Cuando existen diferencias y la madre se opone, la tenencia compartida no se otorga. El proyecto de ley a estudio prevé que la tenencia compartida se otorgue cuando uno de los progenitores la pide y están las condiciones dadas. Este sistema está vigente en casi todo el mundo.
En las últimas negociaciones Ciudadanos había planteado que en proyecto se incluyera la figura de un “ombudsman”, o sea alguien que representara al menor, como existe en algunos países, aunque esto no se puede llevar adelante si no es iniciativa del Poder Ejecutivo, ya que requiere de un presupuesto. La instancia para hacerlo sería durante la discusión de la próxima Rendición de Cuentas.
Una vez que el proyecto de ley pase la comisión, se espera su tratamiento por parte del plenario del Senado donde están los votos, aunque Ciudadanos no lo apoye. En el caso de la Cámara de Diputados, por lo menos un legislador de Ciudadanos ya se habría comprometido a dar su apoyo para que el proyecto salga y no se trunque por el voto faltante.
Las campañas de las ONGs
Marcel Mantero, integrante de Familias Unidas por Nuestros Niños, señaló a La Mañana que el respaldo que dan al proyecto es debido a su amplitud, por incluir no solo la tenencia, sino también las visitas. Sobre el trámite parlamentario, dijo que las senadoras Carmen Asiain y Graciela Bianchi, ambas del Partido Nacional, les han trasmitido que esperan que en este mes ya se esté aprobando en la Cámara Alta.
“Este es un proyecto de ley que ha tenido como enemigos a los movimientos feministas radicales y las ONG que lucran con el tema de los niños y no les sirve una solución legislativa, que tenga las reglas más claras. Lo que se hizo fue una campaña muy poderosa, con mucho dinero de por medio, sin importarles lo que están sufriendo una cantidad de niños en los juzgados”, dijo Mantero.
Acotó que “esto no tiene color político” al referirse a la posición de Ciudadanos. “Muchos colorados sufren la obstrucción de vínculo y saben lo que se vive en los juzgados y no pueden creer que un sector de su partido tranca un proyecto de ley que es justo y necesario. Ciudadanos tuvo todo un año y medio en la Comisión para dar a conocer su opinión y al final lo trancaron al proyecto. Las familias reclaman por esta ley, porque nosotros a los legisladores los votamos, pero también después en las elecciones los sacamos”, agregó.
Reglas claras
Para la organización que integra Mantero, el proyecto tiene puntos muy positivos. Según explicó, dentro de lo más destacables está que el defensor del menor rote y el sistema de entrevistas se mejore, ya que el niño tiene que ser llevado a las audiencias una vez por el padre y otra por la madre “lo que hace que el niño esté más liberado”.
También destaca los plazos “que es importante por el tema de la manipulación y el desgaste emocional que se viven por los problemas judiciales”. “Tenemos juicios de tres o cuatro años solicitando una visita”, indicó. De aprobarse esta ley, la tenencia debe ser determinada por el juez entre los 50 y 90 días. En el caso de las visitas, el traslado a la otra parte debe darse en 20 días, cuando hoy se extiende hasta los 150 días.
Otro punto que se considera relevante es la mediación familiar, o sea, antes de que el caso llegue a la Justicia, buscar por parte de un tercero un entendimiento entre padre y madre, y que el mismo tenga un valor jurídico.
También se penaliza la “obstrucción de vínculo”. Esto es cuando se acuerda una visita o un retiro del menor, y la madre o el padre, no cumple con lo acordado. Cuando sucede el hecho, el progenitor que lo sufre debe presentar un escrito en el juzgado y la resolución puede tardar meses, además de significar un costo en honorarios del abogado. En estos casos, si bien se encuentran previstos dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, no se habla sobre las penas. En el proyecto a estudio, en la segunda obstrucción de vínculo, o sea cuando se acuerda una visita y no se cumple, se ponen en marcha las penas, que son monetarias o pueden llegar inclusive a un retiro de la tenencia.
Asimismo, Familias Unidas por Nuestros Niños, considera positivo que no se rompa el vínculo frente a una denuncia, por parte del padre o la madre, sobre maltratos al menor. En caso de que exista la denuncia y mientras se sustancia la causa, se podrán realizar visitas en régimen vigilado y con todas las garantías para el niño.
Para el entrevistado, la obstrucción de vínculo “es maltrato infantil” y con este proyecto “queda clara que con la segunda vez que se produce comienzan a caer los astreintes, o sea la pena monetaria diaria por no cumplir con una resolución judicial”. “Estas son las reglas claras que las familias que hace diez años estamos reclamando, porque lo hemos sufrido en carne propia y sabemos de qué se trata”, sostuvo.
Mantero opinó que “la Justicia de familia en Uruguay no existe o es muy mala”. “Uno entra a un juzgado a buscar una solución y sale con ocho problemas. Queremos entonces reglas claras para que los abogados puedan desenvolverse de otra manera”, afirmó.
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