La legisladora del Partido Nacional considera que ONU Mujeres financia «la generación de corrientes de opinión en contra de nuestros propios intereses nacionales». Para Bianchi es necesario transparentar el financiamiento de las asociaciones civiles que operan en el país. Cuestionó además la representatividad de muchas de ellas, que desfilan por las comisiones parlamentarias en varias discusiones legislativas.
La senadora Graciela Bianchi desde hace tiempo está preocupada por la situación de miles de asociaciones civiles, de las que no se conocen datos sobre su financiación. Por este motivo realizó recientemente un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura solicitando se dé a conocer la nómina de asociaciones civiles sin fines de lucro que están registradas ante dicha cartera de Estado, así como cuántas actúan en conjunto, el objeto de las mismas y cómo se efectúa el control de ingreso y egresos de fondos.
Bianchi fue redactora de la Ley de Control de Lavado de Activos, aprobada durante el pasado de gobierno. En la norma se tomaron algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Uruguay había tenido diferentes observaciones por parte de este organismo internacional, en especial en el control de las asociaciones civiles que pueden ser usadas con fines delictivos, como ser el lavado de dinero.
El procedimiento para crear este tipo de asociaciones es bastante simple: se hace un acta fundacional, se presentan los estatutos, se llevan dos libros de contabilidad al Registro de Comercio para rubricarlos y con esa documentación se presentan los interesados ante el MEC en la sección Asociaciones Civiles para iniciar el trámite de inscripción. Una vez iniciado este trámite, ya pueden comenzar a actuar y muchas de ellas nunca completan la totalidad de los procedimientos que deberían seguir a continuación.
Durante el anterior gobierno, se otorgaron fondos al MEC para que se realizaran controles a este tipo de instituciones, pero este ministerio, según dijo la legisladora, no tiene capacidad operativa para realizar estos controles, por lo que plantea legislar para darle otra institucionalidad. Se estima que son alrededor de 20 mil las asociaciones registradas en el MEC, aunque no se sabe cuántas de estas están operativas o terminaron de cumplir con los trámites de registro.
En 2017 se aprobó una nueva normativa para este tipo de asociaciones y por ese entonces la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) estimaba que entre 1.000 y 2.000 de las registradas podrían mover casi medio millón de dólares por año.
La legisladora sostuvo que hay que controlar este tipo de asociaciones, porque en algún momento pueden recibir fondos del narcotráfico o el terrorismo. En su diálogo con nuestro semanario destacó la actuación del anterior titular de la Secretaria Antilavado, Daniel Espinosa, revelando que le había propuesto para que continuara en el cargo.
Lobby parlamentario
«Yo estoy preocupada porque en cualquier tema que se trata en las comisiones del Parlamento, siempre aparecen asociaciones civiles, que en muchos casos los integrantes se representan a sí mismos y a nadie más», acotó. Mencionó además que cuando en la Comisión de Educación y Cultura del Senado se recibió a una agrupación de padres que bregaban por la reapertura de las escuelas durante la pandemia, les solicitó que informaran si tenían el trámite de registro como asociación ante el MEC, para saber a quiénes representan y no supieron contestar.
«A muchas de estas asociaciones se les está dando un valor enorme y no sabemos a quiénes representan. Tienen que tener autoridades, tener un libro de asambleas y los registros contables. Pero vemos que hay como una inflación en este tipo de grupos y debemos comenzar a tratar el tema, ya que se puede convertir en algo muy grave, porque el GAFI exige que se sepa cómo se financian», dijo.
Bianchi dijo que si bien la Secretaria Antilavado debe controlar de dónde sacan el dinero las asociaciones civiles, en muchos casos no se puede realizar porque ni siquiera se sabe que existen.
Para la legisladora del Partido Nacional, muchos de estos grupos reciben financiación del extranjero, de fundaciones como la Rockefeller y desde organismos como ONU Mujeres (dependiente de Naciones Unidas). Agregó que «Uruguay aporta a Naciones Unidas y parte de esos fondos van a ONU Mujeres, la cual financia la generación de corrientes de opinión en contra de nuestros propios intereses nacionales. Esto hay que pararlo de alguna manera y sacarles la careta de una buena vez».
Consultada sobre por qué ha crecido la financiación desde el exterior a este tipo de ONG en los últimos años, opinó que «hay gente muy poderosa que desea crear un nuevo orden mundial». «Ellos no tienen problema en admitirlo y lo dicen. Prueba de esto es que parte de la campaña del ‘No a la baja’ de 2012 fue financiada por George Soros», dijo Bianchi consultada por La Mañana. Para la senadora estos financistas buscan «mantener el actual status quo, que es concentrador de la riqueza y el poder, pasando por encima de los Estados nacionales. Entonces usan determinadas ideologías como un mecanismo de llegada a la gente».
Bianchi puso como ejemplo la financiación de algunos movimientos feministas. «En mi opinión y como ejemplo de financiamiento desde el exterior a estas asociaciones civiles, está lo referente a los movimientos feministas. Toda la ideología de género busca un enfrentamiento dentro de la sociedad». «Como a la elite mundial le salió mal la denominada ‘lucha de clases’, ahora van por otro camino. Y este nuevo tipo de enfrentamientos en la sociedad terminan en el populismo, el deterioro del estado de derecho y la democracia», agregó.
La senadora aclaró que ello no quiere decir que, en el caso de las asociaciones feministas, estén lavando dinero. «Lo que sí digo es que forman parte de un fenómeno mundial que desde el punto de vista ideológico y de control global, a mí me preocupa», subrayó.
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