Con el objetivo de alcanzar las 300 000 firmas para ir a un plebiscito en 2024, el movimiento Uruguay Soberano plantea que todos los contratos del Estado con los privados que superen un período de gobierno, deban ser aprobados por el Parlamento.
¿Cuál es el objetivo de la recolección de firmas por parte de Uruguay Soberano?
Estamos promoviendo una reforma constitucional, denominada Uruguay Soberano, que apunta y tiene como objetivo regular la contratación del Estado. Nuestra Constitución hoy no regula en qué condiciones el Estado puede firmar contratos con empresas. Sí regula los tratados con otros Estados e impone votación parlamentaria para que sean válidos, pero no dice nada sobre los contratos que el Estado firma con las empresas. Entonces estamos teniendo el problema de que se firman contratos a 50 o 60 años, sin consultar a nadie, sin que pueda intervenir el Parlamento, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas ni la Contaduría de la Nación. De esta manera, cuando queremos acordar tenemos entregado, por ejemplo, el agua del Río Negro por 50 años, el puerto de Montevideo por 60 años. También otros ejemplos como el uso de la vía del tren de UPM de manera preferencial por el tiempo que dure el contrato, a lo que hay que agregarle la construcción de la vía.
Ahora a todo esto le agregamos la perforación del Acuífero Guaraní, dando agua de manera gratuita para hacer hidrógeno verde, tanto en la localidad de Tambores como en Pueblo Centenario, porque UPM también tiene autorización para hacer hidrógeno verde.
Entendemos que no se puede seguir disponiendo de los recursos más valiosos de Uruguay o sea el agua. Hoy es un recurso absolutamente valioso en el mundo, que se está entregando gratis, cuando está faltando para el consumo de la población. Más de la mitad de los uruguayos hoy no tenemos agua potable y, sin embargo, se están regalando millones de litros de agua potable a empresas para que los usen, ya sea para producir combustibles, para lavar sus desechos o para las fábricas celulosa, cuando no hay agua para el consumo.
¿Qué aspectos específicos plantearía la reforma?
El objetivo es regular y establecer reglas para esas clases de contratos. Son tres ejes centrales. Uno es si nos someten al Uruguay a jurisdicción extranjera. El otro es si les dan a las empresas estabilidad jurídica, o sea la garantía de que el derecho futuro, las leyes y los reglamentos futuros no los van a afectar o si comprometen gasto para más allá del período de gobierno. La Constitución es muy clara. Los gobernantes no pueden disponer gastos, por ejemplo, a través de Ley de Presupuesto, más allá de su periodo de Gobierno. Entonces lo que no pueden hacer a través de la Ley de Presupuesto lo hacen mediante un contrato firmado en secreto, sin consultar a nadie. Estamos estableciendo que esa clase de contratos tienen que tener una aprobación parlamentaria, como mayoría especial de tres quintos. El proyecto también establece que todos esos contratos, aunque sean aprobados por el Parlamento, tienen que poder someterse a referéndum por solicitud del 10% de los integrantes del Cuerpo Electoral.
La tercera condición es declarar nulos los contratos firmados en esas condiciones desde 2017 en adelante. La idea es que esos contratos tienen que ser revisados por el Parlamento, tanto el de UPM como el de Katoen Natie, el de Google o el de Pfizer, que hasta el día de hoy no sabemos en qué condiciones se acordó. También las concesiones de hidrógeno verde y el proyecto Neptuno. De esta manera, los contratos son nulos y tienen que ser revisados por el Parlamento. Se podrán después ratificar o no, eso será una decisión que tomará el Parlamento y la ciudadanía en su momento. Nosotros lo que planteamos que no pueden quedar así como están, porque no han tomado ningún mecanismo de garantía y muchas de sus disposiciones son inconstitucionales.
¿Cuándo se inició la campaña de recolección de firmas?
Lanzamos esta campaña hace casi tres años. Al principio vino muy lenta porque estaba la pandemia. Pero ahora, en particular, desde que estalló este problema del agua, la recolección de firmas y el crecimiento del movimiento Uruguay Soberano ha sido muy grande. Si bien estamos preocupados por la situación general con el tema del agua en Montevideo, estamos esperanzados con que esto pueda ayudar a tomar una decisión sensata sobre el problema. Si logramos las 300 000 firmas que se necesitan, que hay que tenerlas de aquí a abril del año próximo, iríamos un plebiscito en octubre de 2024, junto con las elecciones nacionales, en las que se aprobaría o rechazaría la reforma constitucional. El objetivo ahora es juntar las 300 000 firmas.
¿Cómo evalúa que viene la recolección de las firmas?
Nosotros ahora estamos muy entusiasmados porque está funcionando muy bien. Ha tenido un gran auge ahora la cantidad de firmas recolectadas y la cantidad de gente que está interesada en reunirlas, se han incorporado muchos voluntarios por lo cual estamos muy optimistas.
¿Y cómo ha tomado esta iniciativa el espectro político?
Los partidos que tienen representaciones del Senado en general han hecho silencio sobre esto, no discuten ni consideran el tema de la recolección de firmas. Después hay gente de todos los partidos que está trabajando. Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano, no partidario, y tiene integrantes de todos los sectores políticos. Ahora, las direcciones de los partidos más grandes tienen una actitud un poco esquiva, no quieren debatir ni tratar el tema. Otros partidos más chicos y algunos representantes de los partidos grandes (a título personal) han apoyado la reforma. Pero pensamos que es cuestión de tiempo. A medida que vayamos aumentando el número de firmas va a entrar en el debate público.
¿Por qué se toma como punto de partida el 2017?
Se toma 2017 porque fue la fecha en la que se firmó el contrato de UPM, que al día de hoy es el contrato más leonino y más antirrepublicano que haya firmado el Uruguay, por tener los efectos más graves en la economía, en los recursos naturales, en el abuso de las formas jurídicas. Entonces dijimos que ese contrato tiene que quedar comprendido.
Se plantea de esta manera revocar los contratos ya firmados. ¿Ustedes han medido las consecuencias jurídicas de realizar esto?
Hay dos cosas que hay que tener presente. Primero, que esos contratos son firmados con absoluto abuso de las facultades del Poder Ejecutivo. No es posible que, si no puede disponer gasto más allá del período de gobierno y si no puede aprobar un tratado con otro país sin permiso del Parlamento, se puedan firmar contratos a 50 o 60 años y entregar agua, carretera, vías y exoneraciones tributarias.
Ahí hay un problema de constitucionalidad. O sea, los contratos son nulos. Nos hablan de los efectos que puede tener y si nos demandan. Yo tengo la impresión de que esas empresas no van a optar por la demanda, porque tienen ya intereses metidos en Uruguay y unos contratos con privilegios brutales. ¿Cuánto vale que alguien le dé toda el agua potable que necesite durante 50 o 60 años gratis? ¿Van a renunciar a eso? Yo no lo creo. Lo que van a hacer es renegociar. Y si no renegocian y tenemos una demanda, pregunto: ¿cuánto vale el uso gratuito de recursos como el agua? El agua va a ser más importante que el petróleo, ya prácticamente lo es. Año a año va aumentando su importancia estratégica y su valor económico. Entonces la pregunta es: ¿cuánto se le está regalando a estas empresas y qué va a quedar del Uruguay, qué recursos va a tener el país? Es una responsabilidad que tenemos hacia nosotros, hacia nuestros hijos y nuestros nietos. El valor que se les está regalando es incalculable y eso hay que revisarlo, no hay más remedio. Cumplir esos contratos es mucho más suicida que cualquier plan.
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