El diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado presentó un proyecto de ley de humanización de los protocolos sanitarios que pretende abarcar más allá de las situaciones vinculadas al covid-19. Entiende que se debe “aflojar en la dureza” respecto al régimen de visitas. Por otro lado, Zubía defendió la LUC en materia de seguridad y sostuvo que el nuevo Código del Proceso Penal sigue siendo negativo a pesar de las modificaciones.
“En todos estos meses he tenido varias llamadas de ciudadanos preocupados por cómo se está procesando todo el tema de los internados por coronavirus y también lo que pasa cuando fallecen”, dijo a La Mañana el diputado colorado Gustavo Zubía. En ese sentido, un proyecto de ley que pretende dar un marco legal al sistema de visitas a pacientes internados en CTI con covid-19 fue presentado recientemente por el legislador.
Los protocolos actuales impiden las visitas a los pacientes internados con covid-19, ya sea en sala común o en tratamiento intensivo. El proyecto lleva como título “Ley de humanización de los protocolos sanitarios” y, si bien en un comienzo está pensado para visitas a pacientes con covid-19, abarca todo tipo de enfermedades infectocontagiosas.
Zubía explicó que se debe humanizar lo que pasa cuando una persona está internada con la enfermedad “ya que no existe unanimidad de criterio entre los médicos con respecto a si puede haber o no visitas y, de ser así, en qué condiciones se deben producir”.
“Hay instituciones médicas que son más amplias y dejan que ingrese alguna visita para ver a un internado, pero otras son más duras. También depende de los médicos, porque al no estar regulado todo pasa por factores aleatorios. La idea es, entonces, regularlo, pero con un proyecto que sea prudente”, sostuvo.
El proyecto de ley plantea que se le dé derecho al familiar a solicitar la visita y la institución la pueda negar o autorizar. “No pretendemos que en un CTI saturado se puedan autorizar las visitas, pero sí podrían ser contempladas en un CTI despejado”, agregó.
Para los pacientes en salas aisladas el proyecto indica que las visitas podrán ser dos veces por semana, por un plazo de 15 minutos y quienes estén en CTI también de manera bisemanal, pero por cinco minutos.
No obstante, algunas instituciones ya pusieron reparos al proyecto, porque el ingreso a un CTI implica costos en equipos de protección. Con respecto a este punto, Zubía se mostró abierto a que se les cobre a aquellas personas que lo puedan costear.
“El Ministerio de Salud Pública ha actuado bien, pero pasado un año, se debería aflojar esa dureza que se tiene con respecto a las visitas. Muchas personas sufren el calvario de ver cómo un familiar ingresa a un CTI y nunca más lo vuelven a ver con vida. Solo tienen después una caja con sus cenizas”, acotó.
Otra alternativa es que se comiencen a emplear, como en otros países, las vías electrónicas para que el paciente esté en contacto con familiares o allegados. Las comunicaciones por conferencia de video o telefónica también lo maneja Zubía como una solución.
Para la elaboración del proyecto, el legislador colorado mantuvo contacto con médicos e instituciones. “Mayoritariamente, el personal de la salud está a favor, pero también hay argumentos de las instituciones sobre un régimen muy abierto que se pueda ir de las manos y aumentar las posibilidades de contagio”.
Zubía dijo que recibió el apoyo en su iniciativa por parte de varios legisladores y de “ciudadanos de a pie”, pero admitió que los administradores de los centros de salud “ponen distancias” porque la norma implicaría más costos, en especial en materiales de protección para las eventuales visitas.
El diputado dijo que el proceso de aprobación de una ley lleva un determinado tiempo a nivel parlamentario, por lo cual vería como positivo que el Poder Ejecutivo elaborara un protocolo, el cual saliera por decreto y contemplara algunas partes de su iniciativa. En un principio, las autoridades de la salud no descartan tal posibilidad.
“Se nota la presencia policial en las calles”
Para el diputado Gustavo Zubía la seguridad ha mejorado sustancialmente en los últimos meses. “La gestión del ministro Larrañaga se está destacando, en comparación con lo que ocurría con el anterior gobierno. Hay presencia policial en las calles, y yo lo noto, inclusive, en mi barrio (Colón) dónde hay más policías en las calles, con revisión de vehículos y solicitudes de identificación”, dijo a La Mañana.
Sostuvo que la Ley de Urgente Consideración (LUC) generó el ámbito para que las indagatorias se pudieran efectuar en la vía pública y el artículo referido a la legítima defensa, “amplió las posibilidades que tenía tanto el particular, como los funcionarios policiales, de ejercitar la violencia cuando eran objeto de una violencia desmedida”.
No obstante, considera que el coronavirus ha tenido incidencia en la disminución de delitos, aunque admite que todavía no se puede evaluar en qué porcentajes. “Hay menos circulante en la calle y menos gente, pero aún no podemos saber cómo afectó el comportamiento social frente al virus, en relación con los delitos”.
Zubía insiste en que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), aunque fue modificado, “sigue siendo algo negativo en muchos aspectos”. “Los acuerdos de los fiscales con los delincuentes están presentes y siempre disminuyen las penas que se les aplican. No comparto las matemáticas que emplea el fiscal de corte, que señala que el número de presos ha seguido creciendo, en relación con los delitos. Los números de presos siempre han crecido, incluso con los gobiernos del Frente Amplio, porque el número de delitos siempre han aumentado. Sigo sintiendo que el sistema judicial fiscal, aplicando las normas benignas del CPP, lleva a que no tengamos los presos que deberíamos tener”, sostuvo.
Según Zubía, para mantener las proporciones del año 2002, entre delitos y presos, hoy debería haber en las cárceles 22 mil personas, “y estamos en poco más de 12 mil”. Unos de los ejemplos que maneja el legislador para criticar el proceder de la Fiscalía, es el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, a quien se le incautó, producto del lavado de dinero, decenas de millones de dólares y se le terminó devolviendo US$ 2,6 millones y fue condenado a prisión domiciliaria en vez de los 11 años de cárcel que se había solicitado en un inicio. “Muchas veces, el fiscal general dice que se toman ejemplos caricaturescos de las sentencias, pero el caso Balcedo es un ejemplo de que uno de los delitos más importantes de los últimos años recibiera una sanción absurda”, manifestó.
Junasa apunta a incrementar consultas presenciales
Según informó el diario El País una resolución de la Junta Nacional de Salud (Junasa) que se dará a conocer este miércoles apuntará a incrementar las consultas presenciales de forma gradual a partir del 1º de marzo. La medida incluye a instituciones de Montevideo, Canelones, Rivera y Chuy que en diciembre habían sido exhortadas por el MSP a aplicar telemedicina por el aumento de casos de covid-19. Acorde al artículo, en los próximos seis meses se instará a las instituciones a efectivizar cirugías que no se realizaron por el coronavirus.
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