Para que el proyecto prospere en el Parlamento deberá contar con la voluntad política del presidente Luis Lacalle. La iniciativa del diputado colorado Gustavo Zubía, que tendría en principio el apoyo de su partido y de Cabildo Abierto, aspira a la creación de un colegiado con tres fiscales.
El diputado colorado y ex fiscal, Gustavo Zubía, se reunió en los últimos días con el primer mandatario para explicar su proyecto. Aunque del encuentro no se llevó una manifestación de apoyo concreto, si hubo una promesa de que se analizaría la iniciativa. El mandatario analiza las consecuencias políticas que podría tener tal decisión.
El proyecto de ley apunta a cambiar la composición de la dirección de la Fiscalía en su parte administrativa. Estaría integrado por tres fiscales. Al actual Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, se le suman dos fiscales más, para actuar únicamente en la parte administrativa. Se apunta a transformar la Dirección de la Fiscalía General, sacando un sistema unipersonal y pasándola a un sistema colegiado con tres miembros fiscales. De esta manera entre tres personas se dirigiría el servicio descentralizado que es la Fiscalía General, sin quitar a Díaz las atribuciones jurisdiccionales que tiene ante la Suprema Corte de Justicia.
Lo que si deberá compartir con los otros dos fiscales es la parte administrativa, como ser designaciones de cargos, concursos, traslados, imposición de sumarios, instrucciones generales y otro tipo de resoluciones. Se considera que es en este tipo de resoluciones donde radica el verdadero poder el Fiscal General.
El tema del poder del Fiscal General resurgió con una investigación administrativa contra la fiscal Natalia Charquero, quién intervino en el caso de las denuncias contra el ex intendente de Colonia, Carlos Moreira, y decidió archivar el caso. En 2014, Charquero aparecía como militante del Partido Nacional. No obstante este caso, hay por lo menos otras cinco investigaciones de fiscales, ordenadas por Díaz, las cuales terminaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y donde se revocaron las sanciones impuestas. Una de esas resoluciones, es el caso de la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, la cual fue sancionada en dos ocasiones por Díaz, inició una apelación en el TCA, la ganó y ahora tiene dos juicios contra el Estado, por unos 50 mil dólares por daño moral y perjuicios.
Con la modificación propuesta por Zubía, en ese nuevo esquema de tres fiscales para la Fiscalía de Corte, todas las resoluciones de sanciones se deben tomar por mayoría. Díaz se mantendría en su cargo hasta el 2022, y los otros dos fiscales deberán ser designados por el Poder Ejecutivo, ocupando el cargo por un plazo de cinco años, con la venia del Poder Legislativo, mediante mayoría simple. El Fiscal de Corte, que tiene representación ante la Suprema Corte de Justicia, sigue siendo un cargo designado por 10 años, y se necesitan mayorías especiales del Parlamento para su nombramiento.
El Fiscal General también encabeza otro poder que no es muy mencionado: el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. El mismo es quién elabora las instrucciones sobre cómo deben actuar los fiscales ante determinadas situaciones y el fiscal general tiene la «influencia directriz». Se considera que este es un poder paralelo porque se dan «recomendaciones» a los fiscales. El Consejo está integrado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, un representante del Poder Ejecutivo, otro de la sociedad civil (designado por el Fiscal General), uno de la Facultad de Derecho y un representante de la Asociación de Fiscales. Por lo menos hay hasta el momento 14 recomendaciones en diferentes aspectos. La última señala que se excluya de los delitos de defraudación tributaria del elenco de delitos en lo que exista interés público para su persecución,
De aprobarse los cambios expuestos en el proyecto del diputado Zubía, se sumarían a este Consejo, los dos nuevos fiscales designados.
Escenarios de futuro
En su exposición de motivos el diputado colorado destaca que el Fiscal de Corte es, después del Presidente de la República, quién tiene más poder en Uruguay, porque bajo su mando tiene a todos los fiscales quienes son los que llevan los procesos contra los ciudadanos.
Con este proyecto, Zubía no ingresa en el tema de la posible destitución de Díaz, sino que pretende que por una mayoría simple en el Parlamento (que la tiene la coalición) se cambie el sistema de funcionamiento de la Fiscalía restándole poder al Fiscal General.
Hay por lo menos cinco investigaciones de fiscales, ordenadas por Díaz, que terminaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)
El Partido Colorado y Cabildo Abierto estarían dispuestos a considerar el proyecto de Zubía, pero las dudas están dentro del Partido Nacional. Si bien varios legisladores de esa colectividad se han manifestado a favor de la iniciativa, la orden final está en manos del presidente Lacalle.
Dentro del Partido Nacional, el Presidente del Directorio de esa colectividad, Pablo Iturralde, se reunió con el fiscal José Díaz, solicitando explicaciones de la investigación iniciada a la fiscal Natalia Charquero. «Preguntar si hay una vinculación hoy es una cosa, pero otra es si es en el pasado, porque todos tenemos un pasado y una militancia. Si empezamos de esta manera vamos a terminar desconfiando de todos» aseguró, agregando que «no se quiere que haya una caza de brujas».
En el caso de Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust, entregaron a la Presidencia una carta dirigida al presidente Lacalle solicitando la remoción de Díaz.
Varias fuentes consultadas por La Mañana coincidieron en que, si se aprueba el proyecto de compartir el poder en la Fiscalía de Corte, Jorge Díaz podría renunciar. En su futuro estaría la política o un cargo en un organismo internacional representando a Uruguay, como ser la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso Peri Valdéz
El doctor Leonardo Guzmán recordó cuando en el gobierno de Jorge Batlle (2000 – 2005), y ocupando el cargo de Ministro de Educación y Cultura, se procedió a la destitución del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Óscar Peri Valdés.
Los hechos ocurrieron en 2003, y por ese se le acusó al acusado de opinar oficialmente sobre materias ajenas a su competencia, a trabajar con determinado jerarca policial en indagaciones reservadas, a instalar una oficina para tipificar delitos leyendo el parte de la comisaría sin oír a los implicados.
En una columna en el diario El País, Guzmán decía al respecto «lo separamos del cargo por ilegalidad, abriéndole un sumario en el cual tuvo máximas garantías y no pudo desmentir las imputaciones». El presidente Batlle le dijo a Guzmán al referirse al caso Batlle, “lo hacemos por la legalidad: a mí no me va nada y a usted tampoco, salvo el cargo”.
Para Guzmán y frente a la solicitud de remoción de Díaz, «hoy hace falta restablecer ese plano de puro Derecho para sopesar el actual colapso funcional de la Fiscalía General, que desborda con mucho el episodio ventilado en estas horas. Lo sabe el foro entero y lo sufre la gran mayoría de los denunciantes. Habrá que saber cuántos males provienen de erratas del manejo y cuántos del nuevo Código del Proceso Penal que, remedando pésimos modelos foráneos, minimizó al Poder Judicial. Para restablecer una Justicia Penal abierta y plena, midamos todo eso en Derecho. Sin cintillos y sin prejuicios».
El periodista y abogado también señalaba «el lunes los legisladores Domenech y Lust Hitta pidieron al Presidente Lacalle Pou la destitución del Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz. Tras larga temporada de monolitos, tener parlamentarios con iniciativa propia es un mérito republicano. Lo celebramos sin tapabocas».
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