Las principales críticas y acusaciones contra el fiscal Rodrigo Morosoli provinieron no solo desde Cabildo Abierto, sino también de parlamentarios del Partido Nacional. Durante la sesión extraordinaria por el desafuero del senador Manini, que promovió dicho fiscal, se puso en tela de juicio el procedimiento de asignación de turnos y la instrucción, sobre todo, en el interrogatorio a testigos.
Durante su intervención como miembro informante, la senadora
nacionalista Carmen Asiaín realizó una pormenorizada argumentación de la falta
de mérito para el desafuero. No obstante, señaló también algunas
irregularidades en la actuación de los fiscales. Asiaín sostuvo que si se revisa
la planilla de turnos, el fiscal Rodrigo Morosoli (quien solicitó el desafuero
del senador Guido Manini Ríos), estaba fuera de turno cuando llegó el caso a la
fiscalía, lo que levanta una serie de sospechas sobre el procedimiento en
general.
A nivel del Poder Judicial los turnos para los jueces están adjudicados por fechas y ante un hecho delictivo debe actuar el juez correspondiente a ese turno. Si lo hiciera otro, el caso quedaría anulado. Pero en la fiscalía, si bien existen los turnos, cualquier fiscal puede tomar un caso.
«Realicé diferentes consultas con fiscales y todos coincidieron en que llamaba la atención que Morosoli hubiera actuado fuera de su turno, pero por esto no existe la nulidad el procedimiento», dijo Asiaín, acotando que «se alteró el orden regular». En declaraciones a La Mañana, la senadora nacionalista dijo que «no atribuía intencionalidades, pero existe este elemento que es innegable».
En tanto la senadora Graciela Bianchi acotó que es el fiscal general, Jorge Díaz, quien tiene la responsabilidad jerárquica de controlar a sus subordinados, y consideró que fue muy grave la actuación del fiscal Morosoli, «muy errada en la instrucción de una formalización que deja mucho que desear desde el punto de vista técnico».
«Se efectuó una instigación a los testigos, induciéndolos, facilitándoles datos que estos se habían olvidado o la falta de repreguntas, como, por ejemplo, en el caso del expresidente Vázquez, que dice una cosa en una entrevista con el periodista Gabriel Pereyra y, ante la fiscalía, dijo exactamente lo contrario. Desde el punto de vista de la instrucción fue gravísimo lo que se hizo. Si fue intencionado o producto de la ineptitud eso hay que investigarlo», sostuvo la legisladora.
Bianchi subrayó que si la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, fue investigada por haber salido en una foto antes de ser fiscal, «la actuación del fiscal Morosoli y sus dos fiscales adscriptas merecen por lo menos un sumario». Antes de asumir el cargo, Charquero había aparecido en una foto con dirigentes del Partido Nacional y tras ser nombrada en la fiscalía participó del caso del intendente Carlos Moreira, por lo cual fue investigada, aunque después la misma se cerró.
La senadora se manifestó de acuerdo en realizar cambios en el funcionamiento de la fiscalía general, si dichos cambios salen de un acuerdo dentro de la coalición de gobierno. «Se deben hacer cambios, pero no mirando al fiscal Díaz en concreto, porque además le queda un año y medio de gestión, sino para investigar y, quizás, profundizar en cosas graves dentro de este caso, como, por ejemplo, que Morosoli no era el fiscal que estaba de turno» cuando se realizó la denuncia contra el senador Manini Ríos.
Estudian denuncia por «prevaricación»
El senador Guido Manini Ríos dijo que la Fiscalía General de la Nación, manipuló los turnos y mandató políticamente al fiscal Rodrigo Morosoli, para la acusación en su contra, como una manera de salir en defensa del expresidente Tabaré Vázquez. Morosoli quiere formalizar a Manini por la presunta omisión de no denunciar ante la justicia los delitos confesados por el coronel retirado, José Nino Gavazzo, ante un Tribunal de Honor.
En declaraciones al programa En Perspectiva (Radiomundo), el líder de Cabildo Abierto dijo tener suficientes elementos para pensar el caso «armado» y que se buscó siempre afectar políticamente. «Me citan tres días antes de las elecciones internas, me citan al juzgado días antes de las elecciones nacionales», remarcó.
«Cada vez que se trataba un tema relativo, surge algún evento mediático importante que conmueve a la opinión pública. Creo que tengo elementos objetivos, y no quiero caer en paranoia, pero hay elementos objetivos para pensar que aquí se actuó con sesgo e intencionalidad política», añadió Manini. Por esta razón, adelantó que estudia la posibilidad de denunciar por prevaricación al fiscal Rodrigo Morosoli, lo cual se analizará “de forma coordinada” con los socios de la coalición de gobierno.
Morosoli había anunciado, en 2019, que esperaba la formalización de Manini en base al artículo 177 del Código Penal, que sanciona la omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que se hayan configurado en su repartición. Dicha falta se castiga con tres a 18 meses de prisión.
El año pasado, y tras tomar declaración al expresidente Tabaré Vázquez, al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y al exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel, el fiscal Morosoli dijo que el único responsable era Manini, por no haber denunciado lo que contenían las actas del Tribunal de Honor de Gavazzo, cuando el exministro de Defensa, Jorge Menéndez (fallecido tras ser destituido por Vázquez), manifestó por escrito que se reunió (acompañado por dos abogados) con Toma, en febrero de 2019. En esa ocasión le entregaron los documentos, informando lo dicho por Gavazzo y sugiriendo una denuncia penal. Esta denuncia se realizó en abril, tras un informe periodístico que dio a conocer la existencia de referidas actas.
Asiaín, a su vez, indicó que la solicitud de desafuero de Manini no tenía fundamento. «Jurídicamente no existe la obligación de denunciar un delito que ya fue procesado por la justicia y, por otra parte, el delito no tenía plazo para su procedimiento, o sea, que el entonces comandante en jefe del Ejército no tenía un plazo legal para entregar la información que tenía a sus superiores. No se puede imputar un delito por aproximación», dijo la senadora. «Si algo se probó es que Manini entregó el informe. Otra cosa sería si lo hubieran encontrado y de esta manera Manini no lo hubiera entregado. Eso sería un delito de ocultamiento, pero esto no aconteció», agregó. Otro punto es que la denuncia no tiene que ser por escrito según el Código Penal. La legisladora recordó que Manini declara que le manifestaba al ministro Menéndez cada vez que se suspendía el Tribunal de Honor. «Entonces el tema es que el fiscal no cree en la palabra de Manini, pero para que se pueda hacer lugar a la imputación de un delito, no es por una duda, se tiene que demostrar el hecho sin tener ninguna duda. Acá entonces no hay lugar para removerle los fueros, que es suspenderle la condición de legislador, para que vaya a declarar», acotó.
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