La división de Violencia Basada en Género de Inmujeres tiene un presupuesto que este año superaría los US$ 8 millones, que mayormente están destinados a la contratación de organizaciones no gubernamentales. Muchas de las compras directas o licitaciones han sido cuestionadas por el Tribunal de Cuentas. Investigadores y parlamentarios cuestionan insuficiente rendición de cuentas.
Dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social funciona la división de Violencia Basada en Género, que es de las más importante dentro de Inmujeres y la que absorbe gran parte del presupuesto.
Al inicio del actual gobierno, se produjo una polémica en torno a quién sería la directora de la división. La exdiputada colorada Valentina Rapela había participado de varios programas de televisión y radio a inicios de marzo de 2020 anunciando que sería la nueva directora de la división. Pero quien había sido nombrada como directora de Inmujeres, Mónica Botero, salió a desmentirlo indicando que en el cargo permanecería Karina Ruíz, a quien calificó como una profesional de carrera con varios años frente a esta división. Esto finalmente terminó ocurriendo.
Una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de 2012 (822/012) señala que esta cartera de Estado resolvió que por el período 31 de julio de 2012 hasta el 30 de julio de 2027 se considera “información reservada” la vinculada al “Registro de Información del Servicio de Violencia Doméstica del Departamento de Violencia Basada en Género y demás información relacionada”.
“Inmujeres tiene un servicio de atención a víctimas de violencia de género que está tercerizado e insume, hasta el momento y en este período de gobierno, US$ 8 millones”, dijo a La Mañana, Rodrigo Ríos, licenciado en Ciencias Sociales. Uno de sus trabajos principales de investigación es el funcionamiento de Inmujeres y los gastos que se realizan en especial en contrataciones de ONG.
Ríos destacó que al iniciarse la actual administración se dejó sin efecto una licitación que se había iniciado en el período pasado, pero se amplió otra que ya estaba en curso y que databa de 2016. Esa ampliación fue observada por el Tribunal de Cuentas e insumía $ 67 millones. La resolución del Mides del 2 de setiembre de 2020 indica que “se amplían los acuerdos suscriptos con organizaciones y cooperativos de trabajo para que continúen equipos técnicos multidisciplinarios para Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género para los departamentos de Montevideo, Río Negro, Lavalleja, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres, Paysandú, Rivera, Soriano, Canelones, Maldonado, San José, Artigas, Tacuarembó, Flores y Colonia por un plazo de 7 meses a partir de mayo de 2020 y por un monto total de $ 67.867.524”.
En los detalles de la adjudicación se observa que la institución más favorecida fue el Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) con más de $ 37 millones. Otras instituciones que se observan en el listado son Serfam, Mujeres sin Miedo, CPP, Paulina Luisi, Instituto Mujer y Sociedad, El Paso y Voz de la Mujer. El Tribunal de Cuentas observó el gasto y se lo comunicó a la Asamblea General el 30 de diciembre de 2020.
También el Tribunal de Cuentas observaría meses después, en enero de 2021, la licitación para la adjudicación para la gestión del servicio telefónico de violencia doméstica 0800-4141. Este llamado era por $ 5 millones y se adjudicó también a Plemuu. El cuestionamiento era que dos técnicas que trabajan en Inmujeres, también formar parte de esa ONG. A esto se sumó que no había información contable.
Ríos dijo que muchas veces estos servicios se realizan sin rendición de cuentas y sin una evaluación. “La cantidad de personas que se atienden en estos servicios ha ido aumentando, pero no existe una evaluación sobre el impacto que tienen estos programas”, sostuvo.
Políticas de género
“Los montos que se destinan para las ONG son similares a las que se destinaron durante el gobierno anterior”, advirtió Ríos. A los US$ 8 millones que ya se adjudicaron hay que sumarle parte de un préstamo del BID por US$ 4,1 millones y un financiamiento no reembolsable de US$ 1 millón.
Para el BID, estos recursos se destinan “para promover de una vida libre de violencia basada en género y al logro de la igualdad de género en Uruguay”. Se acota que “esta operación es el primer préstamo de inversión enfocado exclusivamente en luchar contra la violencia basada en género (VBG)”. Parte de estos fondos serán para la reestructura edilicia del centro de atención en Montevideo para mujeres afectadas por violencia de género, otra parte para la atención psicosocial y legal, y unos US$ 400 mil para el servicio de atención por la trata de personas y explotación sexual.
En este caso Ríos sostuvo que la atención por la trata de personas “viene siendo monopolizado desde hace años por la ONG llamada “El Paso”. Se efectuaron dos prórrogas en su contratación por un monto de $ 6 millones. El contrato original es de 2019 y el mismo fue prorrogado en 2020 siendo esto observado por el Tribunal de Cuentas. En febrero de 2021 logró una nueva extensión que también fue observada por el TC.
Otra compra de Inmujeres que fue observada por el Tribunal de Cuentas es la de un inmueble. La adquisición se realizó en 2021 y fue de manera directa. La casa en cuestión tiene como fin la atención de mujeres en situación de violencia y en el mismo lugar se instalará un servicio de atención telefónica con el mismo fin. Si bien existe un centro similar en la zona Centro de Montevideo, se planificó la creación de otro que debía estar en Goes, Nuevo Centro, La Figurita o Jacinto Vera. Según el informe del TC, para la compra se consultó las páginas web de Mercado Libre y Casas & Casas Negocios Inmobiliarios y se efectuó un llamado a una inmobiliaria de la zona, las cuales presentaron unas 20 propiedades como ofertas.
Finalmente, se decidió comprar una propiedad ubicada en la calle Antonio Machado a pocas cuadras del monumento a Luis Batlle Berres. Se pagó US$ 242 mil. Según el informe, el precio por metro cuadrado fue de US$ 1.742, estableciéndose que en la zona el precio promedio es de US$ 1.632. El Tribunal de Cuentas cuestionó que se consultaron solo a las inmobiliarias de la zona y no se extendió a otras inmobiliarias.
La situación de lo que ocurre en Inmujeres también llegó al Parlamento. La diputada por Canelones, Inés Monzillo (Cabildo Abierto), efectuó en diciembre del año pasado un pedido de informes al Mides para conocer algunos aspectos puntuales sobre lo que acontece en Inmujeres. Dentro de sus preguntas está el conocer el presupuesto anual destinado al instituto y proyectos relacionados, las contrataciones directas por excepción realizadas en el período 2020-2021, las contrataciones de hoteles para alojar a madres con hijos, así como la cantidad de cargos de confianza en el instituto, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR
