La legisladora denunciará ante Fiscalía a estudios jurídicos por el cobro extorsivo de deudas y exigió al Banco Central que realice un control sobre la venta de carteras incobrables que los bancos realizan a dichos gestores de cobranza. En entrevista con La Mañana, Bianchi aseguró que hay una «mafia» que se aprovecha de estas situaciones.
Usted ha planteado en el Parlamento lo que sucede con estudios jurídicos que compran deudas a bancos y financieras y después acosan para intentar cobrar. ¿Cuál es el motivo de esta denuncia y qué pasos seguirá?
Esto tiene relación con el proyecto de ley sobre usura presentado por Cabildo Abierto en el Parlamento. En ese proyecto se hace referencia a la usura en la que incurren algunas financieras, situación sobre la que debería tener control del Banco Central. Estas financieras utilizan propaganda engañosa porque se dice la cantidad de cuotas de un préstamo, pero no se habla tanto de los intereses. Generalmente, la gente más necesitada, que muchas veces no tiene información técnica o jurídica, no calcula cuáles son los intereses que terminarán pagando, por lo cual se terminan aprovechado de la necesidad.
Precisamente y basándome en ese proyecto de Cabildo Abierto, hice referencia también a otro fenómeno que está atado a esto y es cuando esa gente no puede pagar por los altos intereses y más si se atrasa en algunas cuotas. Este otro punto es la venta de carteras incobrables (préstamos) que realizan los bancos privados a «cuevas» financieras o estudios jurídicos que lo que terminan cometiendo son dos delitos: el de violencia privada y justicia por mano propia.
Esta aseveración que usted efectúa, ¿en qué se basa?
En primer lugar, los bancos venden esas carteras que son préstamos chicos y sin capacidad de recuperación a algunos estudios, que muchas veces optan por el delito para presionar a la gente para que paguen esa deuda o parte de ella.
¿Cómo se termina relacionado con el tema de estas llamadas extorsivas?
Es interesante, porque de todo este tema me entero por un hecho casual. Como abogada ejercí mi profesión y antes de darme de baja en la Caja de Profesionales –porque comenzaba mi tarea como legisladora en 2015–, asistí a una persona que lamentablemente, por problemas económicos, cayó en varios préstamos. Entonces mi teléfono fue dado por esta persona a las financieras, ya que yo era su abogada. En 2016 me comenzaron a llamar y expliqué que era la abogada de la deudora, pero no ejercía más la profesión. No obstante, en 2017 y 2018 hubo llamadas, también por las mismas deudas de mi cliente, sin embargo, eran de otros estudios. Ahora, en noviembre de 2021, más de seis años después de asesorar a esta persona, me empiezan a llamar de nuevo y mandarme mensajes de texto como ser, «usted está en una situación delicada», «puede ser ejecutada y debe comunicarse urgente al número XXX». Registré todos los números de los cuales me habían llamado y tengo los mensajes de texto. Debo decir que estas personas además de cometer varios delitos, hacen lo que se puede calificar como una burrada, ya que quieren presionar a los abogados por deudas de sus clientes.
¿Cómo califica estos hechos y cómo decide actuar?
Estamos ante una mafia. Las cosas hay que expresarlas por su nombre. Esta gente está aprovechándose de la situación de las personas y ejerciendo presiones. Por ejemplo, quien era mi cliente, con la cual sigo en contacto, me relató que aún hoy día, después de más de seis años, le hacen un hostigamiento permanente hasta en el trabajo. Hasta corre peligro de perderlo, porque llaman y aunque atienda algún compañero de ella, le expresan a estos que tienen una compañera que no paga sus deudas. Yo realmente estoy impactada con lo que está sucediendo.
Como sabe la ciudadanía llevo muchos años como legisladora trabajando en lo que se pueden denominar como cosas «pesadas», pero descubrí un submundo terrible de este tipo de gestores o estudios jurídicos que presionando intentan cobrar esas deudas.
Usted hizo referencia a este tema en la media hora previa de la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los pasos que dará de ahora en más?
Pasó un hecho curioso porque justo ese día antes de entrar a sala recibí una nueva llamada de esta gente, que ahora utiliza grabaciones amenazando. Esto es un delito de violencia privada que se procesa directamente con el delito de justicia por mano propia. A mí lo que me indigna es la inoperancia del Banco Central, y no me importa decir esto de mi gobierno, es más, a mi gobierno le exijo más.
Debe haber una «policía financiera» que extienda su accionar más allá de los bancos privados. Porque todo esto parte de esos bancos privados que cuando ven que no pueden cobrar un préstamo o las deudas de una tarjeta de crédito, se la venden o regalan a estos estudios jurídicos, con la promesa de que si cobran se llevan un porcentaje. Y ahí tiene que actuar la superintendencia del BCU, porque todo parte de bancos que se deben controlar.
¿Piensa tomar algún tipo de acción ante la Justicia?
Más allá de que solicité que las palabras pronunciadas en el Senado pasaran a Fiscalía y al BCU, ya tengo preparada una denuncia que presentaré esta semana. El tipo de delito que incurre este intento de cobro con amenazas se denomina acoso y ya está previsto en el código penal de 1934 bajo las figuras de violencia privada y justicia por mano propia. Si bien yo decidí presentar la denuncia, la Fiscalía ya debería estar actuando de oficio. Cuando me expresé en el Senado, algún fiscal me debería haber citado, porque estaba denunciando que había sido amenazada, pero eso nunca pasó por lo cual soy yo quien presentaré la denuncia correspondiente. El Fiscal General me debería haber llamado, porque soy una senadora de la República quien hace una denuncia y ofrezco la prueba.
Cuando estalló la crisis de 2008, en especial en Estados Unidos y Europa, se dieron este tipo de casos de llamadas extorsivas para cobrar deudas y se legisló que solamente se puede llamar una determinada cantidad de veces al deudor para intimar el pago y después realizar las acciones judiciales de cobro que correspondan. ¿No se puede legislar en este sentido también en Uruguay?
Legislar se puede. Sin embargo, soy legisladora y entiendo que hay leyes que ya existen. Este tipo de actuación ya está penada en el Código Penal. O sea, la legislación para detener esto está. El BCU tiene que realmente ejercer los controles y llevarlos a esas agencias destinadas a este tipo de cobros.
Usted mencionó que presentará una denuncia, no obstante, la gran mayoría de la población no sabe que cuando le hacen este tipo de llamadas con tonos amenazantes, quienes las efectúan están cometiendo un delito y pueden ser denunciados. ¿Qué debería entonces hacer el gobierno?
Quien debe actuar es el Banco Central, por eso ahora estoy esperando a ver qué hacen. Porque la autoridad monetaria debería controlar qué hacen los bancos con esas carteras incobrables.
¿Por qué no avanza el proyecto de Cabildo Abierto sobre reestructuración de deuda de las personas físicas?
Está en la comisión de Constitución y Legislación, y en la actualidad en esta hay muchos proyectos. Dentro del trabajo parlamentario tenemos que ponernos de acuerdo en qué iniciativas vamos tratando y los que están en esta comisión son todos muy trascendentes. De esta manera inevitablemente estamos atrasados, en parte por la pandemia y los casos de cuarentena que tuvimos y porque también tratamos la rendición de cuentas, que se lleva todo el trabajo parlamentario. En la actualidad, en la comisión estamos con el tema de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. También en el proyecto de corresponsabilidad de la crianza de los hijos, que está pronto, pero dentro del Partido Colorado, el sector Ciudadanos no se define.
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