El 20 de febrero el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés Requena, habló con el Canal 10 acerca de las pérdidas que se prevén a causa de la extrema sequía que afecta a la región. Afirmó que solo en el sector de la soja se estiman pérdidas alrededor de los 800 millones de dólares para nuestro país. Sin embargo, acotó que a su juicio el problema más complejo lo padecerán los ganaderos, ya que el impacto de la sequía va a ser visible en las pariciones de la primavera de este año y eso tendrá como consecuencia que vamos a tener, como país, menos capacidad de faena para el año 2025 y 2026.
También consideró que las medidas adoptadas por el MGAP han sido aceptables, abarcando principalmente a productores familiares de hasta 500ha, sin embargo, en el caso de la ganadería, dijo que si se analiza el sector se puede ver que el 75 % de la composición del stock ganadero del Uruguay están en superficies mayores a 500ha.
De ese modo, desde la ARU ha habido reuniones con los distintos ministerios para buscar soluciones. Entre las herramientas que tiene elaborada la ARU para ayudar a los productores a seguir adelante, recordó que en la seca del año 2011 se reglamentó una ley del año 2008 por medio de un decreto, que todavía está vigente, la creación del Fondo de Emergencia Agropecuaria.
¿Qué es el Fondo de Emergencia Agropecuaria?
En primer lugar, en aquel decreto se definió por Emergencia Agropecuaria a la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que originen pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agrícola y que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro. El Fondo creado fue utilizado para atender a los productores a través de apoyo financiero, infraestructura productiva o insumos, con el objeto de contribuir a recuperar las capacidades perdidas como resultado del evento ocurrido. Los apoyos fueron según el decreto, de carácter total o parcialmente reembolsables.
Sin embargo, la emergencia agropecuaria debe ser declarada expresamente por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el asesoramiento preceptivo de la Comisión de Emergencias Agropecuarias, delimitando expresamente el período, el o los rubros y las zonas de afectación.
De ese modo la ley 18.719 (Presupuesto Nacional para el quinquenio 2010-2014) del 27 de diciembre del 2010 estableció la entrega de una partida anual de 48.000.000 de pesos para el Fondo Agropecuario de Emergencia, lo que significó un alivio para los productores afectados durante ese período.
Esta política de protección para los productores agropecuarios ante riesgos climáticos ha sido elogiada por la FAO, y ha destacado en varias de sus publicaciones la importancia de las políticas públicas para reducir el impacto de las mismas en la producción. Al mismo tiempo la FAO destaca el valor del SNIA (Sistema nacional de información agropecuaria) el cual es un sistema de información geográfico que busca la interoperabilidad de todas las bases de datos del MGAP y de la Institucionalidad Agropecuaria con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones del sector público y privado, gestión de riesgos y el desarrollo de políticas públicas en cuanto a producción, sanidad inocuidad y bioseguridad.
La FAO y la “Gestión integral de riesgo de desastre en el sector agrícola y la seguridad alimentaria”
Actualmente, la pequeña agricultura produce el 80% de los alimentos del mundo, mientras que en Latinoamérica y el Caribe 14 millones de estos agricultores producen más del 50% de los alimentos de la región, sin embargo, siguen siendo extremadamente vulnerables a los efectos de desastres naturales lo cual acarrea un una real amenaza al suministro global de alimentos (Políticas públicas de gestión de riesgo agropecuario en los países del CAS, 2016)
Desde hace ya varios años, las vicisitudes climáticas han estado, no solo bajo los focos de atención de los estados que ven como el sector agrícola es cada año más vulnerable a sus efectos adversos, sino también de distintas organizaciones internacionales como la FAO que han visualizado el problema, y han diseñado estrategias para esta clase de eventos.
En una publicación del año 2017 realizada por la FAO, dirigida a Uruguay como miembro del CAS (Consejo Agropecuario del Sur) se estructuraron las principales amenazas y retos para el sector agropecuario de nuestro país.
El CAS es un organismo formado por los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y tiene por objetivo la articulación del sistema agropecuario de la región y la coordinación de acciones en políticas públicas para el sector. Su Secretaría Técnica Administrativa está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
El enfoque de este estudio está orientado a reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres.
Las estrategias internacionales que los países han adoptado para aunar esfuerzos en esta materia, son el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
El Marco de Sendai establece que los Estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias: Comprender el riesgo de desastres en cuanto al análisis de amenazas y vulnerabilidades.
Fortalecer la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Mejorar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
¿Se trata de una novedad o es un fenómeno antiguo?
Las arbitrariedades en el sistema pluviométrico en nuestro país, son una constante que nos golpean en forma destructiva desde hace más de cien años. Y usamos esa fecha, porque fue a partir de la sequía de 1890, generadora de cuantiosas pérdidas en un stock ganadero remosado, donde comenzó a llevarse registros. Seguramente el problema existía ya cuando Hernandarias introdujo las primeras vacas en la Banda Oriental, que en 60 años se multiplicaron en forma sorprendente, cubriendo todo el territorio de lo que hoy constituye el Uruguay. Este ganado llamado cimarrón, al no existir alambrados que los confinara, siempre encontraban algún abrevadero que le permitiera beber agua, sea en algún río o arroyo donde el noble fluido no se cortaba sino parcialmente a lo largo de su curso, o en los manantiales del generoso subsuelo de lo que hoy se conoce como Acuífero Guaraní.
Es fácil a este fenómeno considerarlo como reciente y atribuírselo al “Cambio Climático”, forma fácil de buscar culpables.
El secretario general de la agencia de la ONU, profesor Petteri Taalas afirma, basado en sesudos estudios, que el fenómeno de La Niña/El Niño se produce por un enfriamiento o calentamiento a gran escala de la superficie oceánica de la parte central y oriental del Océano Pacífico, unido a cambios en la circulación atmosférica tropical, lo que provoca vientos, presión, grandes precipitaciones y estresantes sequías.
Hoy en día, esta calamidad no sólo afecta una de nuestra tradicional y primera fuente de generación de divisas, que es la producción de carne, sino que golpea a la gran mayoría de los cultivos de secano (que salvo excepciones carece de riego), que sin ir más lejos el pasado año, fueron generadores de los principales ingresos genuinos a nuestra golpeada tesorería.
Hoy en nuestro país el único sector agrícola que en su totalidad disfruta del beneficio de riego es el arroz.
Si le damos la importancia que se merece, contar con recursos propios y no con deuda pública, aquí y ahora, comencemos a consensuar la urgente necesidad de armar un plan de preservación del agua de nuestras lluvias, para que en lugar de que se diluyan en el océano, sean aprovechables en situaciones dramática como las que estamos viviendo.
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