El cierre del año 2025 dejó varios temas para analizar de cara al futuro como, por ejemplo, el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que quedó en entredicho tras el caso del Dr. Álvaro Danza, presidente de ASSE. En nota concedida a La Mañana el director de la Jutep en representación del Partido Nacional, Dr. Luis Calabria, sostuvo que la Constitución prohíbe a un médico como Danza trabajar en mutualistas privadas mientras es jerarca de ASSE, un organismo público, y que la decisión del jerarca de abandonar algunos cargos no solucionaba el tema de fondo.
¿Cómo analiza la situación generada por el caso Danza, cuando se descartó el informe del Departamento Jurídico de la oficina, tomando como referencia uno externo?
Sí, evidentemente en lo jurídico siempre hay más de una biblioteca o la posibilidad de interpretar en un sentido u otro, y lo que a nosotros nos llamó la atención y fue lo que alertamos, es que la Jutep, o la mayoría de sus integrantes cuando nosotros ingresamos, incluso antes, habían hecho comentarios públicos de que tenían estudiado el tema, sin embargo no estaba el dictamen de la asesoría letrada, porque la asesoría letrada hizo el estudio luego que nosotros ingresamos al organismo y porque nosotros solicitamos que analizaran el caso. Entonces, esa predisposición a no escuchar el informe técnico es lo que a nosotros nos alarmó en el sentido de que sí tenemos una asesoría letrada muy potente, integrada por tres abogadas que entraron por concurso al organismo, que representan una oficina con autonomía técnica y que realmente en el tiempo que he estado he valorado muy positivamente la formación y el profesionalismo. Es verdad, no son vinculantes los informes técnicos, pero bueno, había una predisposición a no escuchar de antemano, que era lo que a nosotros nos parecía correcto. Evidentemente, ha habido una influencia política, o por lo menos así lo sentimos nosotros, y bueno, tendremos que reconstruir para adelante porque es la única manera para un organismo tan noble como es la Jutep, que en la medida que pierda la confianza de la gente es un organismo que no tendría sentido.
¿Les sorprendió que no fueran invitados por el ministro José Carlos Mahía para brindar asesoría en un tema que los involucra?
Sí, nosotros estuvimos esperando hasta último momento a ver si éramos convocados, existía la posibilidad. El miembro interpelado, el ministro, es quien tiene la facultad, según el reglamento de la Cámara de Diputados y la propia Constitución, son los interpelados quienes tienen la facultad de llevar a sus asesores. Nos parecía de orden que fuera la presidenta, el vicepresidente, y nosotros aspirábamos a integrar la delegación en caso de que fuéramos convocados, pero eso no ocurrió, y le quitó a la interpelación la posibilidad de dar algunas respuestas en sala de las interrogantes que hacía el mismo interpelante y toda la Cámara, en definitiva. Pero bueno, así se dieron las cosas y lo importante es reconstruir para adelante, esa es nuestra tarea.
¿Y existe voluntad de hacer esto? ¿Qué es lo más importante?
Desde nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, estamos dejando constancia de todas nuestras discrepancias en todas las actas, estamos analizando cada uno de los expedientes que están en la órbita del Jutep, y si no cambian obviamente nosotros estamos facultados a informar a los partidos cuando nos convocan al amparo del artículo 77 de la Constitución. Estaremos vigilantes en esa función”
Con su experiencia como ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, y habiendo participado en el diálogo por seguridad, ¿qué reflexión le merece este cierre de año en materia de delitos?
Sí, he escuchado algunos comentarios que dicen que el Plan de Seguridad va a comenzar el 1º de enero, pero en realidad no. Por lo pronto en los diálogos de seguridad en los que participamos al comienzo, antes de la designación en la Jutep, el plan de seguridad empezaría a implementarse a partir de marzo, con lo cual todavía restan dos meses enteros para que comience a desarrollarse, pero todavía no ha sido presentado este plan. En materia de homicidios, sí vemos de manera preocupante que no cesan. Una de las cosas que hablábamos en su momento en la Comisión de Seguridad, cuando representamos al Partido Nacional, que lo habíamos dicho en los micrófonos internacionales mucho tiempo antes, es la necesidad de incrementar el castigo a las organizaciones criminales.
No vemos que el plan de seguridad vaya por ese lado, con lo cual habrá que ver los resultados, pero en principio es el matiz que yo tengo, creo que el país requiere un endurecimiento en esa materia, y sin eso todo lo demás va a ser impedir el camino a una situación lamentablemente peor.
En los últimos días, el presidente Orsi cuestionó la LUC, expresando que había cosas “aberrantes” y la vinculó con los juicios abreviados que se crearon en el 2017, lo que obligó al Dr. Jorge Díaz a desmentirlo. Dentro de sus posibilidades, ¿qué opinión le merece está situación?
No tengo la posibilidad de hacer comentarios de corte político o partidario, así que puedo hacer comentarios generales. Respecto al abreviado, creo que la gente tiene que tener presente una cuestión que no estuvo en la discusión legislativa de su momento. El proceso penal, o el derecho penal, se basa en que el Estado asume que es propio el conflicto, porque es parte de la base de que el delincuente, cuando comete un delito, no solo afecta a la víctima concreta, sino que afecta a la sociedad. Por eso el Estado tomó el rol de guardián para castigar y aplicar justicia. Con el Código del Proceso Penal, esa lógica cambia y el conflicto queda reducido a la víctima y al delincuente. Por eso es que se habilita, por ejemplo, el acuerdo reparatorio.
Si la víctima se pone de acuerdo con el delincuente y tiene el aval de la Fiscalía, se hace un acuerdo reparatorio donde se cierra el proceso. Y ahí el Estado queda por fuera, y por tanto muchas veces la gente siente que no se aplica justicia. El proceso abreviado, que en realidad tiene poco de proceso, más de una negociación entre el fiscal y la defensa, una negociación que tiene un corte de disparidad, porque las armas que tienen hoy los fiscales son superiores a las que tiene la defensa de un imputado, termina generando que haya muchos presos con condena. Pero no es la responsabilidad del abreviado que haya muchos presos. El problema de las cárceles uruguayas y la cantidad de presos es anterior al abreviado. Lo que el abreviado hizo fue una solución de corte institucional, porque permite que los presos, en vez de estar con prisión preventiva y siendo inocentes, porque en definitiva sobre ellos recae la presunción de inocencia, como asumieron la culpa para hacer el abreviado, tienen condena.
Y del mismo modo los fiscales pueden cumplir la tarea, porque si no tendrían tiempo material, no habría posibilidad de afrontar la cantidad de juicios orales que se requeriría. Estamos hablando de que los juicios orales no llegan al 3% en el Uruguay, de todas las causas que analiza Fiscalía. Por tanto, son problemas de corte institucional que solucionan, pero no solucionan problemas reales. Entonces eso es lo que hay que poner arriba de la mesa. Ese es el gran cambio que tiene que discutirse sobre el Código del Proceso Penal. Hay en el Parlamento una comisión, hay en Torre Ejecutiva otra comisión que está trabajando sobre reformas en el proceso penal. Pero aparentemente el abreviado no sería un problema de este Estado en el ámbito de la Torre Ejecutiva. Sí para el presidente, pero no por el secretario de la Presidencia. Habrá que ver el año próximo cuáles son los proyectos que vienen sobre eso. En nuestro caso, cuando representamos al Partido Nacional en la Comisión de Seguridad, pedimos que uno de los temas que estuviera en la discusión era el Código del Proceso Penal y el Código Penal. Lamentablemente eso no se dio. Estamos todavía a la espera de ver cuáles son los lineamientos del Plan de Seguridad del gobierno.
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