En una reciente entrevista, el presidente de la República expresó que en la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el pasado período de gobierno, hay cosas aberrantes. Si bien no fue del todo claro, entendemos que se refería a las disposiciones que aumentaron las penas o suprimieron o redujeron la posibilidad de redención de tiempos de reclusión para determinados delitos. Y también se desprende de sus palabras que se va a trabajar para cambiar o derogar esas disposiciones.
No entraremos en la discusión de si las disposiciones de la LUC fueron buenas o malas, siempre habrá posiciones diferentes, según la óptica con que se las mire. Lo que sí es claro es que los artículos que se consideran aberrantes fueron sometidos a referéndum el 22 de marzo de 2022 y su vigencia fue ratificada por la decisión del cuerpo electoral. Por lo tanto, entramos en una discusión diferente. O el pueblo uruguayo se equivocó hace casi 4 años, por lo que tenemos derecho a ignorar su decisión, o lo que el pueblo decidió hay que respetarlo, aunque no nos guste.
La respuesta a estas alternativas parece lógica: si se convocó al pueblo a las urnas es para respetar lo que decida. Lamentablemente no es ese el criterio que se ha aplicado en otros casos, como el de la Ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad, única norma desde nuestra independencia que fue ratificada por el pueblo en las urnas en dos oportunidades, en 1989 y en 2009. Sin embargo, se la dejó sin efecto mediante una ley interpretativa aprobada por una exigua mayoría parlamentaria en 2011.
Si nos arrogamos el derecho a decidir si el pueblo acierta o se equivoca, entramos en un terreno peligroso en el que se pueden llegar a cuestionar los propios cimientos del sistema democrático. Si hay iluminados que se sienten con derecho a torcer lo que una mayoría decide en las urnas, podemos llegar a no reconocer a un gobierno electo porque a nuestro entender el pueblo eligió mal. O a no respetar una ley porque pensamos que es contraria al interés general. Y así podemos llegar a no respetar las normas de convivencia sencillamente porque entendemos que no son las mejores, y entonces si se nos antoja correr carreras de motos a las 2 de la mañana lo hacemos, o tirar la basura en la vereda, o rapiñar al transeúnte desprevenido, o matar al vecino porque gritó el gol del cuadro contrario. En fin, todas estas cosas que lamentablemente ocurren en nuestra sociedad, ante la negligencia de algunos y la impotencia de muchos, tienen su fundamento en el desconocimiento a las normas cuando estas no nos gustan. Es parte de la pérdida del respeto a la autoridad en todos sus niveles del que hemos hablado una y otra vez. El planteo es lógico: si las propias autoridades del gobierno cuestionan una norma que emanó de otro poder del Estado y que, por si no fuera suficiente, fue ratificada por la ciudadanía en las urnas, ¿por qué yo no puedo cuestionar otras normas e instituciones que no me gustan?
Si se convoca al pueblo para que ratifique o anule una ley, debemos estar dispuestos a aceptar su decisión. Si se quiere cambiar algo de lo que el cuerpo electoral confirmó, el único camino es volver a consultar al pueblo. Así se hizo con la Ley de Caducidad, con 20 años de separación entre una y otra consulta. Lamentablemente pudo más el sentimiento de venganza y no se respetó la reiterada decisión popular. Y a pesar de eso, a quienes ignoraron la voluntad popular no se les mueve un músculo de la cara a la hora de proclamarse en los paladines de la democracia. Al final de cuentas la tan denostada dictadura militar respetó el resultado del plebiscito de 1980 y estableció un cronograma de retirada que puso fin al período de excepción. Aunque nadie lo quiera reconocer los militares en 1980 respetaron la voluntad del pueblo en las urnas, cosa que los “demócratas” de hoy no hacen…
Las “cosas aberrantes” de la LUC deberían requerir, para su derogación, de una nueva consulta popular. Pero hay muchas cosas aberrantes que hoy ocurren que no necesitan votación especial ni, en muchos casos, ley alguna. Aberrante es que cada vez haya más uruguayos comiendo de la basura, o durmiendo en las calles. Aberrante es que haya 200 mil compatriotas viviendo en asentamientos en condiciones indignas. Aberrante es que los usureros sigan carneando a Juan Pueblo ante la impasible mirada de quienes deberían hacer cumplir la constitución. Aberrante es que los pequeños productores rurales sean desplazados por las grandes empresas forestales que cuentan con beneficios que ellos no tienen. Aberrante es que la droga se siga metiendo en la familia uruguaya sin que se haga la campaña de concientización que dispone la propia Ley 19.172. Aberrante es que se siga alejando a los padres de sus hijos ante la mera denuncia de su cónyuge. Aberrante es que hayamos decidido morir de ojos abiertos y no hacer nada para enfrentar la crisis demográfica que condiciona nuestro futuro. Aberrante es que no nos importe que haya presos a causa de la venganza que llevan adelante quienes lucran con la fractura que nos enfrentó hace más de medio siglo, y que lo hagan con la complicidad de un sistema de justicia podrido hasta los cimientos.
Para terminar con estas cosas aberrantes cuente con nosotros, señor presidente. Para enmendarle la plana al pueblo uruguayo, ¡no!
