La relación entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, se ha roto públicamente. El conflicto interno se desata mientras el gobierno enfrenta una “huelga general indefinida” convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al decreto de eliminación de subsidios a los combustibles.
En un giro dramático que refleja la profunda división en la cúpula del poder boliviano, el vicepresidente Edmand Lara se ha declarado abiertamente “oposición constructiva” al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Esta ruptura, que se venía gestando desde los primeros días de la administración, estalla en medio de una de las mayores crisis sociales del nuevo gobierno: una huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, que eliminó las subvenciones a los combustibles. La crisis política y social amenaza con paralizar al país y pone en duda la capacidad del gobierno para implementar su ambicioso plan de reformas económicas.
Un binomio nacido de la casualidad y la contradicción
La llegada al poder de Rodrigo Paz y Edmand Lara en noviembre de 2025 marcó el fin de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, desde el inicio, la fórmula estuvo plagada de contradicciones. Lara, un expolicía convertido en estrella de TikTok por su discurso anticorrupción, llegó a la vicepresidencia de manera casi accidental, reemplazando in extremis al candidato original que se bajó de la carrera. Paz, en cambio, es un político profesional, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y heredero de una tradición política que se remonta a la Revolución de 1952.
Las tensiones surgieron inmediatamente después de la investidura. Lara denunció que intentaron excluirlo de las reuniones de gabinete, relegándolo “solo para la foto”. Los roces se profundizaron con conflictos sobre designaciones de funcionarios, como el caso del ministro de Justicia Freddy Vidovic –recomendado por Lara y luego destituido por antecedentes de corrupción–, lo que llevó al presidente a cerrar directamente el ministerio para cortar la polémica. Para analistas, esta fractura era previsible. “La fórmula se definió a último minuto, sin compatibilizar programas ni conocerse en términos políticos”, explicó Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
El “decreto del hambre”: el detonante de la crisis
El punto de quiebre definitivo fue la promulgación del Decreto Supremo 5503 a mediados de diciembre. La norma, piedra angular del paquete de reformas económicas de Paz, declaró la emergencia económica y eliminó la subvención a los hidrocarburos, vigente por más de dos décadas. La medida provocó incrementos inmediatos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel.
El gobierno defendió la medida como necesaria para “sincerar” la economía, frenar el contrabando de combustibles y proteger las reservas fiscales, que destinaban unos 60 millones de dólares semanales al subsidio. Como contrapartida, anunció un incremento del 20% al salario mínimo y aumentos a bonos sociales como la Renta Dignidad. Sin embargo, para amplios sectores de la población, el golpe al bolsillo fue devastador. Lara, desde su tribuna en TikTok, cargó contra la norma: “Este Gobierno se ha puesto del lado de los ricos y ha lanzado un decreto que yo llamo del hambre, del desempleo”. El vicepresidente intentó, sin éxito, tumbar el decreto desde el Parlamento, que preside por mandato constitucional.
La respuesta social: la COB declara guerra
La reacción popular no se hizo esperar. La COB, el mayor sindicato del país, convocó a un ampliado nacional de emergencia y declaró un “paro general indefinido” con movilizaciones escalonadas, exigiendo la abrogación inmediata del DS 5503. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, fue contundente: “Si hay voluntad del gobierno para poder negociar tiene que abrogar de manera inmediata este decreto maldito”. La protesta, aunque acatada de pleno inicialmente solo por los mineros estatales, ha mantenido movilizaciones por días consecutivos en La Paz, con la amenaza de extenderse y radicalizarse.
La crisis social le dio a Lara el escenario perfecto para consolidar su ruptura con Paz. El vicepresidente no solo criticó el decreto, sino que alentó abiertamente las movilizaciones a través de sus redes sociales, posicionándose como la voz del descontento popular frente a un gobierno que califica de tecnócrata y alejado de la gente.
“Soy oposición”: la ruptura formal
A pocos días de Navidad, Lara formalizó lo que era un secreto a voces. En uno de sus videos, respondió a quienes decían que ya no era parte del gobierno: “¡Cuánta razón! Soy oposición, pero constructiva”. Los ataques subieron de tono, llamando a Paz “mentiroso, corrupto o títere”. La respuesta del presidente ha sido evasiva y conciliadora, evitando un enfrentamiento directo que podría debilitar aún más su frágil gobernabilidad.
Los analistas ven en esta ruptura el choque de dos modelos políticos antagónicos. Diego Ayo, analista político y exviceministro, describe a Paz como un “estadista reformador” y a Lara como un “caudillista con poder de movilización”. Por su parte, la comunicadora aimara Quya Reyna sostiene que “han chocado dos formas de hacer política”: un gabinete tecnócrata frente a un líder que apela a las emociones y al descontento de las mayorías populares.
Un futuro incierto: gobernabilidad en la cuerda floja
El escenario que se abre es extremadamente complejo. Por un lado, el gobierno de Paz necesita estabilidad política para aplicar las impopulares pero, a su juicio, necesarias reformas económicas. Por otro, tiene a su vicepresidente liderando la oposición desde dentro del propio Estado y a un poderoso movimiento sindical en las calles.
La polarización parece reproducir un patrón histórico en Bolivia. “Continúa la regla dominante de polarización absoluta de los últimos 20 años: ricos contra pobres, blancos versus indios”, advierte Ayo. Sin embargo, esta vez el conflicto no es entre el oficialismo y una oposición externa, sino una guerra civil dentro de la coalición de gobierno.
El presidente Paz insiste en que su plan, que incluye además una reforma administrativa para agilizar trámites y un régimen de repatriación de capitales, es el camino para dejar atrás un modelo de “saqueo y despilfarro”. Pero para avanzar, necesita superar un doble desafío: calmar la protesta social, negociando con una COB que no cederá mientras el decreto esté vigente, y manejar una fractura política interna que ha convertido al número dos de su gobierno en su acérrimo crítico. La gobernabilidad de Bolivia pende de un hilo, y las próximas semanas definirán si el país logra encontrar un rumbo consensuado o se hunde en un conflicto aún más profundo.
