La democracia, más que una forma de gobierno, más que una concepción del Estado, es un principio moral de convivencia, dijo una vez el Dr. Batlle. Es decir, un principio ético que impone al ciudadano la obligación de conducirse por los caminos de la libertad, la justicia, el derecho y el respeto por la opinión ajena.
En la misma convicción, diría después Felipe González, verdadero fundador del Partido Social Demócrata español, la democracia es la que enseña y consagra la ética de la derrota. O sea, la tolerancia ante la adversidad de una derrota electoral y la necesidad de actuar con una posición constructiva, de contralor y de cogobierno desde los cargos que ocupa, en el noble y laborioso esfuerzo de buscar en conjunto la felicidad ciudadana, siguiendo ese proceso de integración dialéctica de la historia.
Frente a tan sabias y acertadas expresiones, nuestra escena política muestra a un Frente Amplio incapaz de digerir su derrota y, junto al PIT-CNT, hermanados en un desatinado propósito, desatando una oposición salvaje y sin tregua, poniendo trabas, provocando paros, bloqueando la actividad portuaria y con la intención de derogar la LUC, instrumento que el nuevo gobierno ha elegido para aplicar su modelo de país.
Naturalmente que los frenteamplistas tienen todo el derecho a proponer un modelo diferente, una forma de gobernar distinta y otro sistema de valores. Nadie se lo niega.
Pero a lo que no tienen ningún derecho es impedir a la Coalición Republicana, electa por el pueblo, a consagrar el esfuerzo en la ejecución de su programa y hacer realidad su ideario político. Lo contrario es sostener: nuestro modelo o ninguno. Lo que trae a la mente son las más oscuras y dolorosas reminiscencias de hechos no muy lejanos en el tiempo. Sin embargo es lo que está haciendo el opositor frente político-sindical.
Veamos.
En primer lugar, un mínimo respeto a la verdad supone suprimir para siempre la tergiversación de la historia reciente. Nos referimos al falso relato que retrotrae el comienzo de la dictadura al año 1968, una plena democracia que se defendía del ataque sangriento de la guerrilla que puso en jaque las instituciones, hasta ser finalmente derrotada por las fuerzas armadas, luego que el Parlamento declarara por una amplia mayoría el “estado de guerra interno”.
Hablar de dictadura en el gobierno de Pacheco Areco es faltarle el respeto a los 490.000 votos que lo acompañaron al fin de su mandato. ¿O se han olvidado de ese dato los historiadores, entre los que ahora alguno está pidiendo que el presidente Lacalle lo reivindique al estar dolido por la dura crítica recibida por sus afirmaciones?
En segundo lugar, con un elemental asomo de autocrítica, el Frente Amplio debería asumir que no ha tenido un respeto reverente por la institucionalidad ni tiene las credenciales de una acrisolada gestión. Por un lado, han desoído la voluntad popular expresada en dos plebiscitos y han derogado por simple ley ordinaria una norma que buscando la pacificación nacional declaró extinguida la pretensión punitiva del Estado. Muy por el contrario, el propósito de venganza ha estado siempre presente, acompañado con generosas y numerosas leyes de resarcimientos indemnizatorios.
Por otro lado, es indisimulable la falta de autoridad para enjuiciar cada acto de gobierno, cada contrato o cada adquisición. Si no bastara con la evidencia de la renuncia del vicepresidente y su procesamiento en conjunto con el ministro de Economía y el presidente del BROU, tenemos los muy graves e inocultables casos del Antel Arena, de la denuncia de la UTE por Gas Sayago y la denuncia de ANCAP, todas ya presentadas ante la Justicia penal.
A título de ejemplo menor, pero bien significativo, el prestigioso periodista Nelson Fernández, en su columna semanal y ante las duras críticas por la compra de los aviones Hércules que dispuso el Ministerio de Defensa, hizo referencia elípticamente a la compra presidencial del avión que hizo el expresidente Vázquez a un amigo millonario por un costo desmesurado y que se vendió a un precio diez veces menor al de su adquisición.
De igual manera, vemos el escándalo que se pretende hacer porque el intendente de Lavalleja le aumentó el sueldo a su hermano, a quien le habría encargado nuevas funciones, cuando Astori, Bonomi y el propio Vázquez han tenido y tienen familiares directos ocupando importantes y muy bien remunerados cargos en el Estado.
En conclusión: como argumentos válidos, esas críticas no existen ni tienen fundamentos inquietantes; se intentan, en cambio como simples y fútiles cortinas de humo, en la vana pretensión de disimular sus propios desastres y pérdidas colosales.
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