Los frenteamplistas, sin rumbo ni conductor, atribulados por su descenso al 39% del electorado, han desatado la guerra al actual gobierno.
Desde el primer momento mostraron la hilacha cuando Vázquez, antes de entregar el poder, dilató el aumento de las tarifas que siempre se hacía a principio de año, para obligar a hacerlo como primer acto de su gobierno a la Coalición ganadora.
En seguida y sin tregua comenzaron los paros parciales, por sectores, o generales que continuaron aún en los peores momentos de la pandemia. Hasta el colmo de dejar a los niños sin comida al omitir las guardias gremiales para atender esa humanitaria responsabilidad.
Ahora, es el paro general del 15 de setiembre venidero, por trabajo, salario, igualdad y otros reclamos que, al parecer, olvidaron durante los 15 años que gobernaron con amplias mayorías y en cuyo período despilfarraron –como bien dijo Bordaberry que se tomó el trabajo de sumarlos– 1.700 millones de dólares, en absurdos emprendimientos, inversiones dudosas, disparatadas condonaciones de deuda como la de Cuba, oscuros negociados con Venezuela, y el costo de un Antel Arena, de dos o tres veces su real valor y que en estos dos últimos años se llevó en mantenimiento casi 4 millones de dólares más.
Por encima de todo eso, y en el afán de perjudicar al gobierno, el referéndum contra la LUC, que es el instrumento jurídico y político necesario para operar los cambios que la ciudadanía pidió a gritos cuando los sacó del poder.
Esta actitud, francamente regresiva, pretende reinstalar la situación del país a momentos superados, por lo que se hace necesario INFORMAR los beneficios, derechos y libertades que perderán los ciudadanos si la derogación se aprobara.
En primer lugar, SE DESMANTELA Y ATACA LA SEGURIDAD pública y privada, en cuya tarea de recomposición y ordenamiento el Dr. Jorge Larrañaga dejó la vida.
A la vista está el éxito de su labor, con el efectivo descenso de la delincuencia, que de mala fe pretende atribuirse a la pandemia. O sea se votará por volver a la incompetencia de Bonomi y del enfermero hermano de Vázquez.
No menos importante y a la par de la seguridad, se propone BLOQUEAR las urgentes REFORMAS DE LA EDUCACION, en la práctica copada por educadores militantes que han infiltrado de su propia filosofía los textos de enseñanza, al punto de falsear la historia ocultando la verdad con su mentiroso discurso que debemos erradicar.
En tercer lugar, se LESIONA EL DERECHO DE PROPIEDAD, mediante la habilitación para ocupar los lugares de trabajo, prohibir el ingreso del propietario y en esa usurpación de un inmueble ajeno, usar y abusar de las instalaciones hasta llegar, como en el caso de Friopan, al daño intencional de maquinarias y materia prima.
En cuarto término, se ATROPELLA LA LIBERTAD AMBULATORIA al permitir la ocupación de la vía pública prohibiendo el tránsito y la circulación, sin estar amparados el derecho de reunión, a los piquetes con barreras, neumáticos incendiados y obstáculos diversos, invocando cualquier pretexto.
En quinto extremo, se pierde el derecho a retomar LA LIBERTAD ECONOMICA PERSONAL, conculcada por la absurda ley de inclusión financiera, para beneficio turbio de un particular y de la banca, pero que obliga a personas modestas a tener cuenta bancaria, que ni quieren ni precisan
Como sexta puntualización, se LESIONA EL DERECHO AL TRABAJO Y SE LE IMPONE LA HUELGA OBLIGATORIA, aún a aquellos que por disentir con los motivos –muchas veces fútiles– del paro, se les impide entrar a desempeñar sus labores y perder así su salario.
En séptimo lugar, también se DEBILITA LA FIRMEZA EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD al eliminar las garantías legales que permiten a las fuerzas de seguridad trabajar con la eficacia que hoy tienen.
En definitiva, se quieren derogar todas las normas que tienen por objeto mantener el orden y la paz pública, que son los principales objetivos de todo intento de desestabilización, lo que es gravísimo, pues significa volver a los tiempos de la INSEGURIDAD y la CORRUPCION.
Esta tentativa retrógrada del binomio FA-Pit-CNT que además de compartir finalidades y propósitos, ahora también compartirá dirigentes, se funda en el falso relato de nuestra historia y en el antidemocrático y anarquizante principio de que “lo político está por encima de lo jurídico”.
Este disparate lesiona la democracia y el estado de derecho, cuyo orden jurídico es la fuente y garantía de su legitimidad , el sistema que lo organiza en sus tres poderes y la valla que le impone las limitaciones en su ejercicio, ese dislate, repito, es lo que ha permitido los desbordes que se han pretendido justificar, pero sólo han logrado el descaecimiento institucional que el gobierno de la Coalición Republicana, sin disimulos y sin pedir permiso, ha decidido corregir en el país como el mandato irrenunciable que le ha conferido la soberanía del pueblo.
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