El tema de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar fue central durante las actividades que convocaron a legisladores de toda la región e incluso de Europa. Se advierten mayores riesgos en el acceso a alimentos y el combate al hambre en el nuevo contexto de la post-pandemia.
El martes 3 de mayo se realizó la sesión parlamentaria “Hambre Cero” que se basó en la “Acción parlamentaria por la Agricultura Familiar”. La actividad, encabezada por el Parlamento del Mercosur (Parlasur), fue promovida por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Es un espacio en el que los legisladores de la región, junto a la Organización de las Naciones Unida para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) generan recomendaciones y acciones por la alimentación y la agricultura sostenible, para que sean aplicadas en la agenda estratégica de los países.
La sesión abordó el panorama de la agricultura familiar en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), con el objetivo de señalar la importancia de los agricultores familiares en un mundo marcado por una crisis que ha intensificado el hambre y la malnutrición en los países de América Latina y el Caribe.
El paraguayo Tomás Bittar, presidente del Parlasur, fue el encargado de presentar la perspectiva regional sobre la agricultura familiar y su importancia para el desarrollo de los países del bloque. En su exposición, Bittar destacó que “el 80% de los alimentos consumidos a nivel mundial provienen de la agricultura familiar, siendo esta actividad la principal fuente de empleo en el medio rural en los países del Mercosur.”
Bittar concluyó en que “los parlamentos aportan una visión plural, participativa y democrática en el abordaje abierto e integral que toda política pública alimentaria debe tener, ya que la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es un reto complejo que debe convocar a todos los sectores de la sociedad y no distingue de posiciones partidarias”. “En ese sentido, el Parlamento del MERCOSUR se encuentra completamente comprometido, y desde ya buscaremos alcanzar los objetivos establecidos por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”, agregó.
Mantener abierto el comercio internacional de alimentos y fertilizantes
Tomando como referencia la experiencia del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el 6 de mayo del año pasado se creó, en el ámbito de la Eurolat (Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana), el Grupo de Trabajo Parlamentario Eurolatinoamericano por la Seguridad Alimentaria, que también cuenta con el apoyo de los programas desarrollados por la FAO, la AECID y la AMEXCID.
El grupo se reunió a mediados de abril en Buenos Aires, en el marco de la XIV Sesión Plenaria de la EUROLAT y puso un plazo de dos años para formular principios y poder llegar un consenso euro-latinoamericano sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco de la agenda 2030 que tiene como objetivo “Hambre Cero”.
Durante el evento, el representante de la FAO en Argentina Tito Díaz advirtió que “es realmente una tragedia el hecho que en América Latina y el Caribe cerca de 60 millones de personas sufran de hambre, que la inseguridad alimentaria afecte a 267 millones de personas”. Según el nuevo Informe Global Sobre Crisis Alimentarias de la FAO, el hambre se disparó en los últimos meses, puesto que en 2021 se detectó que 193 millones de personas de 53 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda, 40 millones más que en 2020, y esto sin tener en cuenta el posible deterioro añadido por el conflicto bélico.
“Hoy, más que nunca, necesitamos un compromiso político de todos los países al más alto nivel por la Seguridad Alimentaria. No basta con dictar leyes, éstas deben ser correctamente implementadas, con un adecuado seguimiento y financiamiento. El contexto mundial es complejo y solo confirmando alianzas, podremos enfrentar los efectos de la pandemia y de los conflictos actuales y futuros”, añadió Díaz.
Asimismo, alertó que, producto de la pandemia y el conflicto en Ucrania, el mundo podría verse afectado de manera significativa por un alza sostenida en los precios de los alimentos. Díaz mencionó que el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO alcanzó en marzo de 2022 el nivel más alto desde su creación en 1990.
En ese sentido, el pasado 28 de abril en Panamá, la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) –organismo del cual es secretario general el diputado uruguayo Juan Martín Rodríguez– analizó la coyuntura de suba de precios de los alimentos en el mundo y convocó a tomar acciones que tiendan a corregir o minimizar los impactos de la situación. El Parlatino llamó a gobiernos y parlamentos “a continuar y ampliar las medidas de protección social para la recuperación económica en los grupos sujetos a mayores vulnerabilidades, para protegerlos ante los efectos del alza en los precios de los alimentos”, por lo que exhortó “a generar las condiciones, marcos normativos y políticas” que vayan en esa dirección.
En la declaración emitida por el Parlatino se hizo énfasis en la promoción del “acceso a los mercados, manteniendo abierto el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, y, a nivel interno, estimulando la infraestructura y los mecanismos innovadores de distribución de alimentos, mediante el desarrollo de medidas para apoyar la comercialización de los productos de los agricultores, en particular de la agricultura familiar”.
Recientemente, la Organización Mundial de Comercio emitió un comunicado en el que las principales potencias agrícolas (UE, Estados Unidos, Canadá y Australia) se comprometieron a garantizar la seguridad alimentaria mundial. Los grandes productores se prometieron que van a mantener los mercados “abiertos, previsibles y transparentes sin imponer medidas comerciales restrictivas que sean injustificadas”. “Nos comprometemos a trabajar conjuntamente para asegurar que haya comida en una cantidad que sea suficiente para todo el mundo, incluyendo los más pobres, los más vulnerables y las personas desplazadas”, aseguró el comunicado del organismo.
Parlatino discutió sobre el futuro energético
La semana pasada el diputado colorado Martín Melazzi participó de distintas reuniones llevadas a cabo por la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, en el marco de las estrategias en materia de energías asequibles, no contaminantes para las próximas dos décadas y el estado de abordaje de esta problemática en la agenda 2030.
En comunicación con La Mañana, Melazzi destacó que “el mundo está empezando a transitar por la segunda transición energética apostando más a las energías de fuentes autóctonas o renovables, que a los recursos fósiles”. Apuntó que “en el año 2027 se llegará al pico máximo de extracción de hidrocarburos empezando a decaer las reservas a nivel mundial”; y esto “le abre puertas al Uruguay en la producción de Hidrogeno Verde y en la electromovilidad”.
Resaltó además la importancia de “aprovechar las oportunidades de mercado en las cadenas de valor y suministro de energía con bajas emisiones de carbono a nivel mundial y regional”, por lo que advirtió que para lograr la descarbonización “los países deben apostar a realizar inversiones y así no depender de las inestabilidades económicas y geopolíticas, algo que ha realizado muy bien el Uruguay en los último 30 años”, subrayó el legislador, que en su exposición resaltó que Uruguay “es el único país que, del total de la matriz de abastecimiento, el 58% son fuentes renovables superando por quinto año consecutivo a la participación de petróleos y derivados”. También destacó la transformación eléctrica que está llevando a cabo nuestro país, en la que el 76% de la potencia contratada corresponde a fuentes renovables.
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