“Perú está en una crisis estructural política hace muchos años y tiene altos riesgos políticos”

Es doctora en Ciencia Política y experta en seguridad ciudadana y conflictividad social, temáticas en las que ha asesorado a diversos organismos multilaterales. En la actualidad es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, donde reside. En diálogo con La Mañana, la especialista Lucía Dammert conversó acerca de los procesos de protesta en América Latina y el impacto que tuvo la pandemia en la situación social de algunos países de la región.

Usted se ha especializado en temas de seguridad, entre otras cosas. Hace unos años publicó un trabajo titulado “Decálogo para la seguridad ciudadana a nivel local”, patrocinado por CAF y Wilson Center. Allí destaca la importancia de la participación comunitaria y de realizar alianzas con la sociedad civil a nivel local. ¿Puede expandir un poco sobre este concepto? ¿Por qué a nivel local y no nacional?

Por mucho tiempo se dijo que la seguridad era responsabilidad del Estado, básicamente, de la policía, pero eso ha quedado atrás y hoy se reconoce que no solamente es del Estado, sino también de múltiples actores, como la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. La mayoría de los países latinoamericanos han tratado de avanzar con mecanismos de inclusión de la ciudadanía y programas de prevención del delito.

Sin embargo, en América Latina, donde el tema delictual está tan politizado, a veces es muy difícil hacer que la gente participe sin que eso aumente la estigmatización. La participación tiene que tener como eje principal la prevención, que tiene que ver con temas urbanos para asegurarse de que nadie extraño entre al barrio, pero también con mecanismos de generación de confianza, de utilización del espacio público, de colaboración y respuesta frente a problemas como la deserción escolar o la violencia en el hogar.

Ahora, justamente, como hay que poner énfasis en lo preventivo y reconocer la importancia de los ejes más bien colaborativos de formación de capital social o espacio público, los programas tienen que ser locales, porque es ahí donde uno puede efectivamente sumar iniciativas, beneficios y colaboraciones.

¿Estamos entrando en una nueva etapa de desórdenes en América Latina? ¿Lo de Colombia es un caso aislado o tiene relación con lo que ocurrió en Chile en 2019? Semanas atrás se produjo un ataque en Perú, supuestamente, por parte de Sendero Luminoso. ¿Qué factores generales pueden estar jugando?

Creo que hay que separar lo que pasó en Perú respecto al resto. El descontento frente a la forma en que ha crecido América Latina estaba presente, o sea, lo vimos en los últimos 10 años en crisis, en cambios políticos, en debates. No obstante, la pandemia hizo que esa presión social fuera más evidente con los costos económicos, políticos y sociales que está teniendo en muchos países como Colombia y Perú.

En el caso chileno el proceso fue un poco anterior, y efectivamente la crisis del modelo neoliberal estaba reconocida hace mucho tiempo, pero las nuevas generaciones fueron muy claves al manifestar la necesidad de cambiar ciertos temas como el machismo, el modelo de desarrollo extractivista y la presencia de una Constitución que fue diseñada y promovida en dictadura.

¿Significa que no se podría decir que hay una relación entre todos los procesos de protesta en América Latina?

Es difícil afirmar que exista tal relación, pero sí tienen un basamento común, que es el modelo que ha enseñado que cada uno puede salir adelante solo. Las posibilidades de que alguien de los sectores populares tenga una mejor calidad de vida, pueda conseguir un mejor trabajo y asistir a una universidad de prestigio, son infinitamente inferiores que las de aquellos de las clases altas, entonces, es un modelo que sigue fortaleciendo las exclusiones y la discriminación. Si a eso le sumamos al maltrato generalizado que ha habido en las sociedades, ahí está el germen de eso.

En Perú hubo una situación muy particular que todavía está siendo investigada, donde al parecer remanentes de Sendero Luminoso habrían atacado una comunidad, terminando con muchos muertos y heridos. Hay que tener en cuenta que ellos, en general, son grupos criminales vinculados a la producción y traspaso de cocaína. Segundo, muchas veces están relacionados con otros negocios en la zona donde ocurrió esto, como la minería ilegal y el tráfico de personas. Por lo tanto, más que un signo de protesta, es una preocupación por otro de los elementos de la inseguridad latinoamericana, que es el aumento de la criminalidad organizada.

En 2004 escribió un artículo titulado “Ciudad sin ciudadanos” donde hablaba de la situación de Santiago de Chile y los problemas de fragmentación y segregación. Parece premonitorio. ¿Cuáles fueron las conclusiones de su trabajo? ¿Cómo se conecta con los desarrollos recientes en Chile?

Efectivamente, hace mucho tiempo que venimos trabajando varios colegas en los problemas urbanos y cómo impactan sobre la calidad de vida de las personas, sobre la forma en la que se socializa. Chile tiene una construcción de ciudad que está desarrollada en beneficio de un grupo muy pequeño de personas. Las ciudades chilenas son sociedades fragmentadas socioterritorialmente, con niveles de segregación amplísimos.

Chile es uno de los países en el que las personas menos confían en las otras y los niveles de interacción social son muy bajos. Eso empezó a profundizarse en el marco de una política de tierras que es profundamente mercantil, en la cual la vivienda social se pudo construir donde la tierra era más barata y por ende se hizo en lugares con muy difícil acceso a la ciudad. Mucha gente que alcanzó la vivienda al final quedó entrampada en sitios muy lejanos, con muy poca capacidad de infraestructura.

Chile había avanzado en disminuir los niveles de lo que acá se llaman campamentos (asentamientos), pero con la pandemia se han multiplicado exponencialmente, manteniendo todavía la construcción de esta “ciudad sin ciudadanos”.

¿Qué análisis hace de los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes de Chile?

Esa elección tiene que ser entendida en el contexto de un proceso bastante más largo, que parte a inicios de los 2000 con marchas estudiantiles y reclamos muy fuertes por temas de “abandono” del Estado, por una crisis de los partidos políticos y de representación y legitimidad de otras instituciones: la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la policía, las empresas privadas, la política.

Entonces, hubo una década de múltiples escándalos que dinamitaron a las instituciones que eran consideradas las más estables o confiables del sistema, y eso trajo a colación una crisis bastante profunda donde las generaciones más jóvenes empezaron a reclamar cada vez con más fuerza la necesidad de cambios estructurales.

Eso hizo eclosión en 2019 y un paso avanzado fue la definición política de la nueva Convención Constituyente, y por supuesto la elección. En esa instancia, los electores decidieron castigar a los partidos políticos tradicionales e ir por representantes del mundo independiente, que está más vinculado al ala de la centroizquierda o izquierda que a la derecha.

¿Qué riesgos políticos ve en Perú?

Perú está en una crisis estructural política hace muchos años. El hecho de que casi todos los últimos presidentes estén presos o uno se haya suicidado para evitar ir preso por hechos de corrupción, demuestra los riesgos políticos que existen en el país.

Hay niveles de polarización importantes de una lucha de Lima contra el resto, o el resto contra Lima, que le hace muy mal al país en términos de su modelo de desarrollo, pero también en cuanto a su gobernabilidad. Creo que en el mediano plazo vamos a ver mucha más turbulencia política que no sabemos cómo terminará, pero sin duda el gobierno de Castillo va a ser muy complejo.

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