Se trata del proyecto del canal de navegación Magdalena y el nuevo emisor subacuático de la planta de tratamiento de fluidos y residuos industriales del Riachuelo. Si bien el foco está en la colaboración entre ambos países, se analizan detenidamente los impactos económicos y ambientales que podrían generar estas millonarias obras.
La construcción del canal Magdalena es una antigua idea que fue reflotada a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el senador argentino, Jorge Taiana. Los promotores de la obra señalan que el nuevo canal potenciará el puerto de La Plata, impulsará el desarrollo de la costa fluvial y marítima de la provincia de Buenos Aires, y permitirá una mayor complementariedad con puertos del sur.
El nuevo canal de navegación ofrecerá una salida directa al mar de las cargas argentinas, sin tener que navegar el canal Punta Indio. Recortará en 23 millas la navegación y permitirá a Argentina ahorrar los pagos de servicios que hasta ahora son destinados al puerto de Montevideo. Por lo que, de concretarse la construcción del mismo, sería una medida que impactará negativamente en el principal puerto uruguayo e implicará repensar la logística marítima nacional.
Según informó el presidente uruguayo de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Alem García -en la Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Representantes- la afectación que tendría el puerto montevideano sería de al menos el 30% de su funcionamiento actual.
Por su parte, el Cap. de Navío (R) Yamandú Flangini, negociador y redactor del Tratado del Río de la Plata y exintegrante de la Comisión Administradora del Río Uruguay, aseguró que por los servicios que esos barcos reciben en nuestro puerto actualmente, el país dejaría de recibir entre US$ 100 y 150 millones anuales.
Por un acuerdo alcanzado en 2018 en la CARP (Comisión Administradora del Río de la Plata, integrada por miembros uruguayos y argentinos) se estableció, por un lado, la posibilidad de la administración unilateral del canal Magdalena a cambio de autorizar un mayor dragado del puerto de Montevideo. Esa fue la fórmula que prosperó de las negociaciones que mantuvieron los dos países durante varios años, según informó el actual presidente de la CARP, Alem García, en octubre ante la comisión parlamentaria, y reafirmó a La Mañana el embajador argentino Alberto Iribarne.
García explicó que “en 2014 Argentina hizo un llamado a licitación de manera unilateral; y el gobierno de la época y la delegación uruguaya ante la CARP manifestaron en más de una oportunidad su disconformidad”, pero Argentina siguió adelante e “inició el trámite que prevé el tratado de 1973 que creó la CARP”.
La delegación de Uruguay ante la CARP cumpliendo indicaciones del gobierno hizo “una expresión de voluntad”, con dos puntos: en primer lugar, manifestó que quería “coparticipar en la gestión y administración del canal Punta Indio -que desde la década del noventa venía siendo administrado, y sigue así, exclusivamente por Argentina- y, en segundo término, que también quería coparticipar en el que se proyectaba, que era el canal Magdalena”. A entender de García, Uruguay adoptó esa postura “de manera muy inteligente, porque sería muy buena cosa que Uruguay también coparticipara en la gestión, administración y cobro de peajes de este nuevo canal Magdalena”.
Paralelamente, en 2013, Uruguay había expuesto su proyecto para profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros; “que hasta ese momento Argentina no había dado su consentimiento”, explicó el presidente de la CARP.
García constató que luego de varias negociaciones en el medio, el 28 de mayo de 2018, Argentina prestó conformidad para que Uruguay profundice a 14 metros el canal de acceso a Montevideo, y al día siguiente Uruguay da la noticia de que renuncia a su intención de coparticipar en el canal Magdalena. “Son hechos jurídicamente separados, pero no se necesita ser muy suspicaz para ver que a nuestros hermanos argentinos no les resultaba de interés que Uruguay fuera copartícipe, socio, en la gestión y administración del canal Magdalena”, afirmó.
Por ahora, ninguno de los proyectos se ha empezado a desarrollar, no obstante, hace un mes, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Corporación Nacional para el Desarrollo, firmaron un convenio marco para el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo.
Embajador argentino relativizó una inminente concreción del nuevo canal
A fines de diciembre, en una conferencia organizada por la Universidad Tecnológica de La Plata y Serindustria, Leonardo Cabrera, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina, aseguró que en los próximos meses se licitarán las obras de la Hidrovía Paraná-Paraguay y del canal Magdalena.
Sobre esta última, indicó que “la decisión política ya está tomada, lo anunció el ministro de Transporte, Mario Meoni” y agregó que es una obra que “ya está contemplada y aprobada por la CARP”, organismo binacional en el que se presentaron los estudios sedimentológicos y de impacto ambiental, según aseveró el expresidente de la delegación argentina de la CARP, Hernán Darío Orduna.
Sin embargo, el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, manifestó a este semanario que no le consta que se haya avanzado en el pliego, “porque hasta ahora había un problema de financiamiento” del canal Magdalena, que “no se iba a resolver en un plazo breve”. “Todavía se está en la etapa de cosas sin definir”, aseveró.
Iribarne dijo que habló del tema con distintas autoridades uruguayas, sobre cómo se debería “replantear” el funcionamiento del puerto de Montevideo, pero como “por ahora no hay una perspectiva tan cierta de si se va a hacer”, solo se han hecho “reflexiones más que evaluaciones en concreto de cómo repercutiría”.
Además, advirtió que “hay que hacer otras evaluaciones sobre la carga argentina, fundamentalmente del norte más que del sur”, porque todavía “no hay un debate cerrado en cuanto a que eso sea lo más conveniente”.
En esa línea argumental se expresó, días atrás, en un artículo en Confluencia Portuaria, el capitán Jorge Metz, quien fue subsecretario portuario del vecino país entre 2015 y 2018. Discutió la conveniencia de la obra, al indicar que si la “salida directa al mar” significa la salida y entrada de menor distancia y tiempos de navegación, entonces el proyecto del nuevo canal “no verifica para el 90% de los buques que ingresan a nuestros puertos fluviales”, debido a que la mayoría de las zonas de producción –además de la mayor parte de las exportaciones e importaciones- de Argentina “se concentran en las provincias que están al norte de Buenos aires”, como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, remarcó.
Asimismo, el capitán advirtió que “es imperioso realizar un análisis del sistema en su conjunto, es decir, no solo la carga que entra y sale de Argentina, sino de todos los países de la región” (Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay), y también “trabajar de forma organizada con esos Estados intervinientes para aunar esfuerzos y generar sinergias, más que mirar solo nuestro ombligo”, manifestó Metz.
Sobre qué pasará con la administración del canal Punta Indio, el presidente uruguayo de la CARP, Alem García, informó que cuando Argentina presentó su proyecto para la construcción del canal Magdalena, dijo expresamente que “es para sustituir al canal Punta Indio”, por lo que García entiende que “ningún Estado del mundo invierte un dólar -menos US$ 10.500.000 u US$ 11.000.000, que es lo que sale el mantenimiento del canal Punta Indio- si el canal no le resulta de utilidad”.
Por su parte, Iribarne entiende que “el tema del dragado del canal Punta Indio “estaría también sujeto a que realmente se resuelva empezar a hacer el canal Magdalena. Situaciones que para el embajador “todavía son todas hipótesis”.
Advertencias y precisiones sobre la nueva colectora bonaerense
Lo que sí es un hecho, es que en junio de este año quedará operativo el nuevo emisor subacuático de la planta de tratamiento de fluidos y de residuos industriales que se está construyendo en el Riachuelo de Buenos Aires. El colector arrojará un gran volumen de desechos industriales y residuos orgánicos de 6 millones de bonaerenses, a 37 kilómetros de la costa de Colonia.
El proyecto denominado “Sistema Riachuelo” está a cargo de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la construcción (que lleva más de 10 años fue financiada con un préstamo del Banco Mundial de 1.085 millones de dólares, el préstamo más grande otorgado por la institución crediticia en todo el continente.
El presidente de la CARP informó en el Parlamento que, en 2009, Uruguay dio su consentimiento a Argentina para el desarrollo de esta planta tras informes de la Dinama, de la Armada Nacional y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
No obstante, García señaló que, culminada la obra, “tienen que comenzar a hacerse los monitoreos y fiscalizaciones de la manera más profunda e independiente”, además de chequeos diversos paralelos, “para controlar que los fluidos salgan con el tratamiento que está establecido en el tratado”.
“Mi predecesor, el doctor Felipe Michelini, reiteradamente pidió a Argentina información detallada sobre el proyecto. Ahora, no fue culpa de él, ni de la delegación de aquella época que no le hubieran brindado la información. Lo cierto es que esa información recién llegó el 28 de setiembre de 2020″, agregó.
Según García, el informe de 322 hojas “brinda todos los detalles desde el punto de vista de la construcción, científico y del tratamiento de los diferentes fluidos, sean orgánicos o inorgánicos, residuos industriales, que es lo más grave, porque en la zona del Riachuelo hay más de dos mil industrias de gran porte, que llegan a ser doce mil industrias en esa zona”, por lo que “tenemos que estar muy atentos”. Pero “hasta que no empiece a funcionar la obra y se viertan los fluidos a través del emisor subacuático, subfluvial, no se puede hacer un monitoreo efectivo”, dijo.
“No debemos olvidar que el Banco Mundial hace su monitoreo propio”, recordó García. El Banco Mundial “podrá ser objeto de muchas críticas, pero hay que reconocerle que no presta plata para una obra sin el estudio previo de impacto ambiental. “Tenemos que velar para que se cumpla el proyecto tal como fue planificado, que dio motivo al préstamo del Banco Mundial pero, fundamentalmente, tenemos que estar alertas y ver que se cumplan todas las etapas de este proyecto, que fue el fundamento que tuvo Uruguay para dar el consentimiento a la construcción de esta obra” en 2009, manifestó García.
A título personal, el exdiputado rochense dijo ser “defensor de esta obra”. “¿Es mejor que se siga por los años de los años con el desastre que hay hasta el día de hoy, con el vertido en bruto de las aguas servidas y hasta de residuos industriales y metales pesados? ¿Es mejor lo que tenemos ahora, que es un atentado a las aguas del Río de la Plata y al medio ambiente? ¿No será mejor tener la obra funcionando, que significará un avance importantísimo para la preservación del ambiente y las aguas del Río de la Plata?”.
Pero además, García dijo confiar “en el buen criterio de los argentinos” y de la asesora ambiental uruguaya de la CARP, Mónica Gómez. “Lo primero que le pregunté a la licenciada Gómez fue de dónde sacan agua dulce los argentinos, es decir, agua para uso humano, para abastecer a la gente que vive en Buenos Aires, y me hizo un informe muy pormenorizado de las tomas que se utilizan”.
Indicó que, “al igual que ocurre aquí, que utilizamos el río Santa Lucía y otras vertientes, allá utilizan las aguas del Río de la Plata, que están a pocos kilómetros del, para algunos, «maligno vertedero de aguas cloacales». “¿Ustedes creen que con el contralor que hay de la sociedad civil en Buenos Aires, se va a admitir pacíficamente que se contamine con el vertedor subacuático, por el cual se van a verter las aguas de la planta de tratamiento muy cerca de las tres tomas de agua que tiene Buenos Aires para abastecimiento humano? Creo que tan irracionales no son; por el contrario, yo confío en la inteligencia de los argentinos”, dijo García, que concluyó que “es mejor tener la planta a no tenerla”.
De todas formas entiende que “debemos tener un criterio de colaboración con Argentina para que esta planta funcione bien”. Una “conducta que nos obliga el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, que tiene como mandato utilizar el Río de la Plata en beneficio de los pueblos. Entonces, siendo ese el objetivo del tratado, favorecer el bienestar de los pueblos a través de diferentes mecanismos, “debemos tratar de usar este recurso de la mejor manera posible”.
Con la idea es establecer varios chequeos y monitoreos en paralelo, y otros de gente independiente, los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron sendos convenios con la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), para comenzar a hacer un monitoreo de las aguas del Río de la Plata, a pocos meses de que comience a funcionar el megacolector argentino.
Según el embajador argentino en Uruguay “se ha ido aclarando la posición de que no hay posibilidades de contaminación”, tanto “por la distancia en la que está” el colector, “por cómo son las mareas, y por cómo es la corriente”, detalló Iribarne.
Relaciones bilaterales y Mercosur
Para el embajador argentino la intención de Argentina “es avanzar en todo lo que se pueda hacer en conjunto, tanto en temas de infraestructura como la hidrovía de Uruguay; y la licitación del aeropuerto de Concordia, “para poder sacar cargas de toda la región (Salto, Concordía, Chajarí, etc.) que es importante”, remarcó Iribarne.
“La idea es que más allá de las ideologías, se pueda avanzar en temas concretos que hagan a la integración, no solo entre Uruguay y Argentina, sino también con el Mercosur y, eventualmente, con Latinoamérica, que fue algo que se plateó en la reunión de presidentes en la estancia Anchorena. Trabajar, por ejemplo, en la CELAC (que también incluye a México), con esa idea de desideologizar las relaciones y avanzar en pasos concretos que hagan a la integración”, sostuvo.
Respecto al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea (UE) señaló que “están a la espera de ver qué es lo que propone la UE con el tema de Amazonas”. El embajador afirmó que “la pelota está más del lado europeo que del Mercosur”.
Por otra parte, sobre el pedido del canciller Bustillo de mayor flexibilización para negociar acuerdos con otros países, Iribarne recordó que está la resolución 32/00 que dice que no se pueden hacer tratados de libre comercio si no es en conjunto. Si bien entiende que “son cosas a analizar”, la idea es que el Mercosur avance en conjunto, “por lo menos esa es la idea nuestra y creo que lo vamos a hacer”.
