Las demoras en los trámites se traducen en productos que tardan en llegar al mercado, perjudicando el empleo y favoreciendo lo importado sobre lo nacional.
El 25 de abril de 2024, Magdalena Lorenzo, gerenta general de la heladería La Cigale, se convirtió en la primera presidenta mujer de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), una institución fundada en enero de 1947 que pertenece a la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
Consultada por La Mañana sobre el alcance de la Ciali, Lorenzo dijo que abarca “unas noventa empresas de diversos sectores que incluyen panificados, galletitas, golosinas, bebidas, café, alfajores, dulces, helados. Un abanico muy variado”, siendo condición que “tenga que ver con alimentos de producción nacional, y esto es lo más importante, que son empresas que producen a nivel nacional”.
“Algunas son más grandes, otras medianas o pequeñas, las hay de producción más artesanal o más industrial, pero es todo producción nacional”, entendiendo por artesanal o industrial “los procesos productivos”, aclaró. “También hay empresas multinacionales, pero que producen en el territorio nacional”, y algunas de las empresas integrantes son exportadoras.
En cuanto a la ubicación de las empresas que integran la cámara, Lorenzo dijo que un número importante está en Montevideo, “pero también las hay en los alrededores” porque la normativa limita la presencia de industrias en zonas urbanas. Otras “están en Canelones, San José y tenemos muchos agremiados que son de otros departamentos del interior del país. Abarcamos tanto Montevideo como el interior”.
“Hay mucho peso de las empresas familiares”, subrayó Lorenzo, y entre todas “generamos unos 40.000 puestos de trabajo directos, lo que representa más del 30% del empleo de la industria manufacturera, sin contar la refinería. A ese total hay que sumar todos los empleos indirectos que pueden incluir distribución o el hecho de que estemos en determinados comercios y que esos comercios también generan empleo”. En síntesis: “El 30% del empleo de la industria manufacturera de nuestro país lo emplean las industrias alimentarias”.
Agilitar los trámites burocráticos
“En Uruguay la industria nacional siempre tiene muchos desafíos”, indicó Lorenzo, y entre los objetivos de Ciali se encuentra el proteger y defender al sector, impulsando herramientas que lo hagan más competitivo, lo cual es muy amplio.
“Por un lado, Uruguay tiene algunas ventajas como su institucionalidad y seguridad jurídica, pero también somos un país con altos costos para la producción nacional, costos muy altos a nivel de empleo, de impuestos, costos en los trámites, registros y una serie de procesos burocráticos que hay que realizar ante los organismos públicos y que muchas veces enlentecen y encarecen la producción nacional”, planteó.
A modo de ejemplo, la empresaria contó que “según el rubro” hay que hacer “una serie de trámites y registros”, algunos en las intendencias otros en los ministerios. “Todo son trámites y registros que es correcto que se realicen, porque nosotros también velamos como industria nacional por la legalidad de los productos que se comercialicen en nuestro mercado, esa también es una manera de proteger a los consumidores. El cuestionamiento no pasa por ahí, sino porque esos organismos hacen los trámites muy lentos, se vuelven muy burocráticos y esa dinámica del sector público a veces colide con la dinámica del sector privado que quiere sacar productos al mercado”.
Sucede que “una empresa que tiene un área de innovación y desarrollo, que quiere sacar nuevos productos para ser más competitiva porque hay tendencias en el mundo, tendencias que llegan con los productos importados, entonces la empresa quiere ponerse a la altura y salir a competir, pero todo se enlentece y se tranca en los registros y trámites que se deben hacer para que los organismos públicos habiliten la venta”.
Cambiar eso “es uno de los desafíos que tenemos en esa gestión de la Ciali” y con ese fin permanentemente estamos “intentando realizar contactos con los organismos, con los jerarcas y directores de las distintas áreas, para ver de qué forma, dialogando, podemos hacer que esos trámites se agilicen para el bien de todos”, explicó Lorenzo.
La agilidad con que se hace un trámite burocrático puede ayudar o frenar el desarrollo de una empresa: “Si las empresas nacionales pueden sacar más rápido un producto al mercado, están dando empleo, están ofreciendo a los consumidores buenos productos nacionales, y así se suma para que la economía crezca”.
Así es como hay que ver y entender el peso de la burocracia en el país, porque además “es un problema que Uruguay tienen desde hace mucho tiempo”.
Lamentablemente “los cambios han sido pocos, y desde la gremial la forma que tenemos para cambiar eso es realizando contactos con los organismos, con las áreas responsables de cada uno de esos trámites, porque cada trámite tiene que ver con un área de tal intendencia, un área de tal ministerio”.
Los responsables públicos deben entender cómo la demora y trabas que surgen “están afectando a las empresas que producen alimentos y a las gremiales”. Si eso se entiende en toda su magnitud, entonces “estaremos en condiciones de ver si hay alguna forma de revertirlo y empezar a agilitar” los trámites.
Atentos a la normativa que va surgiendo
Por otra parte, la comisión directiva de Ciali, que “está integrada por nueve miembros, todos con una actitud muy proactiva”, siempre está “muy atenta a los proyectos de ley que puedan surgir a nivel parlamentario” y que puedan proponer normas que implican modificaciones y exigencias que exigen mayores esfuerzos empresariales, dijo la presidenta de la Cámara.
“Es claro que hay medidas que son buenas para el consumidor y estamos de acuerdo con su existencia, pero también se debe tener en cuenta que se puede dar una variación en la relación costo-beneficio; modificaciones que implica determinados costos para las empresas, con exigencias de tiempos que no son tan fáciles de cumplir”. Una norma puede parecer sencilla al momento de escribir un articulado que luego se hace ley, pero muchas veces no es así, por ejemplo, “modificar un texto en el etiquetado” parece una inversión menor, pero puede ser más importante de lo que parece.
“No estamos discutiendo la pertinencia, pero se debe tener en cuenta que cambiar el etiquetado, modificar una palabra o un tamaño, implica a las empresas un costo enorme de rediseño de etiquetas, de reimpresión, de reenvasado del producto. En este momento no tenemos información de que haya proyectos que vayan a generar ese tipo de cambios, pero sí estamos muy atentos”, precisó.
Agregó que es buena la receptividad de los políticos a las manifestaciones de la Ciali en caso de que aparezca alguna ley que implique cambios que se traducen en costos: “Por lo general hay una escucha del lado de los parlamentarios, siempre están dispuestos a recibirnos en las comisiones, sea cual sea la ley o las áreas que afecte. El diálogo se da”.
Como aspecto positivo, Lorenzo mencionó que “se agilitó” la gestión para abrir una empresa: “El trámite DGI-BPS está unificado, es rápido”, pero cuando se trata de alimentos hay otras exigencias como la habilitación bromatológica, de Bomberos, el registro de las materias primas y los productos terminados, también se deberá presentar las etiquetas para que se las aprueben”.
Dependiendo del producto que se trate serán las exigencias, “pero como estamos hablando de alimentos también hay que ver la planta de producción, dónde se va a producir y el tipo de envasado. Y los exportadores tienen que hacer otro tipo de diligencias y gestiones, incluso atender los requerimientos que puede solicitar el país receptor”.
“Entonces, es muy difícil”, enfatizó y aunque la inversión mínima requerida para iniciar una empresa depende de muchos factores, “lo seguro es que va a llevar unos cuantos meses poder empezar a operar porque cada uno de los trámites lleva tiempo, hay que presentar mucha documentación, después llegarán las inspecciones que probablemente hagan observaciones, el empresario tendrá que levantar esas observaciones. Son unos meses durante los cuales hay que pagar el alquiler de la planta o la inversión de la maquinaria, o el costo del producto y los operarios. Todo esperando que se concreten todas las habilitaciones y permiso antes de poder comenzar a comercializar el producto”.
Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos
Uno de los temas de interés de la Cámara Industrial de Alimentos, al cual está dando seguimiento, es el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos.
Lorenzo dijo que “desde hace años se está trabajando” con el fin de corregir las diferentes exigencias para determinados trámites o registros que varían según el departamento.
“Deberíamos poder unificar, somos un país chico, no somos tantos departamentos, y además las cosas no son tan distintas de un departamento al otro, entonces que realmente las intendencias puedan unificar criterios y que un registro válido para Canelones lo sea también en Montevideo, Salto o donde fuere. Un trámite hecho en cualquier departamento debería valer para todos y no tener que hacerlo de nuevo”.
La unificación de todos los departamentos “es un desafío grande en el que se viene trabajando hace tiempo”, así todo, la cámara tiene la idea de “seguir participando como gremial y aportando desde nuestro lugar para que eso salga y facilite a todos. Hay voluntad de avanzar, lo que pasa que no es fácil poner el tema en agenda ni que todos se pongan de acuerdo, y a veces los tiempos no son lo que nosotros desearíamos. Pero voluntad hay”.
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