Uruguay no es ajeno a las tendencias mundiales en salud mental: al igual que en el resto de los países, se ha observado un aumento de trastornos como la depresión y de la tasa de suicidio. En conversación con La Mañana, el especialista en medicina interna y psiquiatría Juan Dapueto explicó que, si bien los diagnósticos han mejorado, la implementación de la Ley de Salud Mental de 2017 ha tenido limitaciones presupuestales y de recursos humanos, sobre todo en el interior.
¿Qué análisis hace sobre la realidad de la salud mental en Uruguay y, en particular, la alta tasa de suicidio existente en la actualidad?
La situación de la salud mental en Uruguay no difiere sustancialmente, en términos de la prevalencia de las afecciones, de la que se observa en otros países. Desde hace décadas, la Organización Mundial de la Salud viene alertando sobre el aumento de trastornos como la depresión, que hoy constituye una causa importante de sufrimiento y discapacidad, y podría convertirse en uno de los problemas de salud más frecuentes a nivel global para el 2030. En nuestro país, la elevada tasa de suicidio es un indicador particularmente preocupante de esta realidad. No solo puede estar aumentando la frecuencia de algunos trastornos, sino que es muy probable que se estén diagnosticando más y mejor las afecciones que hasta hace unos años pasaban desapercibidas. Por ejemplo, algunos de los trastornos del neurodesarrollo que hoy día se identifican y se tratan tempranamente en la infancia, como los trastornos del espectro autista o los trastornos por déficit atencional con hiperactividad (TDA-H), muchas veces pasaban desapercibidos y se identificaban cuando ya estaban generando niveles altos de malestar y dificultades en el desempeño personal, académico y laboral en la edad adulta. Al mismo tiempo, en las sociedades actuales, formas de malestar emocional que son normales tienden a ser interpretadas como trastornos mentales. Por ejemplo, los duelos o las frustraciones, que ciertamente generan sufrimiento emocional, se toleran menos y se intentan suprimir, en lugar de darles tiempo a procesos de elaboración más saludables.
¿Cuáles son los principales obstáculos para acceder al sistema de salud mental actualmente? ¿Hay poblaciones particularmente desatendidas?
El escenario actual combina un aumento real de algunos problemas de salud mental, una mayor capacidad diagnóstica y transformaciones sociales que impactan en el bienestar emocional, lo que exige respuestas que vayan más allá del abordaje exclusivamente clínico. Esto genera una mayor demanda sobre los profesionales de la salud mental. Sin embargo, no se tiene en cuenta, como sería deseable, la importancia de las redes de apoyo social y comunitario que son la primera red de contención de la persona con sufrimiento psíquico o con un trastorno mental.
En 2017 se aprobó la Ley 19.529 de Salud Mental que reconoce la salud mental como un derecho humano y promueve un modelo de atención integral, comunitario y basado en derechos, prioriza la promoción, la prevención y la atención en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, buscando superar los enfoques asilares o exclusivamente hospitalarios. El principal desafío fue lograr su implementación debido a limitaciones presupuestales, escasez de equipos interdisciplinarios –especialmente en el primer nivel de atención–, dificultades de coordinación intersectorial y una implementación desigual según el territorio. A esto se suma la inercia de modelos de atención centrados en la respuesta clínica y farmacológica, cuando la ley plantea abordajes más amplios, comunitarios y preventivos.
¿Hacen falta más profesionales especialistas en esta materia, dado este contexto complejo que describe?
Existe un problema en el número de profesionales de salud mental. Claramente, hay dificultades para disponer de psiquiatras a nivel de las instituciones, tanto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como de mutualistas e incluso en los seguros privados. Esta carencia es aún mayor en el interior. Lo mismo sucede con las licenciadas de Enfermería y de Trabajo Social con formación en salud mental. De esta forma, la mayoría de los equipos están integrados casi exclusivamente por licenciadas en Psicología. También hay un problema en la formación de los recursos humanos porque, mientras se postula el trabajo en equipos interdisciplinarios, insertados en la comunidad, la mayoría de los psiquiatras han sido formados en la práctica asistencial individual con los pacientes y en el modelo hospitalocéntrico.
Como especialista en la materia, ¿qué lectura hace del estado de la salud mental de los médicos? ¿Cuáles son los mayores desafíos en este sentido?
En cuanto a la salud mental de los médicos, no disponemos de encuestas de prevalencia de los trastornos mentales en los médicos y en el personal de salud, a pesar de que se les ha propuesto en numerosas ocasiones al Colegio Médico del Uruguay y a los gremios médicos. Sabemos por datos internacionales que los médicos y el personal de la salud, en general, tienen mayor riesgo de suicidio que la población general, que el riesgo de las mujeres trabajadoras de la salud es mucho mayor que el de las mujeres de la población general igualando al de los varones, que durante la pandemia aumentaron los suicidios en el personal de salud de España, así como los trastornos del humor y de ansiedad, y que es frecuente la aparición de trastornos por estrés postraumático en equipos que trabajan en áreas de violencia extrema.
¿Se conocen cifras específicas que pueda compartir?
Afortunadamente sí contamos con información sobre la prevalencia de síndrome de desgaste ocupacional o burnout en general y en grupos específicos. La frecuencia varía según la especialidad estudiada y el cuestionario utilizado, pero oscilan entre 30 y 60% de los médicos estudiados. Los factores de riesgo son los ya identificados en encuestas internacionales: las especialidades de emergencia, quirúrgicas, tratamiento intensivo, anestesia y medicina interna; ser más joven, tener personas a su cargo, la privación del sueño, trabajar en entornos inseguros, conflictivos o violentos, la falta de seguridad psicológica en el trabajo, la cantidad de horas semanales, entre otros. La otra buena noticia es que existen en nuestro país instituciones y equipos que están aplicando programas de promoción del bienestar y mitigación del burnout.
