Trump confirma el primer bombardeo terrestre estadounidense en Venezuela, marcando una peligrosa escalada en su “guerra contra el narcotráfico”. Mientras Washington justifica la operación y Caracas guarda un silencio calculado, expertos denuncian la ilegalidad del ataque y advierten sobre el riesgo de un conflicto abierto en la región.
En un giro sin precedentes que marca una escalada drástica de las tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes el primer ataque terrestre de su país en territorio venezolano. Aunque el Pentágono y el gobierno de Nicolás Maduro han guardado silencio, las declaraciones del mandatario estadounidense dibujan un panorama de confrontación directa, pasando de operaciones en aguas internacionales a un bombardeo en suelo soberano venezolano. Este suceso, ocurrido aparentemente en la Nochebuena de 2025, representa un punto de inflexión en la campaña militar que Washington libra en el Caribe y amenaza con desestabilizar aún más a una región en crisis.
Un ataque confirmado en una entrevista radial
La noticia del ataque no surgió de un comunicado oficial, sino de declaraciones casi casuales del presidente Trump. En una entrevista con la emisora WABC de Nueva York el 26 de diciembre, afirmó que Estados Unidos había “destruido una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos” vinculada al narcotráfico. Fue este lunes 29 de diciembre, durante un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuando ofreció más detalles, describiendo “una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga” y asegurando que el lugar “ya no existe”.
A pesar de la contundencia de sus palabras, Trump se negó a aclarar aspectos fundamentales: no especificó la ubicación exacta, la fecha precisa ni si la operación fue ejecutada por el ejército o por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Esta opacidad ha sido una constante. Ni el Departamento de Defensa, ni la CIA, ni la Casa Blanca se han pronunciado para corroborar la información, dejando las declaraciones del presidente como la única fuente oficial.
La pista de la explosión en Zulia
Aunque las autoridades venezolanas han optado por la indiferencia y el silencio ante las acusaciones de Trump, indicios en el terreno sugieren que un hecho violento sí ocurrió. Medios locales reportaron una fuerte explosión en la madrugada del 24 de diciembre en las instalaciones de la empresa Primazol, ubicada en el municipio de San Francisco, estado Zulia, a orillas del lago de Maracaibo.
La descripción del lugar –una planta industrial cercana a la costa– guarda una similitud inquietante con la referencia de Trump a una “gran instalación de donde provienen los barcos”. La empresa, dedicada oficialmente a la distribución de insumos químicos, emitió un comunicado negando cualquier vínculo con actividades ilícitas y atribuyendo el incidente a causas aún bajo investigación. No obstante, funcionarios estadounidenses citados por The New York Times confirmaron de manera extraoficial que el presidente se refería efectivamente a un blanco en Venezuela.
El contexto de una campaña militar escalonada
Este ataque terrestre no es un hecho aislado, sino la “fase dos” de una ofensiva militar mucho más amplia. Desde el 2 de setiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo la “Operación Lanza del Sur”, una campaña centrada inicialmente en el mar. Bajo este paraguas, aviones y buques de guerra estadounidenses han atacado y destruido al menos 30 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, acciones que Washington justifica como un combate al narcotráfico, aunque sin presentar pruebas públicas.
El saldo de esta fase marítima ha sido letal: al menos 105 personas han muerto en estos operativos, calificados por críticos como ejecuciones extrajudiciales. Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han defendido cada ataque, argumentando que se actúa contra “narcoterroristas” que representan una amenaza para la seguridad nacional. El presidente llegó a afirmar que cada barco destruido “salva 25,000 vidas estadounidenses”.
La escalada ha ido en aumento. En octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Paralelamente, ordenó un “bloqueo total y completo” de los buques petroleros que entran y salen del país, una medida destinada a estrangular los ingresos del gobierno de Maduro. El ataque terrestre confirmado esta semana es, por tanto, la materialización de las amenazas y la ampliación lógica de una estrategia de presión máxima.
La frágil (y calculada) respuesta venezolana
Frente a lo que podría interpretarse como una violación flagrante de su soberanía, la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ha sido llamativamente baja. No ha habido un comunicado oficial, una denuncia formal ante organismos internacionales o un despliegue retórico beligerante. Analistas interpretan este silencio no como debilidad, sino como una estrategia calculada para no proporcionar a Washington el pretexto que busca para una escalada mayor.
Sin embargo, Venezuela no está inerme. En previsión de un escenario como este, Maduro aprobó en octubre un “estado de excepción por conmoción exterior” que permitiría restringir garantías constitucionales y desplegar masivamente a la Fuerza Armada y a las milicias populares en caso de un ataque confirmado. El chavismo ha fomentado durante años la “fusión popular-policial-militar” y afirma contar con una reserva de 4,5 millones de milicianos, preparándose para una “lucha armada” defensiva.
Un acto bajo la lupa del derecho internacional
Más allá de las declaraciones y las estrategias políticas, la legalidad de las acciones estadounidenses es ampliamente cuestionada. Expertos en derecho internacional sostienen que estos operativos carecen de justificación legal. Estados Unidos ha invocado el derecho a la “legítima defensa”, pero la Carta de las Naciones Unidas solo permite este recurso en caso de un “ataque armado previo” contra un miembro de la ONU.
“La pregunta es si podríamos elevar a la categoría de ataque armado el hecho de que unas supuestas narcolanchas estén navegando por aguas internacionales, y la respuesta es no”, afirma Joana Abrisketa, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto. “No hay ninguna base legal que avale los argumentos que utiliza Estados Unidos”. Antonio Remiro Brotons, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, es aún más categórico: “Cualquier alumno de derecho te diría que es ilegal”.
La ONU ha mostrado su preocupación. Expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos ya han declarado ilegal el bloqueo naval estadounidense y han condenado la agresión contra Venezuela, señalando que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Incluso dentro de Estados Unidos, legisladores demócratas y algunos republicanos han criticado la falta de autorización del Congreso, único poder constitucionalmente facultado para declarar la guerra.
Un punto de no retorno incierto
El primer ataque terrestre estadounidense en Venezuela marca un punto de no retorno en una crisis que se ha ido gestando durante todo el año 2025. Trump ha cumplido su promesa de llevar la guerra contra el narcotráfico directamente al territorio venezolano, cruzando una línea roja que hasta ahora se había respetado.
Las implicaciones son profundas. Geopolíticamente, tensa al máximo las relaciones en la región y acerca a Estados Unidos a un conflicto abierto con un país que cuenta con el respaldo de potencias como Rusia y China. Legalmente, socava el frágil orden internacional basado en la soberanía de los estados.
El silencio de Maduro es, por ahora, el único factor que frena una espiral de acciones y reacciones. Pero con Trump en campaña y decidido a mostrar mano dura, y con un chavismo preparado para la defensa total, el escenario está listo para que una nueva chispa provoque un incendio de consecuencias impredecibles para Venezuela y toda América Latina. La pregunta ya no es si habrá más escalada, sino cuándo y a qué precio.
