El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) cuestionó el nuevo proyecto de ley de lavado de activos por entender que carga sobre los contadores exigencias que son responsabilidad del Estado. La presidenta de la institución, Cristina Freire, fue consultada por La Mañana al respecto y advirtió que la iniciativa, además de generar más burocracia, no necesariamente será eficaz para combatir el lavado de activos.
El Cceau, a través de su Comisión de Prevención de Lavado de Activos, realizó el evento “Prevención de Lavado: el nuevo proyecto y su impacto en la profesión contable”, con la participación de Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La instancia convocó a profesionales del área contable y administrativa interesados en conocer los alcances del nuevo proyecto de ley sobre prevención de lavado de activos, sus principales cambios normativos y los desafíos que plantea para los profesionales.
La presidenta del Cceau, Cristina Freire, afirmó que estuvieron sobre la mesa múltiples aspectos que preocupan a los profesionales nucleados en el colegio. Según expresó, el nuevo proyecto de ley introduce cambios que complejizan el cumplimiento de las tareas de los sujetos no financieros como los contadores. “Se amplían exigencias como el archivo de documentación por 10 años respecto a la debida diligencia, se bajan umbrales de efectivo y de defraudación tributaria y se elimina la presunción de bajo riesgo para operaciones bancarizadas”, detalló.
Todo eso, sostuvo, genera un mayor volumen de trabajo, especialmente para los pequeños estudios, lo que lleva también a un mayor costo para el profesional.
Además, aseguró que las nuevas disposiciones requerirán más personal capacitado y nuevas herramientas de control. “Hay muchas cosas que no sabemos si realmente van a ser efectivas. Nos preocupa que termine siendo más burocracia que una herramienta útil para prevenir delitos”, lamentó.
En ese sentido, agregó que “el narcotráfico ya está instalado en el país y esta nueva ley no lo ataca directamente; en cambio, fija más controles a los sujetos no financieros, como los contadores, que no tienen las herramientas del Estado para ejercer ese rol”.
Aclaró que el colegio no se opone a la iniciativa, sino que cuestiona si será realmente eficaz para combatir el delito de lavado y el delito de defraudación tributaria.
El Cceau cuestionó el nuevo proyecto de ley sobre lavado de activos por entender que complejiza el trabajo de los contadores. ¿A qué se debe esto?
El proyecto propone varias modificaciones que complejizan la debida diligencia. Por ejemplo, planteando que la misma deba realizarse no solo a clientes, sino a sus socios, accionistas, inversores o aportantes, a cualquier título. Dependiendo de la reglamentación que se aplique, esa sola modificación puede generar una sobrecarga en el contador y molestias en los clientes. Otra modificación importante es eliminar la presunción simple de riesgo bajo por operar con el sistema financiero, teniendo que volver a aplicar tres tipos de debida diligencia. Se propone también ampliar el período de tiempo en el que deben conservarse los registros y las operaciones que se tuvieron con el cliente, de cinco a 10 años.
¿Qué impacto tendría este proyecto sobre el día a día de los profesionales?
Se genera un mayor volumen de trabajo, especialmente para los pequeños estudios, lo que lleva también a un mayor costo para el profesional y que no se puede trasladar a sus clientes. Se requerirá personal más capacitado y nuevas herramientas de control.
Usted señaló que el proyecto traslada responsabilidades que deberían recaer en el Estado, hacia los contadores. ¿Por qué?
Porque no tenemos las herramientas que dispone el Estado. Las responsabilidades últimas en materia de prevención de lavado deben recaer en el Estado y no tanto en los sectores no financieros como sujetos obligados.
¿El proyecto prevé algún tipo de apoyo para que los contadores enfrenten estas nuevas exigencias?
En el período anterior, el entonces secretario general Dr. Jorge Chediak, propuso hacia el final de su mandato incentivar a los sujetos obligados como forma de compensación por los gastos que el sistema genera. No se ve que la nueva administración en este período vaya a establecer alguna medida en ese sentido.
¿Por qué estiman que este aumento en las exigencias no implicará necesariamente mayor eficacia en la lucha contra el lavado de activos?
Estas solas medidas podrían no ser suficientes, pero hay que reconocer que hay modificaciones que son positivas. Se le volvió a dar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos mayor importancia a nivel del Poder Ejecutivo, volviendo a ser liderada por el prosecretario de Presidencia y otras autoridades que no formaban parte. En la estrategia nacional que está en proceso de aprobarse se deberán incluir otras medidas como dotar de más recursos a las principales autoridades competentes como la Fiscalía, la Policía, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la Senaclaft. En los últimos años ha habido episodios en el sector financiero, que es el de mayor riesgo de acuerdo la última Evaluación Nacional de Riesgos, por lo que también debe atenderse la prevención que se realiza desde dicho sector.
Luego de la reunión, usted hizo énfasis en que el narcotráfico ya está instalado en Uruguay. ¿Esta ley apunta al lugar equivocado en términos de prevención?
En términos generales, está instalada la duda sobre si este nuevo proyecto de ley será eficaz para combatir el narcotráfico.
¿Cómo fueron recibidas sus inquietudes por parte de la Senaclaft?
La Senaclaft siempre se ha mostrado receptiva a nuestras inquietudes. El colegio ha sido muy activo integrando el Comité del Sector Contadores que se reúne en forma periódica con dicho organismo. También hemos participado en las comisiones parlamentarias en cada ocasión en la que se propusieron cambios normativos y esta no será la excepción. Esperamos poder llegar a algún acuerdo para lograr aliviar alguna de las nuevas cargas que se quieren aprobar.
¿Tienen previsto desde el colegio brindar apoyo a los socios ante el anuncio de nuevas inspecciones al sector?
El colegio tiene disponible un canal de consultas donde se responden en forma escrita las dudas o inquietudes de nuestros socios. Además, se organizan anualmente varios eventos y cursos, y en épocas de modificaciones legislativas es posible que se incremente su frecuencia. También vamos a estar alerta cuando empiecen las inspecciones para que los socios tomen los recaudos del caso.
¿Cómo evalúa la efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas?
Actualmente en nuestro sector hay pocos reportes de este tipo y nos preguntamos si hubo algún procesamiento penal con los recibidos. Su efectividad no debería solo medirse por su cantidad, es decir, deberían agregarse elementos para medir dicha variable; para empezar, su calidad, que puede medirse comparando los que fueron remitidos finalmente a Fiscalía sobre el total de los generados en un determinado período. También se podrían establecer ratios de cantidad de reportes en comparación con la cantidad de sujetos obligados por sector. Y luego, a ambas mediciones se las puede comparar con los mismos índices en el exterior, tomando determinados países de referencia en la región y en Europa. Con este tipo de mediciones se podrían establecer metas que sean alcanzables por sector. El temor ante este nuevo proyecto de ley es generar reportes inútiles o preventivos sin fundamento.
