Uruguay enfrenta una baja efectividad en su sistema antilavado, debilitado por la falta de recursos, personal y voluntad política. La estrategia nacional elaborada en el pasado gobierno no fue aprobada, y la Comisión Antilavado no funcionó en cinco años. Entre los mayores desafíos actuales, de acuerdo con el experto Leonardo Costa, están la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Senaclaft y la UIAF, mejorar la formación de los sujetos obligados no financieros y revisar cambios legales que podrían debilitar los controles.
El pasado 20 de mayo se realizó el evento de la World Compliance Association (WCA): “Perspectivas de la prevención de lavado de activos en Uruguay: visión del Estado y del sector privado”, en el Edificio 19 de Junio del BROU. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la jornada?
Lo que se estuvo analizando previo al panel de las autoridades fue el estado de situación de la efectividad del sistema antilavado en Uruguay, que en general creemos que es mala, que no funciona como debería por falta de recursos o por falta de voluntad política. En ese sentido, entiendo que en los últimos tiempos la voluntad política en estos temas fue poca y, de hecho, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) trabajó en una estrategia nacional antilavado que nunca se aprobó. No fue una prioridad este tema, por tanto, es un gran desafío volver a ponerlo en agenda con cambios institucionales y legislativos. Obviamente, parte del problema es la falta de personal tanto en la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central) como en la Senaclaft, lo que hace que sea muy difícil que funcionen y que la gente tenga la sensación de: “¿Para qué estamos haciendo este sistema antilavado?”. Ese es un gran desafío. Lo otro que estuvimos analizando tiene que ver con los cambios que salieron en la prensa, que todavía no habían sido anunciados, sobre lo que está planteando el gobierno, especialmente lo relativo a las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Urgente Consideración en la administración anterior, sumado a algún otro cambio legislativo menor que pueda haber. A su vez, se anunció, por lo menos a través de la prensa, que se eliminaría la Fiscalía Antilavado, que me genera dudas sobre si es una buena idea o no.
¿A qué adjudica la falta de voluntad política a la que hacía mención y el hecho de que en el gobierno anterior se haya elaborado una estrategia que no llegó a ser aprobada?
Yo no tengo las razones por las cuales no se hizo. Todos son indicios de que no se le dio prioridad al tema por parte no de las autoridades de la Senaclaft, sino del Poder Ejecutivo en general. En cinco años nunca funcionó la Comisión Antilavado, o sea, hubo varios indicadores. Las razones no me corresponde evaluarlas sin saber la causa, puedo tener alguna hipótesis, pero no puedo especular con eso.
Dados los anuncios que mencionaba, ¿qué expectativas tiene y qué opinión le merecen los cambios planteados? Decía que le genera dudas la eliminación de la Fiscalía Antilavado.
Sí, tengo la duda porque creo que la actual fiscalía, sobre todo en el tema de Conexión Ganadera, no está funcionando mal. Sobre los otros temas, hay dos grandes anuncios. Uno es bajar el umbral del efectivo, que yo creo que efectivamente debería bajarse a un monto que sea razonable. Hay que hacer una buena evaluación para definirlo. El otro tema es considerar que las transacciones bancarizadas son todas de debida diligencia simplificada. Yo creo que, en general, el hecho de que esté bancarizado es un mitigante de riesgo. Yo no derogaría ese artículo, sino que haría un cambio, pero hay que ver cuál es el monto total para analizar el riesgo.
En términos generales, ¿diría que está bien enfocada la nueva estrategia en materia de lavado?
La estrategia no sé, lo que sí está claro que está bien enfocado es que la secretaria antilavado es una persona con mucha experiencia en el tema, es realmente una persona idónea y con conocimiento, y está muy bien asesorada por dos personas que ocuparon el mismo cargo. Por lo tanto, es de esperar que con ese equipo la efectividad pueda mejorar. Y, por otro lado, este es un tema que está ocupando un lugar en la agenda en este momento y creo que eso ayuda muchísimo a tratar de mejorar el sistema antilavado.
Recién habló de Conexión Ganadera. ¿Se enmarca en un caso de lavado?
Yo creo que sí, que en el caso de Conexión Ganadera hay por lo menos una parte de transacciones en las que hubo lavado, sobre todo, en el destino del dinero de los ahorristas que lo cambiaron para hacer inversiones que no eran las planificadas inicialmente. De eso estoy convencido. Después, hubo mucha especulación con que dentro de los inversores que habían puesto plata, podía haber gente que estaba lavando dinero. De los clientes que uno tiene, lo único que aclaro es que fue todo hecho bancarizado y de alguna manera eran operaciones desconocidas. Cuando se sepa el total de acreedores que se presenten y se vea aquel listado que circuló públicamente, que tenía sus defectos, es decir, cuánta gente se presentó versus cuántos estaban ahí, capaz que tendremos una noción de que efectivamente pudo haber habido algo de lavado, pero hoy es una especulación decir que los inversores estaban lavando dinero.
¿Hay alguna herramienta o política implementada por la administración anterior en esta materia que considere que debería mantenerse?
En la administración pasada hubo mucha continuidad de lo que venía de la anterior. En eso no debía haber grandes cambios. El ideal hubiera sido que continuaran los funcionarios que había antes, pero son decisiones estratégicas y políticas que toman las autoridades que las entiendo. En esto la continuidad es muy importante, por eso la presupuestación de gente ahí es fundamental, para evitar justamente estos vaivenes de que cambian los gobiernos y de pronto viene toda gente nueva. La única ventaja que hay en la actual Senaclaft es que la titular ya tiene una experiencia muy grande, sobre todo en supervisión.
¿Qué expectativa tiene en materia de recursos, cuya falta ha sido un reclamo en cada período?
Veremos qué pasa con el presupuesto, pero me parece que hay que ponerle mucho músculo a la Senaclaft, al igual que a la UIAF.
¿Cómo valora la participación del sector privado en este tema? ¿Falta mayor cooperación?
Yo creo que hay mucha sensibilidad. El día del evento, por ejemplo, estaba lleno absolutamente de todos los sectores. Este es un tema que está muy presente en el sector privado, sobre todo, pensando en la supervisión. La gente tiene conciencia del riesgo que significa no cumplir con la norma. La percepción de riesgo bajó en estos últimos cinco años, es verdad, pero las asociaciones gremiales, escribanos, abogados, inmobiliarias, entre otros, están muy conscientes del riesgo y colaboran bastante. Después, falta muchísimo conocimiento en el cúmulo de los 14.000 sujetos obligados del sector no financiero.
¿Qué impacto cree que podría tener la evolución del narcotráfico en la región sobre las políticas antilavado en Uruguay?
El narcotráfico está en Uruguay y en la región, eso es un dato real. Si hay narcotráfico y hay operaciones, como vemos seguido, de toneladas o de muchos kilos de sustancias que van al exterior, parto de la base que eso se hace por dinero, lo que quiere decir que el dinero en algún lado queda. Por tanto, ese riesgo está, pero no solo del narcotráfico, hay otros delitos que son muy conexos como el contrabando, la corrupción, la trata de personas, entre otros, que están íntimamente ligados con el narcotráfico. Las organizaciones criminales tienen la logística para cualquiera de estos delitos y por tanto hacen el que les sea más rentable.
