La solicitud de la Fiscalía General de incluir en la ley de Presupuesto una disposición que otorga nuevas facultades a ese servicio, se inscribe en el muy evidente propósito de ampliar cada vez más sus poderes.
Puntualmente, se trata de la pretensión de atribuir a los fiscales penales la autoridad de sanear, por propia iniciativa, las solicitudes de extradición que, de manera formalmente incorrecta, sean cursadas por naciones extranjeras.O sea, la posibilidad del saneamiento y corrección de lo cursado erróneamente por el país que presente una demanda extraditoria.
Tan descaminado proyecto se olvida que ingresa en el delicado ámbito de las relaciones internacionales, con aristas que hacen a la soberanía de los países y que es imposible cualquier actuación por fuera de lo que han acordado en los Tratados de Extradición las Altas Partes Contratantes. Porque se trata de habilitar por ley nuestra, a nuestros propios fiscales penales a retomar la demanda extranjera inidónea, para corregirla y darle andamiento al pedido.
Pero lo curioso, es que esta infeliz iniciativa tiene lugar a partir de un caso concreto: el de la Contadora Maya Cikurel, cuya solicitud de extradición, asaz imprecisa, presentada por el gobierno de Panamá, fue correctamente rechazada por dos instancias en nuestra justicia, por carecer nada menos que de firma judicial el reclamo: pues aparece solo suscrito por un Fiscal.
Esta profesional, es la pareja del señor Ministro de Educación y Cultura Dr. Pablo Da Silveira, talentoso y sobrio secretario de Estado, que tiene a su cargo la costosa difícil tarea de poner orden, eficiencia y corrección en el caos y desajuste dejado por la administración anterior.
Es decir, que al estar cerrado el caso por la cosa juzgada, la Fiscalía lamenta que no haya prosperado la entrega y propone la solución para subsanar esa carencia de nuestro derecho, hacia el futuro. O sea que el fiscal de corte estaría satisfecho, si la vigencia de la norma que ahora propone, hubiera permitido la entrega de la ciudadana aunque se tratare de una reverenda injusticia.
Estamos convencidos, que la disposición proyectada será rechazada y no se aprobará, pero también entendemos que existen otros motivos que deberían ser de mayor preocupación para la Fiscalía General.
Porque no solo se trata de atacar a los integrantes de la coalición republicana gobernante, en lo que el caso del general Manini es paradigmático, al absolver a los superiores responsables que son los doctores Váquez y Toma, quien también debe otras cuentas, y perseguir solo al general, sino que existen muy graves situaciones para aclarar y no hemos visto el mismo énfasis por parte de este servicio, ahora descentralizado.
A título de ejemplo, meramente enunciativo, están en la escena el caso de Gas Sayago y los US$ 20 millones que costará al Estado, la auditoría del Antel Arena por su costo de 40 a más de 100 millones de dólares, el caso de Aratirí y su impredecible resultado, las denuncias en AFE, lo que queda pagar por Pluna y Alas-U y lo que se sigue pagando por Ancap.
Y por dentro del trabajo de los fiscales, olvidando el escandaloso “caso Balcedo”, la condena a hacer tortas fritas y aquel al que “se le perdió el pendrive”, de lo que ya hablaremos, recordamos que en El País, del domingo 22, con grandes títulos se informa que al responsable de un secuestro (delito que tiene una pena mínima de 6 años) y la mutilación de una oreja, la Fiscalía acordó con la defensa una rigurosa libertad vigilada.
Todo esto lo permite, el aberrante nuevo Código del Proceso Penal.
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